Uno de los hombres de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que participaron de la mesa de la Gestapo antisindical confirmó en su indagatoria que las máximas autoridades del organismo le dieron la orden de investigar al dirigente de la UOCRA, Juan Pablo “Pata” Medina desde mayo de 2017, y que le indicaron específicamente que fuera al encuentro que se hizo el 15 de junio de ese año en la sede porteña del Banco Provincia, donde debía controlar la filmación. El exagente es Diego Dalmau Pereyra, exdirector Operacional de Contrainteligenica del organismo. Su relato derriba cualquier teoría sobre actividades “cuentapropistas” de espionaje del gobierno de Mauricio Macri. Así surge de un escrito que entregó al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, donde –según pudo reconstruir Página/12— aseguró que todo lo que hizo fue legal y estaba dentro de sus facultades. También dijo que no actuó solo: precisó que todo lo que su sector hacía era revisado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, a cargo de Juan Sebastián De Stéfano, también imputado en la causa, y agregó el nombre del director del Area de Delitos Económico Financieros, Fernando di Pasquale.
Para mayores detalles, Dalmau Pereyra contó en la presentación que la orden venía del exdirector, Gustavo Arribas, para que fuera a la sede central del Bapro donde habría una reunión con ministros del gabinete de María Eugenia Vidal, otros funcionarios, empresarios de la construcción y otros dos exagentes de la AFI, De Stéfano y Darío Biorci, que era el jefe de gabinete. Le informaron que allí se tratarían las denuncias por extorsiones y amenzas que había contra Medina. Su función era escuchar los planteos de los privados, que se quejaban de la paralización de obras y mútliples conflictos, y vigilar la filmación para que saliera todo bien, pero aseguró no tener noción de su finalidad. Subrayó que durante el encuentro él no abrió la boca y que después le entregó todo a la “exSeñora 8” pero no sabe qué pasó y él no guardó copia. Ofreció un dato más: la participación de otro sector en la filmación, la Dirección de Operaciones Electrónicas cuyo responsable era Alberto Oliva. Ellos, dijo, se ocuparon de instalar las cámaras un día antes de la cumbre aunque reconoció que él tuvo contacto con una empleada del banco.
El famoso video de la reunión en el Bapro fue hallado por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien lo presentó ante la justicia y dio origen a la causa. Varios de los acusados cuestionan la filmación alegando que fue subrepticia. Dalmau Pereyra sostuvo que no era una reunión reservada, que las cámaras estaban a la vista y que nadie las objetó ni se retiró. El juez tendrá que expedirse, de todos modos, sobre la validez, ya que el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, hizo un planteo específico de nulidad. Grassi era uno de los exfuncionarios bonaerenses que estaban en aquella cumbre, donde los presentes hablaron sobre el armado. Otro era el exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, quien puso en palabras allí su deseo de tener una “Gestapo” para terminar con los gremios. También estaba el exministro de Infraestrucutra, Julio Garro y el senador Juan Pablo Allan, que será el último indagado, el martes próximo. En la filmación se advierte fácilmente el papel coordinador de Biorci y De Stéfano, que se reparten con Villegas. El exdirector Operacional dice que no se hablaba de montar causas o una persecución, pero en la conversación ese objetivo resulta evidente, incluso proponen formas de provocar a Medina para hacerlo incurrir en un delito.
Nada de cuentapropistas
El relato de Dalmau Pereyra va en línea con el que puso por escrito en su indagatoria Villegas, quien admitió haber estado en una reunión en la Casa Rosada el 4 de mayo de 2017, comandada por Macri, y donde tuvo sentado a Arribas a su derecha. El tema que se habló era la conflictivadad con la UOCRA y el escenario judicial del “Pata” Medina. Después de eso lo convocaron a la AFI para informar qué iba pasando con la situación de Medina en la provincia de Buenos Aires. Dalmau Pereyra evita implicar al expresidente, que de todos modos era quien estaba a cargo de la política de inteligencia. Esta línea argumental tiene dos aristas: muestra que es imposible hablar de espías que hicieran inteligencia ilegal por cuenta propia como si fuera un negocio de ellos, y a la vez va a profundizar la discusión sobre qué tribunales son competentes. Tanto Grassi, como De Stéfano y Biorci ya plantearon intentos por llevar el caso a Comodoro Py, a tono con la estrategia macrista de siempre.
“Lo que trascendió de la declaración de Dalmau Pereyra destruye el fallo que insataló la teoría del cuentapropismo en la AFI, como si Arribas y Majdalani no hubieran tenido nada que ver. En la causa que tramita en Comodoro Py el juez Marcelo Martínez de Giorgi no tendrá otra opción que volverá imputarlos”, le dijo a Página/12 el diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos), que preside la Comisión Bicameral de Inteligencia. Remarcó, además, que el planteo abona el pedido de juicio político que la Comisión hizo contra los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, por el fallo que desvinculó a Arribas, también a De Stéfano mientras dejó comprometidos a Dalmau Pereyra y al grupo de espías conocidos como Súper Mario Bros, comprometidos en tareas de espionaje sobre políticos (oficialistas y opositores), sindicalistas, organizaciones sociales, periodistas y hasta referentes eclesiásticos. La Bicameral volverá a citar a Dalmau la semana próxima ya que él mismo se había comprometido a declarar ante sus integrantes una vez que pasara su indagatoria.
En un tramo de su descargo Dalmau Pereyra dice que durante su gestión no existió un equipo que se llamara “Súper Mario Bros” y que es incorrecto que le atribuyan a él haberlo armado. Sí cuenta que llevó a la AFI a algunos de sus integrantes, como un ex agente del Servicio Penitenciario que se había pasado a la Policía de la Ciudad, Jorge Sáez, y a Leandro Araque, también comisionado en la exSide desde la policía porteña. Ambos, admitió también, colaboraron con tareas sobre el “Pata” Medina. El propio Araque declaró ante Kreplak y dijo que actuó, precisamente bajo órdenes de Dalmau. Le dijeron que era una investigación por lavado de ativos y que por eso debía juntar información sobre el dirigente. Por eso verificó donde vivía en Ensenada, hizo un mapeo de su entorno, rastreó posibles testaferros, bienes inmuebles y autos. En función de una camioneta Hilux de Abril Catering estacionada cerca de la casa de Medina, se confeccionó un anónimo que fue el disparador de la causa penal que quedó a cargo del juez federal de Quilmes, Luis Armella, que terminó ordenando su detención el 26 de septiembre de 2017. De por sí era extraño que por hechos vinculados a la Uocra-La Plata interviniera un juez de Quilmes. Armella y su secretarios tenían comunicación fluida, como reveló este diario, con Villegas, Grassi y De Stéfano.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/412265-gestapo-antisindical-los-espias-participaron-y-filmaron-la-r
