Frutas de la economía popular para los comedores  | Compre estatal

Productores de frutihortícolas de la economía popular vendieron al Ministerio de Desarrollo Social un millón de kilos de frutas frescas, que serán distribuidas esta semana a comedores populares. Manzanas, peras, naranjas, bananas, mandarinas y mangos son parte de este acuerdo de Compre estatal a productores de la agricultura familiar. “Es un movimiento logístico histórico para el sector, que impacta en nuestras economías regionales generando trabajo y que apunta a lo que queremos como concepto de la soberanía alimentaria”, dijo Juan Pablo Delavilla sobre el convenio.

Delavilla es integrante de la Empresa Cooperativa de Alimentos Soberanos (ECAS), un desprendimiento de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que también participó en la movida, y se completó con una tercera organización, la Federación Rural.

“Cuando asumió la ministra Victoria Tolosa Paz le llevamos varias propuestas y así se armó en Desarrollo Social una Mesa de Frutas. Nuestro objetivo es que el Estado incorpore productos frescos a sus entregas de alimentos, y que lo haga abasteciéndose de producción popular. Esto es algo que nos permite llegar a diciembre de otra manera, porque hoy la crisis agroalimentaria es tremenda no sólo para las familias sino también para los productores. El acuerdo ayuda a sostener los puestos de trabajo de los productores frutihortícolas y genera trabajos de logística, porque hay que cargar y descargar camiones, trasladar la fruta y entregarla en todo el país”, señaló Delavilla.

Para proveer el millón de kilos de frutas se coordinaron veinte cooperativas. Si bien en el caso de algunos productos que en este momento tienen poco volumen se completaron partidas con compras a empresas, más del 80 por ciento salió de la economía popular.

Karina Zon, ingeniera agrónoma y asesora de la cooperativa de Productores de Río Colorado (Neuquén), que da servicios de empaque y frío, contó sobre la experiencia: “La cooperativa se fundó en 1933 y tuvo una época de esplendor en los ‘50 y ‘60. Tuvo sucursales en todo el sur, hasta en Mar del Plata, y enviaba frutas a todo el país, hasta que con las políticas neoliberales de los ‘90 entró en crisis. De las 600 familias de productores que teníamos en esta zona quedaron unas 100. Las familias siguen produciendo, pero en chacras que tienen menos tecnología y que venden como pueden, en las ferias locales, en verdulerías, venden de manera individual y por eso tienen poco mercado. A veces son víctimas de estafas, porque al ir perdiendo la organización tienen que moverse por su cuenta, venderle a camiones que pasan y no siempre te pagan. Esta compra del Estado fue una muy buena posibilidad para poder retomar el funcionamiento como cooperativa, trajo la ilusión de reorganizarse. Si tuviéramos canales de comercialización, tener una demanda estable, podríamos volver a trabajar con volúmenes grandes. Sería algo que valorizaría la producción local y el alimento sano, agroecológico”.

Desde el ministerio de Desarrollo Social, Manuel Correa explicó que para poder participar del sistema de compras del Estado las cooperativas deben estar inscriptas como efectoras, lo que requiere una serie de requisitos que la mayoría no reúne. “Inscribirse como efector no es un proceso caro, pero necesita mucho acompañamiento. Las cooperativas tienen que tener los papeles al día y no tener deudas con Afip”. En ese caso, el ministerio trabajó agrupando a los productores para que pudieran vender a través de cooperativas inscriptas, y propuso a las que no, avanzar en ese camino de formalización.

“Por el volumen de compra que tiene el ministerio de Desarrollo Social, en los procesos de licitación la economía popular muchas veces no puede competir con los costos de las empresas concentradas. El ministerio tiene que implementar facilidades para que la economía popular pueda venderle al Estado, facilidades como acortar la burocracia, facilitar asesoramiento a las cooperativas para que puedan presentarse, y crear un sistema de compras que les permita planificar la producción y proveer alimentos sanos a un precio que beneficie tanto al Estado como a las cooperativas”.