El regreso del partido judicial  | Las causas que se ponen en marcha con el fin de la feria

Dos semanas después de la derrota electoral de Jair Bolsonaro en Brasil, su vicepresidente, el militar Hamilton Mourao, reflexiónó: “Hay que dejar de llorar. Perdimos las elecciones. Nuestro error fue haber permitido que Lula dé vuelta la causa judicial”. El tremendo razonamiento, que no repara en evaluar si Lula era inocente o culpable, pone sobre la mesa lo decisivo del aparato judicial para la persecución política. Eso tomará más relevancia a partir del miércoles, cuando termine la feria judicial. Tanto la Corte Suprema, como la Cámara de Casación y la maquinaria de Comodoro Py vuelven a la cancha apuntando contra el gobierno y contra Cristina Kirchner, para intentar que “que no den vuelta” la sucesión de acusaciones judiciales. El máximo tribunal podría emitir un fallo dando por incumplido el fallo de la Coparticipación Federal, provocando otro choque con el Ejecutivo. La Sala I de la Cámara Federal tiene que resolver si se hacen o no los juicios por el Memorándum de Entendimiento con Irán y Hotesur-Los Sauces. En ambos casos, los tribunales sobreseyeron a CFK y todos los imputados por inexistencia de delito y la Casación tiene la palabra. En el marco de la guerra existente, hay que ver si también usan esas causas -sobreseídas- para la persecución política. Tema central seguirán siendo los chats de la excursión a Lago Escondido y entre Silvio Robles, operador del presidente de la Corte, y Marcelo D’Alesandro, licenciado ministro de Justicia porteño. Y, por supuesto, vuelve la asombrosamente demorada causa por la tentativa de homicidio contra Cristina, con la indagatoria del jefe de los que vendían copos de azúcar, Gabriel Carrizo. Esa indagatoria será el martes, un día antes del final de la feria.

Las señorías en plena guerra

La feria no dio demasiada tregua en el combate de la Corte contra el peronismo. El Ejecutivo movió las piezas y puso en marcha el juicio político que habrá que ver si frena, aunque sea por un tiempo, la feroz ofensiva que los supremos desataron en diciembre.

Antes de tomarse vacaciones, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkranz y Juan Carlos Maqueda tenían decidido emitir un fallo sosteniendo que la Nación no depositó en las cuentas de CABA el equivalente a 2.95 por ciento de los fondos coparticipables. Como se sabe, el Ejecutivo presentó un recurso de revocatoria alegando que no puede violar el Presupuesto Nacional, votado en el Congreso, porque implicaría varios delitos, entre ellos la malversación de caudales públicos. En el escrito presentado en diciembre por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, se pidió también que los cuatro supremos se aparten por no tener objetividad.

Todo indica que el conflicto seguirá escalando y la Corte se despachará con otro fallo rechazando todo lo planteado: dará el fallo de diciembre por incumplido. El Ejecutivo, a su vez, es previsible que responda, pero no le depositará el dinero a CABA en base a un fallo que, en verdad, es una cautelar.

La guerra por otros medios, capítulo Memorándum

La Sala I de la Cámara de Casación -Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone- tiene para resolver si se hacen o no dos juicios que tendrían como principal imputada a Cristina Kirchner. Políticamente significa sacarle otra fotografía a la vicepresidenta en el banquillo de los acusados, en un año electoral.

El expediente del Memorándum de Entendimiento con Irán siempre fue considerado un despropósito jurídico que arrancó con la denuncia de Alberto Nisman, rechazada por gran cantidad de jueces. Eso cambió cuando los visitantes de Olivos, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, junto a la DAIA, armaron una operación para reabrir la causa de la mano de Claudio Bonadío. El Tribunal Oral 8 sobreseyó a todos los imputados porque “el Memorándum podría tratarse de un acierto o un desacierto político, pero no un delito”. Entre otras razones, los magistrados señalaron que las órdenes de captura con alertas rojas “siempre estuvieron vigentes y siguen estándolo hasta el presente”. Y, además, “el Memorándun no logró cumplir sus requisitos de validez, por lo cual no se convirtió en un tratado vinculante ni en un acto jurídico”. No lo aprobó Irán, la justicia argentina lo consideró inconstitucional, por lo cual nunca entró en vigencia.

La DAIA -alineada con el macrismo- y dos familiares vinculados a la conducción de la comunidad judía presentaron un recurso; el fiscal Javier De Luca siempre mantuvo la postura de la inexistencia de delito y la lógica es que la Sala I confirme que el juicio no se hace. Ese fallo saldría en la segunda quincena de febrero, porque alguno de los magistrados estará todavía de licencia a principio del mes.

Sin embargo, ningún resultado se puede adelantar en el marco del gigantesco conflicto del aparato judicial contra el peronismo. Todos admiten que las presiones son inmensas.

La guerra por otros médios, capítulo Hotesur

El Tribunal Oral número 5 también sobreseyó a todos los imputados en el expediente de los alquileres. Fue armado, cuándo no, por dirigentes del macrismo y el juez Bonadío. El principal delito de la acusación fue lavado de dinero.

