El gobierno de facto de Bolivia construye el enemigo interno

Arturo Murillo, ministro del gobierno de facto de Bolivia, es el encargado de construir una de las narrativas más peligrosas del golpe de Estado: la del enemigo interno. Su discurso ha venido en un proceso de señalamiento que cuenta con dos elementos centrales, por un lado, fabricar un enemigo imaginario y peligroso, y por el otro, victimizarse.

Esa construcción escaló un nuevo paso el día lunes cuando Murillo señaló que la autoproclamada presidenta Jeanine Añez no había podido viajar a su departamento natal, Beni, por las amenazas contra ella. “La presidenta es un objetivo militar, nuestras familias son un objetivo militar”, dijo.

El enemigo que toma forma en el discurso del gobierno de facto estaría conformado por varios elementos: grupos subversivos internos, grupos armados extranjeros, bandas narcotraficantes bolivianas y mexicanas e integrantes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Usarían “armas de grueso calibre”.

El gobierno de facto busca así victimizarse y legitimar la acción represiva, tanto de la Policía Nacional Boliviana como de la Fuerza Armada Bolivia. Esta última tuvo un despliegue en tres pasos. En primer lugar, salió a las calles a militarizar ciudades y carreteras, luego fue exenta de responsabilidad penal en las operaciones, y finalmente este lunes le fue aprobada una partida adicional de 4 mil 800 millones de dólares.

La construcción del enemigo interno busca otro objetivo más: negar la responsabilidad en las muertes. Así Murillo negó que hayan 24 asesinados, a pesar de que ese número haya sido proporcionado por la Defensoría del Pueblo, dijo que solo existían 9 muertos, de los cuales 2 había sido asesinados con tiros de frente con calibre no convencional, es decir que no usa las fuerzas de seguridad del Estado.

Por lo tanto, el gobierno de facto sería objeto de un ataque armado para desestabilizarlo que tendría en su autoría intelectual a las fuerzas del Movimiento Al Socialismo (MAS), es decir del proceso de cambio que tiene a Evo Morales en su dirección.

Morales, quien se encuentra asilado en México, se refirió a la situación represiva del país, y denunció que intentan “culparnos por las 24 muertes causadas por su “presidenta” autonombrada en 5 días”.

También declaró, en una entrevista a la cadena Al Jazeera, que busca volver para terminar su mandato que culmina el 22 de enero del 2020: “Está bien, todo por la vida, por la democracia, retiro mi candidatura, pero deberían dejarme terminar mi mandato (…) estoy buscando una forma legal de volver y estar con la gente que resiste la dictadura, el golpe”, afirmó.

Esa resistencia ha continuado su proceso de crecimiento en lugares de visibilidad, como La Paz, El Alto, Cochabamba, así como en carreteras del país, ciudades intermedias y pueblos. Es un levantamiento encabezado por diferentes movimientos que piden que Añez renuncie a lo que nunca le correspondió por la Constitución.

La respuesta del gobierno de facto, además de la represión y los asesinatos, ha sido la de descalificar las protestas: “Hay bloqueos en varios puntos del país, pero no hay demandas, ¿cuáles son las demandas?, no entiendo”, afirmó Murillo.

Junto con este escenario sigue sobre la mesa una de las cuestiones centrales: el llamado a elecciones. El discurso golpista sostiene que el gobierno de Añez es únicamente transitorio, y que sólo ha venido para “pacificar” y convocar a “elecciones libres”.

La forma de convocatoria a esas elecciones y las condiciones de participación son lo que está siendo objeto de debate. El gobierno de facto cuenta con el problema de la mayoría parlamentaria del MAS, una piedra de tranca para avanzar en la designación de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral.

Sin embargo, la decisión que pareciera tomarse, sería conformar un “órgano electoral interino elegido por consenso”, según apareció en la propuesta presentada por el ex presidente boliviano Tuto Quiroga. En esa propuesta Evo Morales no podría presentarse.

La necesidad electoral ha sido enunciada también por Carlos Mesa, quien pidió públicamente que se hiciera el llamado y que el MAS reconozca al gobierno de facto.

Esa desembocadura electoral es una necesidad por dos razones. En primer lugar, porque el golpe de Estado busca presentarse como institucional y democrático, y, por lo tanto, parte de esa construcción demanda una salida por los votos. En segundo lugar, porque la presión de las movilizaciones conforma un cuadro que el golpismo no logra controlar.

Un ejemplo de esta situación es la ciudad de La Paz, donde se presentan dificultades de abastecimiento de alimentos. La cuestión temporal es uno de los factores determinantes, y el gobierno de facto, los poderes reales del golpe de Estado saben que resultaría difícil mantener esta situación de autoproclamación por un tiempo prolongado. Buscan, antes de convocar a elecciones, haber generado todas las condiciones de persecución y proscripción que necesitan.