El futuro incierto de las causas por el espionaje macrista

La causa por el espionaje masivo a periodistas, académicos, organizaciones sociales y partidos políticos durante las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20 aún sigue sin juez. Julián Ercolini decidió mandársela a su colega Marcelo Martínez de Giorgi, que acaba de recibir la mega investigación de Lomas de Zamora, pero el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –que representa a trabajadores/as de prensa y académicos/as que fueron víctimas de la vigilancia– apeló la decisión y sostuvo que se tiene que profundizar la investigación el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

Pocas semanas después de asumir la intervención en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño encontró unos sobres con fichas –perfiles ideológicos– que pertenecían a 403 periodistas que se habían acreditado para cubrir la cumbre del G20, que se hizo en 2018. Otros listados pertenecían a 86 académicos, activistas o incluso empresarios que habían querido participar de la cumbre de la OMC que se había hecho un año antes. También halló un informe sobre una asamblea del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Bauen en la previa de las elecciones de 2017 y antes de una marcha por la desaparición de Santiago Maldonado. Toda la documentación había quedado en la oficina que ocupaba el último director operacional de Contrainteligencia de la AFI macrista, Martín Coste, en el edificio de la exSIDE en la calle 25 de Mayo. Ese hallazgo se convirtió en denuncia el 5 de junio del año pasado, pero, un año después, está sin juez que la tramite.

El 1 de junio, Ercolini decidió enviarle el expediente para que lo lleve adelante Martínez de Giorgi, que tiene la causa de espionaje que la Cámara de Casación le sacó a Lomas de Zamora –que incluye tanto la vigilancia sobre Cristina Fernández de Kirchner en su casa y en el Instituto Patria con la excusa de la cumbre del G20, las andanzas de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario–. La decisión de Ercolini se conoció días después de que el CELS le reclamara que avanzara con las indagatorias que había pedido en marzo la fiscala Paloma Ochoa: al exdirector general Gustavo Arribas, a la subdirectora Silvia Majdalani, Coste, y a Carlos Tonelli Banfi, un personaje bastante desconocido hasta ahora pero que estuvo a cargo de la Dirección de Eventos Especiales –creada básicamente para las cumbres con las que el macrismo soñó su vuelta al mundo… Tonelli Banfi fue, además, el cuñado de la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti.

En su apelación, el CELS sostuvo que juntar las dos causas terminaría derivando en nuevas demoras en la causa sobre el espionaje en las cumbres. Remarcó, además, que acá la justicia tiene que investigar el rol de la cartera que comandaba Bullrich, que tuvo a su cargo el operativo de seguridad para los dos eventos. La pesquisa debería, a su entender, extenderse hacia la Cancillería, que son agencias estatales que nada tienen que ver con la investigación que hasta hace semanas atrás se llevó adelante en Lomas.

Ercolini rechazó ya la presentación del organismo, confiaron a este diario desde el juzgado, que podrá ir en queja a la Cámara Federal. Aun resta que Martínez de Giorgi se pronuncie sobre si acepta o no el expediente, pero todo indica que la última palabra la tendrá el tribunal que preside Martín Irurzun.

Una causa bomba

La otra gran decisión que le espera a Martínez de Giorgi esta semana tiene que ver con si acepta la causa que le envió su colega Sebastián Ramos sobre la bomba que dejaron en un domicilio que había pertenecido al exsubsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa de Cambiemos José Luis Vila en julio de 2018. La definición de Ramos se precipitó después de dos hechos: un dictamen del fiscal Guillermo Marijuán para investigar al presunto narco Sergio Rodríguez –conocido como “Verdura”, “Tomate” o “Perro”–  y una presentación –anterior– de Vila para que llame a indagatoria a las más altas autoridades de la AFI macrista, al primer director operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, y a un sector de los espías conocidos como los Súper Mario Bros. 

