Cuando Mauricio Macri inició su travesía que lo llevará a Italia por el mundial de bridge, la Cámara Federal porteña puso primera para revisar el procesamiento que dictó en su contra el juez federal Martín Bava por el espionaje sobre los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. La expectativa es grande porque es el mismo tribunal que –aunque con una conformación distinta– en diciembre pasado negó la existencia de un plan masivo de espionaje durante el gobierno de Cambiemos.
El presidente de la Sala I de la Cámara Federal porteña, Pablo Bertuzzi, fijó audiencia para el 12 de abril próximo para tratar las apelaciones contra los procesamientos que firmó el año pasado Bava en la causa sobre las tareas ilegales desplegadas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre las familias de los submarinistas.
La resolución de Bertuzzi se conoció dos días después de que Martín Irurzun rechazara las recusaciones que había planteado la abogada querellante Valeria Carreras contra los tres jueces que deberán revisar el procesamiento de Macri: Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. Carreras les achacó a Bertuzzi y a Bruglia haber sido designados por decreto por Macri y haber encarado una denuncia contra el Estado argentino ante el sistema interamericano de derechos humanos después de que la Corte dijera que su traslado a la Cámara Federal era provisorio. De Bertuzzi resaltó una reunión con el exministro Germán Garavano que mantuvo el 3 de enero de 2017. En el caso de Llorens, remarcó que él se había excusado cuando salió sorteado para ser conjuez en la Corte en la otra gran causa de espionaje durante el macrismo –la que se inició en Lomas de Zamora e indaga en el accionar de los espías conocidos como Súper Mario Bros y en las tareas de inteligencia ilegal en las cárceles–.
Después de que Irurzun desestimara el planteo de Carreras, Bertuzzi llamó a la audiencia –que, en realidad, es la fecha para que las partes presenten sus escritos, salvo que requieran hacer una presentación oral–. La abogada Carreras reclamó que se suspenda la audiencia porque se convocó antes de que venciera el plazo para apelar la conformación de la sala.
“Como querella mayoritaria de familiares consideramos que será la causa de espionaje ilegal donde Macri está procesado la que dejará demostrada la existencia real de la mesa judicial, del poder real, de la desigualdad ante la ley, la falta de imparcialidad de los jueces y la prueba del desprestigio del fuero federal de Comodoro Py”, dijo Carreras al advertir la premura de Bertuzzi.
En la Cámara descartan que vaya a haber resoluciones rápidas sobre el expediente del ARA San Juan y explican que los jueces tienen previsto centrarse en otra de las causas que pasaron desde Dolores hacia los tribunales de Retiro: la que orbita alrededor del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio porque en ese expediente hay detenidos –como es el caso del propio D’Alessio–. Los dos expedientes –junto con el del llamado Proyecto AMBA– están en poder del juez federal Julián Ercolini, que por estos días trabaja en la elevación a juicio de D’Alessio. En eso estaba Bava cuando en diciembre la Cámara Federal de Casación Penal le sacó las investigaciones.
Las definiciones se precipitaron después de que el 1 de diciembre pasado Bava procesara a Macri por el espionaje sobre las familias del ARA San Juan. Para el juez que subroga en Dolores, Macri ordenó que la AFI siguiera a los parientes para que le anticipara cuáles serían sus movimientos y reclamos en un tema –la búsqueda del submarino– que acaparaba la atención internacional.
Los seguimientos a los familiares se realizaron desde la delegación Mar del Plata de la exSIDE y se extendieron desde diciembre de 2017 hasta fines de 2018, cuando fue hallado el buque de la Armada Argentina. Por esos hechos, Bava procesó a los exjerarcas de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a los exdirectores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, al exdirector de Reunión Eduardo Winkler, al exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y a cinco agentes que reportaban en esa delegación.
Como la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, encontró los documentos que daban cuenta de la vigilancia sobre las familias, Macri no pudo negar la existencia de las tareas y, en todo caso, buscó decir que podrían haberse realizado mientras los espías colaboraban con la Casa Militar antes de una visita a Mar del Plata. La estrategia era darle un matiz de legalidad al accionar de la exSIDE. Sin embargo, se encontraron informes que anticipaban cuáles serían las posturas que llevarían distintos familiares a una reunión que se iba a hacer en la Casa Rosada –a más de 400 kilómetros de la zona de influencia de la AFI marplatense–. Sería extraño que los espías colaboraran con la seguridad presidencial de esa manera.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/410816-espionaje-ilegal-la-camara-federal-portena-revisa-el-procesa
