Gustavo Arribas intentó responsibilizar a un subordinado por espionaje a los presos kirchneristas 

Sin responder preguntas, el exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas buscó desligarse del espionaje sobre los presos kirchneristas que los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide entienden que él dirigió con acuerdo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante los últimos dos años de la gestión de Mauricio Macri. Como no logró explicar por qué los agentes de la AFI tenían fichas de los presos en sus teléfonos, derivó la responsabilidad en uno de sus subordinados y negó que desde la exSIDE se hayan filtrado las escuchas que se hacían en las cárceles.

Lo que Arribas no pudo negar fue la existencia de un convenio de cooperación que la AFI que él dirigía y el SPF firmaron en junio de 2018, pero trató de correr el foco de la situación de los presos kirchneristas. Dijo que, en realidad, tanto él como el entonces director del SPF, Emiliano Blanco, estaban preocupados por el avance del crimen organizado en las cárceles y, por eso, los dos organismos buscaron trabajar conjuntamente. Dijo que como el Primer Comando Capital (PCC), una banda surgida en las cárceles brasileñas, avanzaba, él creyó conveniente tener información desde las cárceles. Ya había invocado en una indagatoria anterior su temor al PCC para justificar la creación de una red latinoamericana de servicios de inteligencia, de la que aún no hay demasiados detalles. 

Por si fuera poco,  ahora el exdirector general la AFI dio otra explicación inverosímil cuando intentó explicar por qué sus propios agentes tenían en sus teléfonos las fichas penitenciarias de los presos y sostuvo que él no era a quien debían pedirle explicaciones por ese hecho. Aprovechó y deslizó que eso era responsabilidad del director operacional de Contrainteligencia, que, para esa época, era Martín Coste, con quien la cúpula de la AFI macrista está visiblemente enemistada. Coste, en todo caso, era un funcionario importante de la exSIDE, pero estaba subordinado a Silvia Majdalani y a él mismo.

El exSeñor Cinco también rechazó que la AFI fuera la responsable de las filtraciones de las escuchas a los presos y que la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) sólo transcribió escuchas a pedido de un juez. Incardona y Eyherabide sostienen que la DAAJ, el área que dependía directamente de Arribas y fue la que más se expandió durante su administración, usaba causas existentes para buscar excusas para ampliar las escuchas telefónicas que se hacían en el penal de Ezeiza. Esas transcripciones, entienden los fiscales, terminaron llegando, por ejemplo, a manos de Elisa Carrió y del fiscal Carlos Stornelli, que las usaron para torpedear la investigación del juez Alejo Ramos Padilla sobre el D’Alessiogate.

Arribas sostiene que sólo contestará preguntas cuando esté definido quién es el juez competente de la causa, que, para él, debe ser uno de los tribunales de Comodoro Py. Esa decisión está en manos ahora de la Cámara Federal de Casación.

La indagatorias continuarán con el exagente de la AFI Jorge “Turco” Sáez, que, para los fiscales Incardona y Eyherabide, funcionaba como ligazón entre la exSIDE y el área de inteligencia del SPF que él mismo había integrado. Es probable que Sáez haga un breve descargo, pero su defensa insistirá en que no están claros los delitos que le imputan. Mañana será el turno de Majdalani y del exAFI Leandro Araque. El viernes, les tocará a Alan Ruiz, exdirector de Operaciones Especiales de la AFI, y al abogado Facundo Melo.