El represor Miguel Ángel Furci no podrá irse a su casa por temor a contraer coronavirus

Para algunos genocidas, la estrategia de convertir el coronavirus en la llave que les abra las rejas de la cárcel en donde están encerrados está funcionando
. Pero para otros, no
. El represor y apropiador Miguel Ángel Furci, muy activo durante el Plan Cóndor, es desde ayer uno de los frustrados ya que recibió el rechazo al pedido de prisión domiciliaria que realizó argumentando que la pandemia ponía en riesgo su vida. “No hay elementos objetivos que permitan indicar que Furci pueda estar más resguardado –-mediante la medida del aislamiento social– en el domicilio propuesto que en la unidad Carcelaria”, postuló el juez federal Adrián Grünberg en su resolución. Furci seguirá cumpliendo su condena unificada en 25 años de prisión en el penal de Ezeiza.

Con la declaración del coronavirus como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, la ampliación de la emergencia sanitaria anunciada por el Ejecutivo nacional y, posteriormente la implementación del aislamiento obligatorio como principal medida de prevención de la propagación del virus, Furci solicitó a través de su defensor Javier Salas, ser beneficiado con el arresto domiciliario.

Él, que purga una condena unificada en 25 años de cárcel en una de las casas de la Unidad penal 33 de Ezeiza por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la última dictadura cívico militar, que además de secuestrar, torturar y matar también se apropió de una beba hija de dos de sus víctimas, y que sigue siendo investigado, sostuvo ante el Tribunal Oral Federal número 1 de la ciudad de Buenos Aires que lo condenó que en la combinación pandemia y encierro su vida está en peligro. Según su defensor, Furci se encontraba entre los internos “pertenecientes al colectivo de pacientes vulnerables que podrían presentar sintomatologías graves ante el eventual contagio e infección del Coronarivus”.

Ante el pedido, lo primero que hizo Grünberg fue informar al Ministerio Público Fiscal y pedirle opinión. El fiscal Pablo Ouviña advirtió la pena a la que había sido condenado Furci y el tipo de delitos calificados de “lesa humanidad” por los que había sido hallado responsable y por los que el Estado “tiene la obligación internacional de juzgarlos y castigarlos”. En tanto, negó que el represor estuviera detenido en “condiciones inhumanas” y que padezca “déficits de atención a la salud” y “falta de elementos de higiene”, tal como había puntualizado la defensa. Y pidió al juez una serie de informes de las autoridades penitenciarias y de la defensa antes de tomar una decisión.

Así avanzó, entonces, Grünberg: solicitó al Servicio Penitenciario Federal un estado de situación dentro de la unidad carcelaria en la que permanece Furci así como la enumeración de medidas adoptadas en el marco de la pandemia para resguardar a la denominada “población de riesgo”.

Desde la dirección de la Unidad 33, aseguraron que al momento de confeccionar el informe no había en el penal “ningún interno con sintomatología compatible con COVID-19 y que se encontraban “suspendidos todos los movimientos extramuros”. Además, que se había capacitado a internos sobre “medidas de higiene y prevención que deben tomar, cuales son los síntomas compatibles con el COVID-19 que debieran informar en caso de manifestar alguno”. La conclusión del juez apuntó a que tanto desde el Ministerio de Justicia y del SPF “se han tomado las medidas suficientes para impedir que el virus ingrese al servicio”.

En cuanto a la situación de salud del represor, desde el penal aseguraron que informaron que recibía “en tiempo y forma en su totalidad la medicación prescrita para su pluripatología”. El ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), condenado por homicidios como el de Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman, tiene 71 años y padece EPOC, problemas cardíacos, insuficiencia renal, trombosis en ojo izquierdo y cataratas en ojo derecho, entre otras dolencias. Sin embargo, del informe médico se desprende que está recibiendo la atención adecuada.

Pero Grünberg también indagó sobre el posible destino en el que el represor de Orletti cumpliría su arresto domiciliario, en caso de concretarse. A través de una entrevista telefónica, el SPF consultó al hijo de Furci, quien informó que él podía recibirlo en su casa, pero que allí también vivía su mamá, ex esposa del ex espía y quien no estaría de acuerdo con la situación. “Surge que la convivencia en el domicilio puede ser conflictiva, por no decir imposible”, apuntó el SPF.

Con toda esa información en el expediente, Ouviña informó al juez que rechazaba el otorgamiento del beneficio. “No están dadas las condiciones para hacer lugar al pedido de arresto domiciliario”, opinó el fiscal.

Grünberg avanzó en el mismo sentido. En primer lugar, porque en el cumplimiento de la condena efectiva por parte de Furci “ciertamente se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino, en tanto acaecería la condición de impunidad” de morigerarla de alguna manera. Pero, sobre todo, basado en la información propiciada por los informes médicos y del SPF, el juez consideró que “no hay elementos objetivos que permitan indicar que Furci pueda estar más resguardado –mediante la medida del aislamiento social- en el domicilio propuesto que en la unidad carcelaria”.

Furci fue condenado en 2016 en el juicio que se le siguió a él y a otros represores por los crímenes de Automotores Orletti
, donde se concentraron en Argentina las víctimas del Plan Cóndor. Pero aquella no fue su primera condena. A mediados de la década de 1990 él y su esposa fueron hallados responsables de la apropiación de Mariana Zaffaroni, hija de María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni y Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, una pareja de uruguayos secuestrados en Orletti y que aún continúan desaparecidos. Mariana permaneció en Orletti hasta que Furci se la llevó a su casa.