El Gobierno reabre el Registro de Barrios Populares para limitar los desalojos

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anticipó que el Estado va a reabrir el Registro de Barrios Populares para inscribir a los asentamientos y villas que hayan nacido en los últimos tres años. Así lo dio a conocer en una charla que mantuvo con periodistas de medios gráficos. “Vamos a abrir el Renabap para registrar los barrios nuevos”, aseguró. El costado con más sustancia de este anuncio no tiene que ver con el registro en sí, sino con su capacidad de limitar los desalojos. La ley estableció que una vez inscriptas, las viviendas –construidas en su mayor parte sobre tierras tomadas– no pueden ser desalojadas. La fecha tope para registrarse fue el 31 de diciembre de 2016. Desde entonces y a lo largo de la gestión macrista, nacieron otros barrios que quedaron sin el paraguas del Renabap. Arroyo dijo que la reapertura del registro será solo  para “barrios consolidados”, “con casas construidas”, con lo que dio la idea de que el Gobierno piensa avanzar regularizando dominialmente una segunda tanda de barrios. El ministro excluyó a las ocupaciones de estos meses de pandemia, donde por la incertidumbre legal, las familias permanecen en carpas.

Arroyo dio esta definición al explicar los objetivos de su ministerio en la urbanización de los barrios populares, un programa que sumó hace un mes, a fines de septiembre. La Casa Rosada lo traspasó a su área, retirándolo de la órbita de María Eugenia Bielsa, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, cuestionada por sus demoras en utilizar los fondos ya aprobados para hacer obras que lleven a los asentamientos servicios básicos como el agua potable. 

El ministro viene hablando de urbanizar 400 barrios por año, con un plan que debería sostenerse durante una década para llegar a los 4400 inscriptos en el Renabap. En el encuentro con los medios, ahora confirmó que ya está armado el fideicomiso con el BICE, para que sea habilitado la semana próxima. Hasta septiembre, el programa había comenzado obras tempranas –de poca complejidad– en 25 barrios, y en octubre pasaron a 50. Son proyectos chicos, todavía. Que el fideicomiso pueda utilizarse –tiene fondos por 8 mil millones de pesos del impuesto PAIS, sobre la compra de dólares– es necesario para pensar en otra escala de obras, y con ellas de creación de puestos de trabajo. 

“En esto vamos hacer un camino, como el de la Asignación Universal por Hijo”, aseguró el ministro. La urbanización de los 4400 barrios populares del Renabap fue aprobada por ley, en 2018, con el respaldo de todas las fuerzas políticas.    

Otro dato que completa el cuadro sobre cómo está pensando Desarrollo Social la urbanización es que el programa va tener una línea de creación de lotes con servicios, sobre tierras fiscales. En cuanto a la superficie que podría ser habilitada de esta manera, destinada a que las familias de trabajadores informales, sin acceso a créditos como los Procrear, puedan comprar un lote, el ministerio no tiene todavía estimaciones oficiales. El tema será definido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 

Tarjeta Alimentar

“La tarjeta Alimentar va a tener una carga doble antes de fin de año”, fue otra de las definiciones de Arroyo, vinculada a la suba de los precios de los alimentos. La tarjeta está pensada como un complemento de la Asignación Universal por Hijo; está destinada a las madres o padres que, cobrando la AUH, tienen niños menores de seis años. Su uso es exclusivamente para comprar alimentos. La carga está diferenciada: a quienes tienen un solo niño, el Estado les carga 4 mil pesos y en el caso de dos o más niños la carga es de 6 mil. Habitualmente, esa suma es depositada una vez al mes, pero en los momentos de mayor crisis de la pandemia fue reforzada con una carga cada quince días. 

El 2020 arrancó en emergencia alimentaria –la consecuencia social más grave de la gestión macrista– y el coronavirus obligó a reforzar la asistencia a una escala impensada. Según los datos oficiales del Ministerio de Desarrollo, el presupuesto para asistencia alimentaria este año se cuadruplicó: pasó de 28 mil millones de pesos en 2019 a 94 mil en octubre de 2020. 

Arroyo dijo, en este marco, que el objetivo para 2021 es ir inclinando la balanza en favor de programa de urbanización. Si la situación epidemiológica lo permite, el ministerio buscará poner el acento en esta línea, en la que la inversión social tiene el plus de poder ser, al mismo tiempo que asistencia, un mecanismo de generación de trabajo.