En este caso, sí son los mismos protagonistas de un tramo de la causa que nació en Lomas y migró a Comodoro Py. Incluso fue por el trabajo de la fiscalía que encabezaron Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide que se consiguió la prueba para involucrar directamente a los exAFI en la producción de panfletos contra Vila y se encontraron mensajes que daban cuenta de que los agentes se lamentaban por haber equivocado el domicilio donde debían dejar la ofrenda explosiva. El caso de Vila es emblemático porque fue su presentación ante la Bicameral de Inteligencia en mayo del año pasado lo que desencadenó una investigación sobre el espionaje macrista, que terminó con la presentación de un informe extenso en el que se denunció el funcionamiento de un “Estado mafioso”. 

Una vez resuelto si aceptará estas dos causas, Martínez de Giorgi tiene previsto conducir él mismo la investigación y la primera pregunta ahora es por dónde debería seguir. Es probable que el juez espere a que la Cámara Federal revise la última tanda de 38 procesamientos que había dictado su colega de Lomas Juan Pablo Augé. Entre ellos están las máximas autoridades de la AFI, los responsables de Jurídicos de la exSIDE, los Súper Mario Bros y los exdirectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Los jueces encargados de hacerlo son, hasta el momento, Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

Para esta semana se espera otra decisión trascendente en la Cámara Federal. El camarista Roberto Boico debe decidir si Ercolini sigue al frente de la causa conocida como el “Operativo Puf”, nacida tras las denuncias de Elisa Carrió y el fiscal Carlos Stornelli para torpedear la investigación de Dolores. La causa está radicada en el juzgado 11 –el que ocupó Claudio Bonadio hasta su muerte y que actualmente subroga Ercolini–.  La recusaciones fueron presentadas en una audiencia la semana pasada tanto por el juez Juan Ramos Padilla y el abogado Alejandro Rúa.

El espionaje en el AMBA

El juez Martín Bava, que subroga en Dolores desde que Alejo Ramos Padilla se hizo cargo del juzgado federal 1 de La Plata, está terminando con una ronda de indagatorias a nueve exagentes que cumplieron funciones en el “Proyecto AMBA”, como se conoció dentro de la AFI al despliegue de espías en la provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017 para hacer espionaje sobre referentes políticos y organizaciones sociales o comunitarias, como comedores o merenderos.

El jueves pasado, estuvo citado un agente que cumplió funciones desde agosto de 2016 en la base de Pilar, que estuvo a cargo de Andrés Maisano. Se negó a declarar. Pilar fue una de las bases que más personal tuvo asignado, con doce agentes. Sin embargo, la mayoría de los convocados en esta tanda por Bava cumplieron funciones en la base de Haedo-Morón, que estuvo a cargo de Alicia Nocquet, una excomisaria bonaerense retirada –que ingresó a la fuerza en 1977 y cumplió funciones en la Dirección General de Investigaciones de Miguel Osvaldo Etchecolatz durante esos años–.

Durante la investigación de la causa, Ramos Padilla había encontrado abundante documentación vinculada al accionar de la base de Morón, que le permitieron detectar acciones de inteligencia ilegal y qué agentes las llevaron a cabo. Halló, por ejemplo, papeles del tratamiento médico que debió recibir un agente que estaba infiltrado en Barrios de Pie y que, en su afán de grabar a los militantes que debía perseguir, se desplomó desde el techo cuando estaba instalando cámaras y micrófonos en un local en la localidad de Isidro Casanova. Ese agente ya fue llamado a indagatoria el 7 de abril pasado, pero se negó a declarar.

En Dolores se investiga el funcionamiento de las seis bases que se crearon para el “Proyecto AMBA” y que funcionaron hasta finales de 2017: Haedo-Morón, Quilmes, Ezeiza, La Matanza, Pilar y San Martín. Por estos hechos, Ramos Padilla ya había procesado a los directivos de la AFI y a Pablo Pinamonti, responsable del “Proyecto AMBA”. Además, están procesados los coordinadores — que oficiaban de nexos entre las bases y la AFI– y los responsables de las seis bases AMBA –entre los que se encuentran Maisano y Nocquet— y de las tres delegaciones que la SIDE tiene desde los años ‘70 en provincia de Buenos Aires (Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca). Es claro que ahora el juzgado de Dolores desciende en la estructura hasta identificar a los agentes que propiamente cometieron los actos de inteligencia ilegal.