El gobierno porteño presentó ante la Corte Suprema su reclamo por la coparticipación

Como había anunciado Horacio Rodríguez Larreta hace una semana, el gobierno porteño finalmente se presentó ante la Corte Suprema para intentar revertir la medida que tomó el presidente Alberto Fernández sobre la coparticipación de la Ciudad. En el escrito, sostuvieron que no sobra un peso del dinero transferido en su momento por Mauricio Macri, pese a que los cálculos nacionales indican un excedente acumulado de 86 mil millones en los últimos cuatro años. En el texto, dieron ejemplos de qué representa el monto que deja de percibir CABA en relación con los presupuestos de educación y salud. Curiosamente, se suele criticar al Gobierno de la Ciudad por la subejecución de fondos justamente en esas áreas. La disputa ahora queda en manos de la Corte, mientras se discute una ley en el Congreso.

Con la transferencia de la Policía, Macri aumentó la coparticipación de la Ciudad de 1,4 a 3,75 por ciento (luego la bajó a 3,5). Desde el comienzo de su gobierno, Alberto Fernández advirtió que había un excedente en ese monto transferido que no se correspondía con los gastos reales y finalmente la semana pasada redujo la coparticipación porteña en 1,18 puntos, para crear un fondo destinado a la provincia de Buenos Aires. Tuvo el respaldo de 19 gobernadores. Ante la judicialización que anunció Larreta, el gobierno nacional decidió enviar al Congreso un proyecto de ley para desvincular los recursos de la Policía de la coparticipación, que volvería a ser de 1,4 puntos, y entregarlos a la CIudad mediante una partida específica, que se actualizaría por ley.

97 páginas y una picardía

Larreta conversó a solas con Fernández en el encuentro que tuvieron el jueves por la noche en Olivos y le adelantó que iba a presentar el viernes el escrito ante la Corte. Eso hizo a las 10 de la mañana. El texto, de 97 páginas, lleva la firma del procurador porteño Gabriel Astarloa y de la abogada María Cristina Cuello. Hace un repaso por la Constitución de la Ciudad Autónoma, la Ley de Coparticipación y los principios del federalismo. Como una picardía, eligieron citar a Cristina Fernández de Kirchner cuando era constituyente en Santa Cruz: “Cuando la Nación tenía a su cargo los servicios de salud y educación recibía aproximadamente un 46 por ciento en la distribución primaria de la masa coparticipable, y luego de la transferencia de los mencionados servicios a las provincias ha quedado con el 54 por ciento. Es decir que se ha invertido la participación en el ingreso tributario y las provincias han quedado con apenas el 46 por ciento; tienen más funciones vinculadas con la calidad de vida de la gente y menos dinero para solventarlas. ¿Cómo no va a haber provincias inviables si nos están federalizando los gastos y centralizando los recursos?”. Con esta cita, buscaron usar esa discusión de los 90 a su favor.

El texto sostiene que no pueden disminuirle la coparticipación de manera unilateral al distrito y que Macri sí podía aumentarla porque se correspondía con la transferencia de la Policía. También indica que hasta que no haya una nueva Ley de Coparticipación, la Ciudad debe mantener la suya en el 3,5 que fijó Macri. Buena parte del texto busca rebatir los cálculos que hizo el equipo de la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, que advirtió que se transfirieron fondos mayores al costo de la Policía año tras año durante el gobierno de Macri, por un total superior a 86 mil millones de pesos.

El escrito sostiene que no fue así: “La Ciudad nunca recibió recursos de más por esta transferencia. Por el contrario, adicionalmente tuvo que destinar fondos extras para poder llevar adelante la política en materia de Seguridad”. El informe de Batakis concluye lo contrario: que la seguridad porteña en la era Macri fue financiada íntegramente con fondos federales. Y que incluso le financiaron la expansión de ese gasto.

La presentación judicial discute esto y sostiene que es “inexacto y carente de sustento fáctico” el cálculo que hicieron desde el equipo de Batakis de que el presupuesto real que requerían es de un 0,92 por ciento adicional de coparticipación. Uno de los argumentos fuertes que planteó la funcionaria nacional es que los incrementos dispuestos por Macri no fueron acompañados por un documento técnico que explicara cómo se calcularon los montos.

En el escrito, los abogados de Larreta respondieron, sin mayores detalles, que “el total del costo del traspaso se estimó en 13.070 millones de pesos a valores del año 2015. En relación con una coparticipación estimada anual en 2015 de 7803 millones de pesos de acuerdo con el coeficiente de coparticipación de 1,4 por ciento de la CABA en ese momento, se determinó que el incremento necesario para financiar el costo del servicio era del 2,35 por ciento en la participación de la CABA. Simplemente aplicando una regla de tres al costo del traspaso, se concluyó que se debería incrementar en 2,35 el coeficiente de participación“. La discusión por el cálculo seguramente jugará un papel central tanto ante la Corte, como en el debate en el Congreso.

Otros párrafos de lo presentado se dedicaron a plantear lo injusta que es la distribución de fondos federales con la Ciudad: sostuvieron que recibe el equivalente a 41 mil pesos per cápita cuando Formosa recibe 123 mil per cápita y Catamarca, 135 mil. Habrá que ver qué responden desde esas provincias ante esta denuncia de discriminación.

La administración porteña también sostiene que la reducción es el 56 por ciento del presupuesto de Seguridad y hace algunas comparaciones: indica que el monto reducido es “más de 10 meses de sueldos de personal de Salud del gobierno porteño”, “más de 8 meses de sueldos de personal de Educación”. Los gremios de esas áreas suelen cuestionar lo postergados que están sus salarios por el gobierno de Larreta.

Al reclamarle una cautelar a la Corte para que frene el decreto de Alberto Fernández, indicaron que en los primeros cinco días de la medida ya dejaron de percibir 862 millones de pesos. La Corte seguramente se tomará un tiempo para resolver esta cuestión: primero debe dar intervención al procurador interino, Eduardo Casal, para que dictamine. Seguramente, también intervendrá el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Y pueden llegar a pedirse pericias contables. En el ínterin está por verse si se aprueba la ley que envió el Ejecutivo Nacional y cambia por completo el panorama.