Pero los magistrados del TOF 5, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, sostuvieron que todos los alquileres de los hoteles y oficinas de la familia Kirchner fueron siempre en blanco, con facturas, declaradas en la AFIP y con pagos con cheques y depósitos bancarios. Hubo una pericia y se demostró que las transacciones fueron en blanco en todos los casos, por lo cual no existió el delito de convertir dinero negro en blanco: siempre fue plata en blanco.

Tampoco se probó la existencia de dádivas, un delito parecido al de la coima, ya que los alquileres se hicieron a precios de mercado, es decir los alquileres fueron de propiedades reales y no escondían un plus.

La jueza Adriana Pallioti votó en disidencia afirmando que en las operaciones se blanqueó dinero proveniente de irregularidades en la obra pública, algo difícil de sostener porque también los pagos de obra pública se hacen y se hicieron en blanco. En el marco de la guerra, no se puede descartar que argumenten que CFK fue condenada en Vialidad, por lo cual podría utilizarse eso como excusa. La trama hace pensar que tal vez alguno de los jueces espere los fundamentos del fallo de Vialidad, que se darán a conocer el 9 de marzo, para usarlo luego contra la vicepresidenta. Por lo cual la resolución de Casación recién saldría en marzo.

La cuestión es que, en lo que va de la tramitación del expediente, no apareció ni una sola evidencia de una ilegalidad en los alquileres, por lo que sería un episodio más en la guerra desatada por el aparato judicial alineado con Juntos por el Cambio.

¿La Corte tendrá la palabra?

El máximo tribunal tiene otra carta que insólitamente podría utilizar: la causa dólar futuro. Pronto se van a cumplir dos años desde que la Sala I de la Casación, por unanimidad, cerró el expediente por inexistencia de delito. Como ocurrió en la mayoría de los casos, el juez Bonadío se negó a hacer una pericia y el estudio se hizo con cinco años de atraso. Los peritos de la Corte coincidieron en que no hubo perjuicio para el estado. Sobre esa base, es que Figueroa, Barroetaveña y Petrone coincidieron en que no hubo delito. Es más, los únicos beneficiados con la operatoria de dólar-futuro fueron los funcionarios y amigos de Mauricio Macri que usufructuaron la devaluación del propio Macri.

Uno de los punteros del macrismo en Comodoro Py, el fiscal Raúl Plee, presentó un recurso ante la Corte reclamando que se haga el juicio, por supuesto con Cristina y Axel Kicillof -en aquel entonces ministro de Economía- como principales imputados. El procurador Eduardo Casal -otra pieza del macrismo- dictaminó que la Corte debe abrir el recurso, algo que los supremos no hicieron hasta el momento. Parece impensable que algo así ocurra, pero nada se puede descartar en la guerra desatada por el partido judicial: seguramente imaginan a CFK y Kicillof, dos referentes claves, enjuicidados en año electoral. 

La postura de Plee-Casal implicaría revocar todas las absoluciones y hacer todos los juicios, o sea un show en continuado para estas elecciones y sobraría hasta las próximas.

La política de usar la justicia para la política
ya se usó para sacar en su momento de la cancha a Lula en Brasil, a Rafael Correa
en Ecuador, a Evo Morales en Bolivia. Lo que dice el general brasileño Hamilton
Mourao es que no hay que dejar “que la den vuelta”. Y en eso trabaja el partido
judicial argentino.

En Comodoro Py no tienen apuro

Este martes, un día antes del regreso de la feria judicial, será nuevamente indagado Gabriel Carrizo, el jefe de los que vendían copos en la esquina de la casa de Cristina Kirchner. Los abogados de la vicepresidente vienen insistiendo en que Carrizo no fue un simple actor de reparto, porque en los mensajes dice, por ejemplo, “recién intentamos matar a Cristina”; “el arma es mía amigo”. En base a esos elementos, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, los letrados de CFK, insisten en que Carrizo fue coautor.

El manejo del expediente y de esta indagatoria ejemplifica lo que sucede: la declaración debió tomarse a fin de diciembre, se postergó para el 5 de enero, luego para el 10 y ahora para el 31. Nada parece urgente en la causa en que se investiga, nada menos, que la tentativa de homicidio contra la vicepresidenta.

Está pendiente la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti, que será resuelta de manera unipersonal por el juez de Casación, Guillermo Yacobucci. Entre otras cosas, Ubeira y Aldazabal pidieron el apartamiento de Capuchetti porque perdió la principal prueba del expediente, el contenido del celular de quien intentó matar a Cristina, Fernando Sabag Montiel. También permitió que le mientan Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, asesoras del diputado Gerardo Milman, que, además, hicieran desaparecer el contenido de sus celulares, borrando y cambiando el aparato. La cuestión también tiene una pericia pendiente.

En el otro expediente paralelo, el de Revolución Federal, la justicia -tardíamente- tiene que resolver sobre la libertad de Jonatan Morel, el sujeto que repetía y repetía que había que matar a Cristina. Y lo hizo también en una marcha en la que estaba Brenda Uliarte, socia de Sabag Montiel. Igualmente faltan los informes económicos: cómo se financiaron estos grupos que fueron el trasfondo del ataque del 1 de septiembre.