España espera el fallo contra los independentistas catalanes

Desde Madrid

Este lunes 14 de noviembre quedará marcado en el calendario español como una de las fechas más trascendentes en el país ibérico desde el fin de la dictadura franquista. El Tribunal Supremo dará a conocer la sentencia del juicio contra los líderes independentistas que organizaron el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, y acometieron la posterior desconexión fugaz de esa Comunidad Autónoma del Estado español.

Los 12 acusados -entre los que se encuentran el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y la expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Carmen Forcadell-, podrán ser procesados por rebelión o sedición, delitos que acarrean penas de entre 15 y 25 años de cárcel, y 10 y 15 años, respectivamente, además de malversación de fondos y desobediencia. En las últimas horas, los diarios españoles La Vanguardia y El País, adelantaron que serán procesados por sedición.

El fallo es esperado por el país con enorme expectación. El Gobierno catalán y las organizaciones soberanistas de la comunidad convocaron sendas marchas, y el 18 se anunció una huelga general. El Ejecutivo español envió un millar de uniformados a Cataluña, con órdenes de permanecer allí hasta el final de la semana. El ambiente es delicado, sobre todo después de que, un par de semanas atrás, integrantes de un grupo radical independentista fueran detenidos por el supuesto intento de cometer un acto terrorista. Un cargo históricamente asociado a los crímenes de la banda terroristas vasca ETA.

En términos políticos, un fallo condenatorio puede terminar de cortar la delgada cuerda que une al Gobierno español y al Ejecutivo catalán, con el saldo de otra posible intervención del Estado en las instituciones regionales. Un escenario que se vería agravado por la cercanía de las elecciones generales del 10 de noviembre, y las limitaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, que se encuentra en funciones y no dispone de todos los resortes del Estado para atender una crisis eventual.

“Desde el punto de vista político, es evidente, para cualquier observador mínimamente objetivo, que una sentencia dura, como se prevé, no solo no resolverá el conflicto político, sino que lo empeorará”, sostiene José Luis Martí, profesor de Filosofía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. “La judicialización de la política nunca resuelve los conflictos políticos”, sostiene Martí en una frase compartida por la mayoría de las personas que observan el conflicto liberadas de las pasiones.

La vía del diálogo entre la dirigencia política para destrabar el conflicto catalán ha sido la apuesta mayoritaria de la sociedad española, según diversas encuestas. Sin embargo, en los últimos cinco años, no se ha logrado ni tímidamente. Mientras gobernaba el expresidente Mariano Rajoy (2011-2018), el abordaje fue una dinámica de extremos con saldo insatisfactorio. De la pasividad y la indiferencia, a la intervención directa del Gobierno catalán, como sucedió tras el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Este año, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, intentó un acercamiento con los líderes independentistas a través de la formación de una mesa de diálogo mediada por un relator. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar, los partidos de derecha rechazaron la figura del relator, y denunciaron al líder socialista por traición a la patria. Una reacción, sobre todo electoralista, de las fuerzas de derecha, influenciada por el espíritu ultranacionalista del partido Vox. En ese marco, Sánchez suspendió el diálogo con los independentistas, y convocó elecciones generales de forma anticipada, dejando en manos de la Justicia la deriva del conflicto.

“Si se cumplen las predicciones pesimistas sobre su contenido, esta sentencia supondrá un hito negativo en el equilibrio territorial de España, y en particular en las relaciones entre Cataluña y España. Será muy difícil de gestionar la relación a partir de aquí”, afirma el profesor Martí. “Sería necesario explorar soluciones como una amnistía o un indulto por parte del presidente del Gobierno”.

El problema es que esas opciones no parecen probables, al menos en tiempos electorales. Durante la campaña previa a los comicios del 28 de abril, y en esta de cara al 10 de noviembre, los partidos políticos españoles han construido su relato con el conflicto catalán como elemento central.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha exigido a Sánchez que prometiera no indultar a los líderes independentistas si resultaban condenados, incluso como una condición para darle su apoyo en la formación del Gobierno. Pablo Casado, el jefe del Partido Popular, ha rebajado la tensión en las últimas semanas, pero ha sido el primero en llamar traidor a Sánchez, y en exigir la intervención de Cataluña ante el menor atisbo de desobediencia por parte de sus gobernantes.

El Partido Socialista, más moderado, también ha jugado sus cartas con el conflicto catalán. De la apuesta al diálogo en febrero de este año, a una postura más estricta y de advertencia al Gobierno catalán, de que no dudaría en intervenir la comunidad si la acción de los dirigentes catalanes orillaba en la desobediencia. Podemos, en tanto, rebajó sus expectativas de impulsar un referéndum pactado en Cataluña, y aceptó plegarse a las decisiones del PSOE, en el caso de que ambos formaran un Ejecutivo de coalición.

Por su parte, en Cataluña, las principales fuerzas soberanistas se constituyen casi exclusivamente en relación a la independencia. El movimiento liderado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el expresidente Carles Puigdemont, ha apostado por la vía confrontativa, al borde de la insurrección. Mientras que Esquerra Republicana de Catalunya, que lidera el acusado Oriol Junqueras, se inclina por la vía pacífica. A pesar de esas diferencias, las dos fuerzas han decidido dar una respuesta unánime a la sentencia. Una estrategia para reforzar la respuesta del movimiento independentista a la Justicia y el Estado español, pero también para impulsar la manifestación ciudadana, algo alicaída en el último tiempo debido a la constante tensión política.

“No hay ninguna duda de que la sentencia impulsará el apoyo al movimiento (soberanista), y también causará indignación entre muchos no-independentistas, tanto catalanes como españoles”, señala el catedrático de Barcelona. “No obstante, es muy difícil que el movimiento independentista supere de forma holgada -o incluso alcance- el 50 por ciento de apoyo en la sociedad catalana a corto plazo. La sociedad está muy polarizada y las posiciones muy asentadas”.

Lo único que podría afectar esa correlación de fuerzas es lo que suceda a partir de este lunes en Cataluña. Episodios de violencia, o una protesta continuada en las calles pondrán a prueba el control y la convivencia pacífica en el país. Con el marco electoral de fondo, la dirigencia política se verá sometida a una enorme presión para evitar una agudización del conflicto que empeore el panorama.

Como fuera, lo cierto es que el problema catalán no encontrará una solución en el corto plazo. Para el profesor Martí, la única respuesta positiva pasa por “unos líderes diferentes de ambas partes, que puedan alcanzar un acuerdo sobre un referéndum pactado y acordado, en las condiciones que se decidan conjuntamente, y realizado en Cataluña, para ver en primer lugar si existe una mayoría de catalanes que realmente quiere independizarse de España”.

Una opción que, estos días, ni siquiera se susurra en Madrid, y que sería la contracara de lo que se vivió aquel 1 de octubre del 2017, y que tendrá una respuesta histórica este lunes cuando los jueces del Tribunal Supremo lean su sentencia a los líderes independentistas.