El Gobierno porteño logró evadir la audiencia con el juez Roberto Gallardo

La información es muy dinámica en Argentina. A las 8:51 de este martes, Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad rechazó la recusación del juez Roberto Gallardo que había presentado el Gobierno porteño para que se haga una audiencia pública en la que los ministros de Educación Soledad Acuña y el de Educación Fernán Quiros iban a dar detalles sobre el protocolo del distrito para un regreso seguro a las aulas. Pero a las 9:41, la jueza Ana Paola Cabezas Cescato dejó sin efecto el encuentro: argumentó que las autoridades del distrito ya presentaron por escrito un informe y que el litigio se limita a la estrategia de testeos por covid al personal docente y no docente.

“Que, el 04/02/2020 se presentó el GCBA y acompañó el
informe requerido…remitido por la
Subsecretaria de Carrera Docente del Ministerio de Educación y la
Subsecretaria de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del
Ministerio de Salud del GCBA).
Entre sus aspectos más salientes se puede destacar: que estaba previsto testear al personal docente y no
docente que trabaja en los establecimientos públicos, que el testeo sería voluntario, quedando librado a la
autonomía de la voluntad realizarlo o no, que la fecha de inicio sería el 8 de febrero, que habría tres postas de testeo, exclusivas para el
personal educativo, que se había establecido como días habilitados para
realizar los testeos de lunes a domingo, incluidos feriados y días
no laborables, que se ofrecerían turnos web, en forma similar a los
turnos actuales de testeo de turistas” dice el fallo por el cual la magistrada decidió declarar abstracta la acción de amparo.

“Si la pretensión original consistía estrictamente en que
el GCBA informara sobre la existencia o no de un protocolo de
testeos covid 19, la respuesta ya se encuentra agregada al
expediente.
Y si la pretensión restante era subsidiaria de la
primera (para el caso de que la respuesta fuera negativa),
respondida afirmativamente la inquietud, pierde su razón de ser.
Hago hincapié en esto porque debe quedar claro: si bien
mediáticamente se ha instalado una idea equivocada sobre la
extensión del tema litigioso, el objeto de este amparo se limitaba a
la comprobación de la existencia de un protocolo de testeos y,
llegado el caso de que no existiera, a que se supliera esa omisión.
Nada más.
La pretensión no incluía requerimientos sobre cómo debía
ser ese protocolo, ni cuestionaba medida de salud o educativa alguna
adoptada por el GCBA en el contexto de esta pandemia”, dice el texto al que tuvo acceso PáginaI12.

La magistrada agregó que el litigio “tampoco se
extendía sobre las medidas sanitarias o pedagógicas o sobre la
infraestructura –y su adecuación- de los establecimientos educativos
a las exigencias del contexto actual. Menos aún impugnaba la
decisión de retornar a la presencialidad de las clases.
Las aclaraciones y precisiones que podrían formular los
ministros de las áreas de salud y educación, si bien impactan como
algo atractivo desde el punto de vista del interés público, nada
podrían aportarle a la resolución del caso traído a estudio. Dicho
de otro modo: los ministros deben dar todas y cada una de las
explicaciones que les exige el desempeño de su cargo y más sobre un
tema que tiene en vilo a la comunidad entera como es la amalgama
adecuada entre las medidas educativas y las de salud en un contexto
crítico, público y notorio. Pero no en los estrados de este juzgado“.

Una vez más, el Gobierno porteño logró evitar al juez Roberto Gallardo.