El juez Alejandro Sudera fue denunciado ante Consejo de la Magistratura por violencia de género

El juez José Alejandro Sudera, titular del Juzgado Nacional del Trabajo 56 y candidato a integrar la Cámara de Apelaciones del fuero laboral, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por violencia de género, a raíz de una sentencia en la que maltrató, dándole un trato denigratorio, a una abogada. 

La base de la denuncia es un fallo de Sudera, lleno de descalificaciones hacia el trabajo de la abogada: sostuvo por ejemplo, que ella había presentado una demanda con errores de redacción, transcribió sus faltas de ortografía con irónicos (SIC), le criticó haber efectuado, en una audiencia de testigos, “al menos diez preguntas que fueron desestimadas” cuando él mismo había sido quien las desestimó, consignó que después le preguntó a la abogada “si tendría preguntas distintas a las ya formuladas para los siguientes testigos”. En la misma sentencia, escribió que la abogada había actuado “pulverizando la mayor parte de las potenciales chances de su cliente”. Finalmente, aunque el caso fue ganado por ella, Sutera le fijó honorarios por la suma de un peso, junto a un comentario relativo a que los honorarios dependían del “mérito y la labor” de los profesionales.  

“Él dedicó dos párrafos por cada hoja de la sentencia a agraviarla”, sintetizó Vanesa Lamami, litigante del caso que presentó, el viernes pasado ante el Consejo de la Magistratura.

Lamami, que es abogada y docente universitaria dedicada a temas de género, se presentó como particular, es decir que no representa a la abogada que fue hostigada.  El fallo de Sudera es de 2011, y cobró relevancia tras la apertura del Registro de denuncias contra magistrados y magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género. Este registro fue creado hace unos pocos días, el 8 de marzo. Por otra parte, el juez está en carrera para convertirse en camarista. Se presentó al concurso para integrar la Cámara del Trabajo. Su pliego,  junto a todos los de quienes se presentaron para el cargo, están ahora  en el ministerio de Justicia, que debe elevarlos al Congreso. “Por supuesto, queremos que este antecedente sea considerado”; señaló la litigante.

La sentencia contiene, además de lo ya mencionado, otros elementos. Por ejemplo, Sudera escribió, en tono de burla “la abogada agrega ‘reclamando además el daño moral derivado del síndrome de Bournet (¿habrá querido decir de burn out?), acoso psicológico, daño material, lucro cesante, pérdida de chance, daño emergente”.

En otro párrafo señala, sobrador, que “resulta imposible entender el relato de hechos realizado en la demanda, si es que existe alguna porción de esta que pueda ser calificada de aquella manera”.

También cuenta que en una audiencia de testigos,  terminado el primer interrogatorio y luego de hacer “al menos diez preguntas que fueron desestimadas”, él le preguntó “si tendría preguntas distintas a las ya formuladas” para los siguientes testigos. La abogada se retiró de la audiencia sin firmar el acta, lo que da una idea del nivel de angustia que sintió. El juez puso a este olvido como una impericia más, para finalmente fijar los honorarios de la abogada en un peso. 

Consultada por PáginaI12, la litigante remarcó su convencimiento de que el juez “se apartó de la justicia, usando la sentencia como vehículo para ejercer violencia sobre la colega”.

“La perspectiva de género no sólo tiene que significar un imperativo para un juez de la nación cuando decide sobre los casos que son puestos a su consideración, si no también cuando presta el servicio de justicia, en cada una de sus acciones”, señaló en este sentido Lamami en el escrito que quedó a estudio del Consejo de la Magistratura.

La demanda le  pide que disponga la apertura del procedimiento para la remoción del juez, ordene su suspensión y formule la acusación correspondiente ante el jurado de enjuiciamiento. Por otra parte, solicita que su denuncia se inscriba en el Registro sobre jueces y violencia de género. 

La denunciante presentó el escrito como particular, no en representación de su colega. “En ese caso me interesó señalar que el juez “no sólo violentó a una mujer abogada, en el ejercicio de su profesión, sino que a la vez ejerció simbólicamente una violencia que irradia hacia todas las mujeres profesionales, partiendo de la creencia, como patrón estereotipado, de que una mujer no puede desarrollarse libremente en su profesión sin cometer errores”.