Espionaje ilegal: la trama que complica a María Eugenia Vidal

La historia se repite: centenares de opositores espiados, con recolección de información ilegal, no sólo para uso del oficialismo sino para darles los datos a los medios afines y encarar una furibunda campaña judicial–mediática–política. En la causa en la que se investiga a Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, en época del macrismo, y a su ex titular, Guillermo Berra, apareció una cantidad inusitada de consultas al sistema de información económica, justo cuando distintos protagonistas se manifestaban contrarios al gobierno de María Eugenia Vidal. Cuando Roberto Baradel salió a la cancha por la situación de los docentes, se produjo una catarata de consultas ilegales a los servicios de información económica, pero también a Migraciones, la AFIP y otras fuentes. No sólo buscaron sobre Baradel, sino sobre toda su familia. Cuando el que se plantaba era Daniel Scioli o su ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez, las consultas se volcaban hasta incluso conocer las finanzas del club en el que Scioli juega al futsal. Cuando quisieron dividir La Matanza, empezaron a producir informes económicos y de todo tipo sobre Fernando Espinoza y Verónica Magario. Y el mismo estilo respecto del Grupo Octubre (PáginaI12) o el Grupo Indalo (C5N): el que asomaba con posturas contrarias a Vidal, era investigado ilegalmente de inmediato.

El expediente no se inició a partir de una denuncia política sino porque un comisario acusó a Berra de que lo estaban espiando. En esa causa, que investiga la fiscal platense Cecilia Corfield, aparecieron centenares de registros de pedidos de información sobre opositores. El Ministerio de Seguridad, en ese momento a cargo de Cristian Ritondo, era abonado a varios servicios de información económica y financiera, entre ellos Nosis, con el número de abogado 38.864. Cuando se allanó la sede de la cartera se encontraron las planillas de consultas que hoy PáginaI12 revela de manera exclusiva. Pero el Nosis era sólo un aspecto de las carpetas que se armaban. En paralelo, se sacaban los registros de Migraciones, los de la AFIP y existe presunción de que se hacían seguimientos. Como era de esperar, Berra no quiere cargar con la acusación y reclama que se impute a sus jefes, desde el ministro Ritondo hasta la gobernadora, pasando por el procurador Julio Conte Grand.

Tal vez el ejemplo más recordado sea el de Baradel. Por supuesto que en el expediente aparecen reiteradas consultas al Nosis y en paralelo el gobierno de Vidal hacía públicos su curriculum como docente, sus viajes y datos sobre su familia. El propio Baradel denunció que lo seguían a él, a sus hijos y nietos. El material recogido, no sólo en el Ministerio de Seguridad sino en una especie de mesa judicial bonaerense, llegaba –cuándo no– a los programas de radio y televisión alineados con Cambiemos.

Al principio del mandato de Vidal, la ofensiva fue contra Scioli y Alberto Pérez, incluyendo allanamientos y el armado de causas judiciales. En esos tiempos, a mediados de 2016, llovieron los pedidos de informes Nosis. El ministerio accedió al sistema para averiguar sobre Scioli tres veces seguidas, el 5 de agosto, el 2 y el 3 de septiembre; dos días más tarde buscaron datos del Club Villa La Ñata y de la Inmobiliaria Capannone que vendió un terreno que vinculaban con el ex gobernador. Lo legal era que las investigaciones las hiciera la Justicia, no el Ministerio de Seguridad. La misma ilegalidad hicieron con Alberto Pérez, incluyendo pesquisas sobre su esposa, amigos y ex funcionarios de la jefatura de Gabinete.

Cuando en 2017, María Eugenia Vidal filtró que analizaba dividir La Matanza, quienes enfrentaron el proyecto fueron la intendenta y el ex intendente de ese distrito. Entonces se produjo una catarata de pedidos de informes, en abril, julio, octubre y diciembre. Sobre Magario y Espinoza, pero también sobre las cuentas del municipio.

En el momento en que la gobernadora se planteó aprobar una autorización de endeudamiento de la Provincia de Buenos Aires, se necesitaban los dos tercios de los votos, y se empezaron a estudiar a los diputados y senadores. Se multiplicaron entonces los pedidos de informes sobre los legisladores: hay en abril de 2017, en mayo, en julio, varios en octubre y la andanada llegó hasta los primeros meses de 2018. Para no quedar tan expuestos, los pedidos de informes se hacían a veces del Departamento de Activos Ilegales de la Policía Bonaerense; otras veces de Inteligencia Criminal y otras desde Asuntos Internos. En verdad, el Ministerio podía indagar sobre el enriquecimiento de algún comisario, pero lo que se encontró en el allanamiento de octubre es la investigación sobre opositores.

Otro de los episodios conocidos fue la movilización del intendente de Ensenada, Mario Secco, contra la reforma jubilatoria. Eso desató, por supuesto, una vorágine de pedidos de informes para ver qué ángulo le encontraban a Secco para acusarlo por su economía personal o la de su municipio. Algo parecido se puso en marcha cuando fueron detenidos los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López o cuando quisieron acusar al titular del Suterh y del Grupo Octubre, Víctor Santa María: los pedidos de informes se multiplicaron.

Todo indica que los funcionarios del ministerio que armaban los legajos luego coincidían en una mesa judicial, paralela a la que funcionaba a nivel nacional, encabezada por Mauricio Macri y sus funcionarios y operadores. Entre los que se sentaban a la mesa con Vidal y Ritondo estaba Alex Campbell, a quien también le pasaban información los integrantes de Super Mario Bros, el grupo de espías ilegales que se investiga en Lomas de Zamora.

Lo que una vez más queda claro es que el macrismo basaba mucho de su accionar en el espionaje, nacional y también en el terreno bonaerense. Como ocurrió con la Agencia Federal de Inteligencia gran parte del trabajo se delegaba en policías, en este caso los que revistaban en el Ministerio de Seguridad bonaerense. El resultado, como era previsible, es que usaron parte de la información para extorsionar, armar causas, hacerles llegar los materiales a los programas de televisión amigos y, en sus manejos torpes, dejaron pruebas de su ilegalidad por todos lados.