El juez Jorge Gorini rechazó la recusación de la defensa de Cristina Kirchner. Explicó, indignado, que se había reunido con Patricia Bullrich para protestar por la forma como habían detenido a Amado Boudou. Reconoce la operación política, mediática, policial y judicial para detener al exvicepresidente, pero no puede ver que Bullrich era una de las denunciantes iniciales de la causa contra Cristina Kirchner y que su encuentro en ese contexto de relaciones incestuosas entre el Judicial y el Ejecutivo durante la gestión macrista pone en tela de juicio también su imparcialidad.
El aviso a los medios macristas para que tomaran la imagen del exvicepresidente en pijamas, descalzo y esposado denigró al tribunal que lo perseguía. Si el juez Gorini tuvo la mínima dignidad de protestar en ese momento, tendría que haberlo hecho público. Y esa irregularidad miserable en la detención de Boudou tendría que haber tenido alguna consecuencia en el desarrollo de esa causa. Pero no hubo protesta pública.
Esa causa se realizó bajo una furiosa presión mediática de las empresas que se habían perjudicado con la nacionalización de las jubilaciones; compraron a Alejandro Vandenbroele como arrepentido y por su declaración le dieron el hotel boutique que ahora tiene en Mendoza. Aún así, no hubo un solo documento, una sola prueba, más allá de las presunciones, que demostrara que Boudou se hubiera apropiado de Ciccone Calcográfica.
Lo que está demostrado –y reconocido por Gorini– es que la detención de Boudou fue una operación política como parte de la estrategia del lawfare para descalificar a los gobiernos kirchneristas.
Gorini se reunió con Bullrich cuando la causa contra Cristina Kirchner ya había llegado al Tribunal Oral Federal Número 2, que integra junto con Rodrigo Giménez Uriburu, quien también se reunió con la dirigenta del PRO. Y este juez más los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola también fueron recusados por sus visitas al expresidente Mauricio Macri.
Boudou fue condenado porque establecieron una supuesta relación con Vandenbroele, que era amigo de un amigo suyo. Esa sola presunción fue tomada como prueba indiscutible. En cambio califican de insustancial que los jueces y fiscales que tienen que juzgar a Cristina Kirchner, vayan a jugar al fútbol a la quinta del poderoso millonario, enemigo político de la vicepresidenta y acusado de montar la persecución judicial contra ella.
En un rapto de honestidad, el exjefe de redacción de Clarín, Julio Blank, reconoció que la forma de hacer periodismo en ese medio obedecía al “periodismo de guerra”. Las falsas noticias se hicieron moneda corriente si se trataba de denunciar a figuras de los gobiernos kirchneristas. “Periodismo de guerra” es una buena definición, sobre todo porque la primera víctima en todas las guerras es la verdad. En el mundo le dicen fake news.
Esa modalidad rompió los paradigmas del ejercicio de la información y la comunicación profesional. Vale más que se informe a las personas lo que éstas quieren que les digan, lo cual también es una construcción cultural. No importa si tiene anclaje o no en la realidad o, aunque más no fuera, en una parte de ella. Hay un sector de la población que fue prejuiciada para dar por descontado que cualquier peronista es corrupto. Y cualquier información que confirme el prejuicio será tomada como verdadera.
Esos mecanismos existieron desde mucho antes, pero lo que hizo el periodismo de guerra fue llevarlos a su máxima expresión para borrar cualquier desmentido desde la realidad. La concentración de medios en la Argentina y la composición tan retrógrada de la pauta publicitaria privada convierte a ese periodismo de guerra en la voz que más se escucha.
El daño que han cometido con el ejercicio del periodismo tiene su correlato en el que le infligieron al Poder Judicial con ese mecanismo. No es que no existiera antes, sino que el macrismo lo llevó, aquí también, a su máxima expresión con una mesa judicial que funcionaba en la Casa Rosada para poner o remover jueces y promover causas y condenas. Al fugarse del país, el principal consejero del macrismo en temas legales, Pepín Rodríguez Simón, demostró que no cree en este Poder Judicial, porque él mismo era el encargado de manipularlo.
A la corrupción de la comunicación y el periodismo y del Poder Judicial hay que sumarle lo que pasa en el terreno de la política, muy ejemplificado en la interna de Juntos por el Cambio por las denuncias de Elisa Carrió contra sus adversarios en esa disputa.
Es lógico que Carrió eligiera correr por esa vía. Toda su historia política se construyó con esa metodología. No se ha destacado como organizadora ni por su contacto con las bases, ni sobresalió como legisladora. Toda su carrera se basó en un discurso que hizo eje en un honestismo sobreactuado para ocultar la falta de pruebas de sus denuncias. Algo similar al alegato del fiscal Luciani en la causa contra Cristina Kirchner y otros ex funcionarios. Es tan sobreactuado y lleno de calificativos y sobrextendido en el tiempo que resulta imposible ignorar que ese barroquismo disfraza la falta de sustento real.
En un principio, las denuncias de Carrió fueron creídas por propios y ajenos. La exaltación juanadearquista de la honestidad y la república pone en el lugar de corrupto y antirrepublicano al que se anime a discutirla. Los medios hegemónicos y la justicia macrista la usaron como ariete en esas campañas de linchamiento y así hizo carrera. En realidad, con ese mecanismo de denunciar sin pruebas ella corrompe a la política y se hace cómplice de la corrupción de la información con las fake news (periodismo de guerra) y del Poder Judicial con el lawfare (persecución judicial por motivos políticos).
El periodismo de guerra fue reconocido por quienes lo practican. El lawfare ha sido reconocido en todo el mundo. Y si se hubiera aplicado solamente en la Argentina podría pensarse que algunos que lo niegan, lo hacen por ingenuidad. Pero se aplicó contra los gobiernos populares de la región, no solamente aquí. Está reconocido en todos lados. El gobierno de Macri fue apercibido por la ONU y la OEA.
El Tribunal Superior de Brasil vio que estaban al borde de un precipicio sin medios creíbles ni justicia y recogió línea al considerar que el Claudio Bonadio brasileño (Sergio Moro) había actuado en forma parcial. Rápidamente puso en libertad a Lula. En este momento Moro es uno de los personajes más desprestigiados del país vecino, mientras que Lula es el más popular.
Si hubo autodepuración por los motivos que fueran, aquí no ocurrió lo mismo y se insiste con una farsa de independencia judicial a pesar de la relación incestuosa visible y naturalizada de numerosos jueces y fiscales con el millonario que dirige la oposición. Cada tanto aparecen fotografías, documentos y testimonios de esa relación perversa propia de cortesanos de un feudo.
También se multiplicó en la política el ejemplo de Carrió y surgieron otras y otros denunciadores seriales que hacen carrera con denuncias que tienen todas las mismas características: no se pueden sostener con pruebas y nunca afectan a nadie de sus propias corrientes en el macrismo. Las últimas denuncias de Carrió sobre “negocios” apuntaron fundamentalmente a posibles aliados de Horacio Rodríguez Larreta en su interna con Mauricio Macri.
Usar la difamación es una forma de corromper a la política. Es corrupción mediática cuando la difamación es difundida como información. Y es corrupción judicial cuando se transforma en causa judicial, como la gran mayoría de las que armaron contra Cristina Kirchner y exfuncionarios de sus gobiernos. La democracia republicana hace agua por esos tres boquetes en Argentina.
