El virus expone la mercantilización de la salud en Chile 

El avance del coronavirus en Chile pone en evidencia un sistema de salud mercantil. Las críticas al gobierno de Sebastián Piñera llegan desde todo el arco político. Se le reclama no haber tomado medidas más rápidas para detener el avance de la pandemia. Chile lidera la tabla de casos positivos por cada millón de habitantes en la región. Lleva registrados 2738 positivos de Covid-19 y 12 muertos hasta la jornada del martes. La pandemia generó una crisis sanitaria que volvió necesaria la intervención estatal para cubrir los baches de un sistema de salud mercantilizado. Esta situación abrió el debate en torno al rol del Estado, algo que estaba a la orden del día en Chile tras el estallido social de octubre pasado. “El sistema de salud en nuestro país fue desmantelado desde al dictadura hasta ahora. Aquí los derechos son un negocio“, dijo en diálogo con Página/12 Camila Rojas Valderrama diputada por el partido de izquierda Comunes.

Un gobierno lento de reflejos

Las críticas a Piñera llegaron no sólo por izquierda sino también desde la derecha. Ante la inacción del gobierno los alcaldes tuvieron que tomar protagonismo. Así, determinaron cuarentenas, suspensión de clases y cierre de shoppings. Recién después vino la respuesta del Ejecutivo: al día de hoy el presidente decretó toques de queda a nivel nacional, suspendió clases en todos los niveles y cerró las fronteras. Sin embargo las críticas continúan ya que hasta el momento la cuarentena anunciada por el gobierno no es nacional, sino sólo para las regiones más afectadas, y ni siquiera para la totalidad de ellas. Oriele Núñez, Directora Programática de Salud en la Fundación Progresa, ligada al Partido Progresista, expuso las contradicciones del gobierno. “En Santiago estamos en cuarentena desde el jueves, pero solamente en siete comunas, que coincide con la zona más pudiente. Es una medida irrisoria, porque al final hay gente de otras comunas que entran y salen como si nada”, dijo la médica y magíster en salud pública de la Universidad de Chile. “Tampoco el transporte público ha sido suspendido. Solamente se restringió el horario de funcionamiento. Eso generó aglomeración de personas desesperadas por llegar a sus lugares de trabajo”, explicó Núñez.

El gobierno de Piñera también declaró el Estado de Excepción por catástrofe el 18 de marzo. Así, los militares volvieron a la calles en todo el país: cerca de 20.000 efectivos velan por que se cumplan las medidas de aislamiento social. Para la diputada Rojas Valderrama el gobierno actuó de manera lenta y tras una enorme presión social. “Al principio varios teníamos la postura de no salir a cuestionar. En una situación así lo ideal es que la autoridad sanitaria tenga plena confianza, y que todos los ciudadanos la escuchen. Pero el gobierno nos la ha puesto bien difícil”, sostuvo la diputada. Rojas también explicó que el sistema de salud chileno suele colapsar en invierno, lo que vuelve aún más necesario actuar con celeridad. “Piñera hace algunos días dijo que estábamos mejor preparados que Italia. Pero si uno ve el número de camas y la cantidad de ventiladores que hay en los hospitales estamos en una situación bien crítica”, enfatizó la diputada.

El neoliberalismo aplicado a la salud

En Chile hay un sistema de salud mixto. El organismo público se llama Fondo Nacional de Salud (FONASA) y cubre a cerca del 80 por ciento de la población. Luego están las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), que son privadas. La fortaleza del FONASA son los Centros de Atención Primaria que brindan atención gratuita a lo largo del todo el país. El problema aparece con la atención en los hospitales, explica el senador de izquierda Juan Ignacio Latorre del partido Revolución Democrática, que integra el Frente Amplio. “En muchos hospitales públicos hay problemas de insumos, falta de médicos, de maquinaria, etc. Ahí aparecen las dificultades para la gran mayoría de la población que se atienden en el sistema público. Piden una hora y se encuentran con infinitas listas de espera. Una intervención quirúrgica, si no es de urgencia, puede demorar meses. Eso es lo que viene ocurriendo en los últimos 30 años con las políticas neoliberales, que atravesaron a todos los gobiernos, tanto de derecha como los centroizquierda. Se ha ido profundizado la transferencia de recursos públicos para comprarle servicios al sector privado”, explicó Latorre. La atención que no puede ser absorbida por el sistema público, termina siendo derivada a los privados. El gobierno se hace cargo de pagar esas intervenciones pero a los precios de mercado que fijan los hospitales concesionados o privados. “Es un esquema de Estado subsidario que en la práctica privatiza la salud a partir de los recursos estatales”, subrayó el senador.

A septiembre de 2019 estaban en lista de espera 1.942.352 personas para atenderse en el sistema de salud público. Para Orielle Nuñez gran parte del estallido social que empezó el 18 de octubre pasado tiene que ver con esta crisis sanitaria. “En Chile la Constitución dice explícitamente que tu puedes elegir si quieres atenderte en el sistema público o privado. Pero eso no es lo mismo a hacerse cargo del derecho a la salud. El Estado no garantiza ese derecho. Nuestra constitución pone a la propiedad privada por encima de todo”, señaló Nuñez. 

La crisis sanitaria volvió a poner en cuestión el modelo neoliberal impuesto tras el golpe de estado de Augusto Pinochet. Si bien ahora la protesta social se detuvo por el aislamiento impuesto desde el gobierno, en las calles de todo el país se exigía salir de ese modelo mercantil y privatizador. Sin embargo Latorre advirtió que la intervención estatal en manos de Piñera puede implicar una regresión: “En este momento la disputa política pasa por lograr medidas que protejan a las familias y no a las grandes empresas que recibieron enormes utilidades en los últimos años. Esta crisis no la pueden pagar las grandes mayorías de siempre”.

Informe: Juan Manuel Boccacci