La Cámara Federal porteña convocó a una audiencia para el próximo 13 de junio para analizar los procesamientos que dictó el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak en la causa de la llamada “Gestapo” antisindical, que se inició después de que se conociera la grabación de una reunión en la que se veía cómo empresarios, funcionarios provinciales de Cambiemos y altos directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista coordinaban cómo meter preso al dirigente sindical Juan Pablo “Pata” Medina.
El 15 de junio de 2017, empresarios ligados a la construcción, integrantes del gabinete de María Eugenia Vidal –como Marcelo Villegas (Trabajo), Adrián Grassi (secretaría de Justicia) y Roberto Gigante (Infraestructura)–, el senador bonaerense Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata Julio Garro y tres jerarcas de la AFI se encontraron en la sede del Banco Provincia de la Ciudad de Buenos Aires. El temario estuvo centrado en qué hacer con Medina, dirigente platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), a quien el macrismo tildaba de “mafioso”. En el encuentro se decidió impulsar denuncias para convertirlas después en causas. Villegas fue la voz cantante de la asamblea y se mostró tan cómodo que hasta llegó a expresar su deseo de tener una “Gestapo” para poner fin a los sindicatos.
Todo quedó prolijamente grabado porque la AFI había instalado antes cámaras y micrófonos. Detrás de esos menesteres estuvieron los tres asistentes de la Agencia a la reunión, Darío Biorci (jefe de gabinete), Juan Sebastián de Stefano (Jurídicos) y Diego Dalmau Pereyra (Contrainteligencia).
Medina terminó preso efectivamente en septiembre de ese año e incluso fue espiado dentro de la cárcel. Tres años después, la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, fue el 27 de diciembre de 2020 a los tribunales de La Plata para denunciar que había hallado la filmación de la reunión. Kreplak reconstruyó la mecánica y dictó los procesamientos contra los exfuncionarios, sin incluir a Gigante ni a los empresarios, en abril del año pasado.
Durante la instrucción, Dalmau Pereyra declaró que él instaló cámaras y micrófonos por orden del entonces director general de la AFI Gustavo Arribas. La declaración del exdirector operacional de Contrainteligencia fue en calidad de imputado. Sin embargo, uno de sus subordinados, el exSúper Mario Bros Leandro Araque, compareció como testigo y confirmó que, además, habían hecho tareas de inteligencia sobre Medina y su núcleo familiar. Con esos datos después se armó un anónimo que derivó en una causa penal en la justicia federal de Quilmes que terminó ordenando la detención del dirigente de la UOCRA platense. Durante la investigación se advirtió también que el juez Luis Armella mantuvo comunicaciones con algunos de los participantes de la reunión de la “Gestapo”.
Al momento de dictar los procesamientos, Kreplak sostuvo que correspondía avanzar hacia arriba en la investigación. Esto se entendió como que podría investigar a los directivos de la AFI cambiemita, a Vidal y al propio Mauricio Macri. La pesquisa podría alcanzar al expresidente porque un mes antes de la reunión del Banco Provincia se hizo otro encuentro, esta vez en la Casa Rosada, en el que se discutió la situación del “Pata”. A esa velada concurrió el propio Villegas y, según él hizo saber, Macri comprometió a sus funcionarios de confianza a colaborar con la situación que describió el ministro de Trabajo bonaerense. Después de ese día, los agentes de la AFI comenzaron a moverse.
No hubo avance en la investigación porque Casación le sacó antes la causa a Kreplak. La principal apuesta de los procesados pasa por hacer caer la filmación como prueba y, de esa forma, derrumbar todo el expediente. Habrá que ver si los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal porteña son empáticos con esa intención. Hasta ahora, cada vez que el tribunal de apelaciones de Comodoro Py revisó causas sobre el espionaje en el macrismo, los espías salieron bien parados.
En diciembre de 2021, esta misma Sala convalidó la teoría de que, en realidad, hubo agentes que se manejaban por su propia cuenta y en búsqueda de su propio rédito. De esa forma, los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi desvincularon a la cúpula de la AFI y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la causa de los Súper Mario Bros. Ese grupo se conformó al principio de la gestión macrista –con un núcleo originario conformado por policías de la Ciudad– y estuvo dedicado al espionaje político. Entre sus víctimas estuvieron Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Emilio Monzó, Nicolás Massot y la hermana menor del entonces Presidente, Florencia Macri, entre otros.
En julio del año pasado, la otra Sala de la Cámara Federal ensayó otra teoría rimbombante sobre el espionaje durante el macrismo. Como no pudieron negar que la AFI siguió a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, justificaron el espionaje. Dijeron que la AFI actuó dentro de la legalidad porque estaba en riesgo la seguridad del primer mandatario. De esa forma, sobreseyeron a los espías y al propio Macri. Este tema lleva casi nueve meses en la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal que debe determinar si ratifica la línea de Llorens, Bertuzzi y Leopoldo Bruglia u ordena que se siga investigando la vigilancia sobre las familias que reclaman saber qué había pasado con los submarinistas.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/551780-gestapo-antisindical-la-camara-federal-se-prepara-para-revis
