Guerra declarada al fujimorismo

Página 12 en Perú

 Desde Lima 

“Que se vayan todos”, fue el grito de indignación que se escuchó en las calles durante las movilizaciones en Lima y las principales ciudades del país exigiendo el adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias. La rabia detrás de ese “que se vayan todos” apunta principalmente contra el Congreso controlado por el fujimorismo, convertido en el símbolo más notorio de una clase política embarrada por la corrupción. El nivel de rechazo al Congreso bordea el 90 por ciento. Ha sido el presidente Martín Vizcarra quien puso en el centro del debate, y de las demandas ciudadanas, el adelanto de elecciones generales, al proponer una ley en ese sentido, medida que tiene 70 por ciento de respaldo. Esa propuesta, la lucha contra la corrupción y su enfrentamiento contra el desacreditado Congreso fujimorista suman a la popularidad de Vizcarra, ajeno a la clase política tradicional, pero deficiencias de gestión, problemas relacionados con la política económica neoliberal y conflictos sociales juegan en su contra. Los sondeos le dan 47 por ciento de apoyo.

En medio de una grave crisis política por los constantes choques entre el Ejecutivo y el Congreso, Vizcarra presentó al Parlamento un proyecto de ley para adelantar un año las elecciones generales, de abril de 2021 al mismo mes de 2020. Argumenta que esa es “la única salida posible” a la crisis política. Esto implica que el presidente, que no irá a la reelección, recorta en un año su mandato presidencial, pero que también debe hacerlo el Congreso dominado por el fujimorismo y sus aliados, entre ellos en primera fila el Partido Aprista del fallecido ex presidente Alan García, que se suicidó en abril pasado acorralado por cargos de corrupción. La mayoría parlamentaria ha reaccionado furiosa en contra de esa posibilidad. La izquierda y sectores de una derecha liberal respaldan el adelanto de elecciones.

Para que las elecciones puedan darse en abril de 2020 la reforma constitucional que lo haga posible debe ser primero aprobada por el Congreso y luego ratificada en un referéndum que debe darse a más tardar en diciembre. Lo segundo se da por descontentado, pero lo primero parece improbable. Y ahí se traba todo. En un escenario poco favorable para aprobar el adelanto de elecciones en el Congreso, el gobierno tiene la carta de pedir al Legislativo un voto de confianza amarrado a la aprobación de esa propuesta, y si el adelanto de elecciones es rechazado y por lo tanto el voto de confianza en esas condiciones negado, el Ejecutivo quedaría constitucionalmente habilitado para cerrar el Parlamento y llamar a elecciones. Ese mecanismo para presionar al Congreso ya le ha dado resultados al gobierno en otros temas. Esta vez, la mayoría parlamentaria, jugada para impedir elecciones adelantadas, amenaza desconocer su eventual cierre y responder con la destitución de Vizcarra.

El fujimorismo y sus aliados están acosados por procesos judiciales -la jefa del fujimorismo, Keiko Fujimori, está bajo prisión preventiva acusada de lavado de activos por el financiamiento ilegal de su campaña electoral con dinero sucio de Odebrecht, y varios dirigentes de su partido están comprometidos en ese caso- y buscan desesperadamente tumbarse los procesos anticorrupción. Para ese objetivo necesitan controlar el mayor tiempo posible el Congreso, desde el cual vienen presionando en defensa de Keiko y otros acusados, blindando a varios denunciados por corrupción, incluyendo jueces y fiscales que juegan a su favor, y atacando a los fiscales anticorrupción, a los que buscan destituir. Un adelanto de elecciones -las que, según revelan las encuestas, perderían abrumadoramente- afectaría sus planes de impunidad al tener que dejar el control del Congreso un año antes de lo esperado.

Mientras en el Congreso dilatan el debate sobre el adelanto de elecciones, los legisladores fujimoristas y sus aliados maniobran para armar un golpe parlamentario si no logran hacer retroceder al presidente. Vizcarra ha asegurado que de ninguna manera dará marcha atrás. Sacando al presidente no solamente esperan bloquear las elecciones adelantadas que no quieren, sino también reemplazar a alguien incómodo para sus intereses por una persona amiga que les facilite sus planes para acabar con los procesos anticorrupción. Parecen haber encontrado en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien ha roto con el presidente, a esa persona amiga que necesitan en la presidencia. La vicepresidenta, quien hace una década fue ministra del segundo gobierno de Alan García, ahora juega para el fujimorismo, despachándose en declaraciones contra el adelanto de elecciones impulsado por el presidente y lanzando críticas contra el equipo fiscal anticorrupción.

La mayoría fujimorista puede no tener argumentos válidos para destituir a Vizcarra, pero ya ha demostrado la prepotencia con la que se manejan. Y ahora se mueven con la desesperación de quienes ven cerca la cárcel. Para consumar el golpe parlamentario necesitan 87 votos, dos tercios del total. No los tienen, pero sumando aliados seguros, como el Partido Aprista, y otros eventuales, podrían llegar a esa cifra. Hace menos de dos meses ganaron la mesa directiva del Congreso con 76 votos. De ahí parten para buscar seguir sumando.

La guerra ha sido declarada. La batalla se da en el terreno político, pero también en las calles. Están en juego el futuro de los procesos judiciales contra la extendida corrupción política y empresarial, que ha gatillado la ira ciudadana, y de la democracia misma. Este mes de septiembre puede ser decisivo.