El hambre y la violencia crecen en Brasil | Opinión

Desde Río de Janeiro

Dos fenómenos se agravaron de manera contundente en Brasil a lo largo de los últimos tres años: el hambre y la violencia practicada por las fuerzas de seguridad pública.

La suma de la inflación, que se mantiene por encima de los 12% al año, a la pérdida de poder adquisitivo de manera general pero especialmente aguda en las capas de menor poder adquisitivo, que gira alrededor de los 10%, hizo que 36% de las familias brasileñas – lo que significa más de la mitad de la población total, de 212 millones – hayan entrado en lo que analistas y especialistas llaman de “inseguridad alimentaria”. Es decir, desde insuficiencia de alimentos en bases mínimas hasta directamente hambre.

Ese cuadro se acentuó principalmente a partir de 2021. Si en 2014 el número de familias en estado de “inseguridad alimentaria” en sus diferentes niveles rondaba la casa de 17%, a fines de 2021 había saltado para 36%. Y con eso supera el promedio mundial, que es de 35%.

Entre los 20% que conforman la parte más pobre de los brasileños, 75% dicen que en 2021 faltó dinero para comprar comida.

Los datos corresponden a encuestas realizadas antes de la invasión de Ucrania por las tropas rusas, lo que provocó un nuevo – y fuerte – incremento en los precios, especialmente combustible y alimentos.

Si a lo largo de siete meses de 2021 el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro concedió “auxilio de emergencia” a poco más de 39 millones de familias, ahora llega a 17 millones 500mil, o sea, menos de la mitad.

Además del hambre, otro fenómeno creciente bajo Bolsonaro alcanza, de manera dramática, precisamente a la parte más pobre de los brasileños: la violencia de las fuerzas de seguridad en las villas miseria cuya población aumentó significativamente con la debacle económica.

Esta semana hubo otra masacre en una “favela” suburbana de Río, con la muerte de 23 personas.

Desde agosto de 2020, o sea, en menos de dos años, al menos 330 civiles fueron muertos en 74 supuestos enfrentamientos entre supuestos criminales y fuerzas de seguridad pública solamente en Río.

La repetición de “supuestos” se justifica: parte substancial de los muertos no tenía ningún tipo de registro criminal, y es difícil imaginar un “enfrentamiento” como el más reciente, en la villa miseria de Cruzeiro, en que 23 habitantes murieron y ninguno de los más de 150 policías fue herido.

En este último caso, de los 23 muertos 16 fueron identificados. De ellos, siete – casi la mitad – no tenían ningún antecedente criminal. Uno de ellos era un joven de 16 años, muerto por una cuchillada, y no por tiro.

Otra víctima era una peluquera de 42 años, alcanzada dentro de su casa por una “bala perdida”, nadie sabe si disparada por narcotraficantes o por la policía. Otro fusilado era un exmilitar de la Marina, que trabajaba en un negocio en la “favela”. No había arma alguna al lado de su cadáver.

Ha sido la segunda mayor masacre en Río. La anterior ocurrió en 2021, también en una “villa miseria”, y dejó 28 muertos. Entre las víctimas se encontraban narcotraficantes, pero parte considerable era de habitantes, todos trabajadores y en su mayoría negros.

Otra acción brutal de la policía – grabada en video que circula por todo el país – ocurrió en Umbaúba, en el estado de Sergipe, en el nordeste.

El conductor de una moto, que padecía de esquizofrenia, fue tumbado por policías militares. Agredido, fue atado y tirado al baúl de una camioneta de la patrulla. Su esposa se acercó y, a los gritos, contó a los uniformados que el marido era enfermo.

Como el prisionero se agitaba en la baulera, los agentes dispararon spray de pimienta dentro del vehículo todo cerrado para “calmarlo”. Resultado: el hombre de 38 años murió sofocado.

Frente a la masacre de Río, Bolsonaro – un incentivador del armamentismo que destrozó el ya complicado sistema brasileño de seguridad pública – elogió a los “héroes” que garantizaron la paz de “los hombres de bien”, criticó a los medios de comunicación por no compartir su aplauso y prometió mantenerse vigilante.

Ya con relación al ciudadano sofocado en el baúl de un patrullero dijo que antes de comentar iba a “averiguar” lo sucedido.

Parece que a ninguno de sus asesores e hijos les ocurrió enseñarle el video del asesinato cometido por los policiales.

 Así es que negros y pobres que habitan las villas miseria seguirán bajo la eterna amenaza de muerte por agentes de seguridad pública que no hacen más que fusilar en lugar de prender culpables mientras diezman inocentes. Todo siempre bajo el aplauso presidencial.