El futuro de la causa que investiga el espionaje ilegal macrista

La decisión de la Cámara de Casación Federal de arrebatarle a la jurisdicción de Lomas de Zamora la megacausa de espionaje puso en suspenso una investigación de casi un año, con más de 40 indagados, cuatro procesados y 38 personas cuya situación procesal aun debía resolver el juez Juan Pablo Augé. También paralizó la investigación que venían llevando adelante los fiscales sobre el rol del área de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en las maniobras de espionaje y armado de causas. Todo esto ante el sombrío panorama de que la causa quede en manos del fiscal Carlos Stornelli, procesado en la causa por espionaje que se instruye en Dolores.

Cuando termine el feriado de carnaval, es probable que otros pedidos se le sumen al de Cristina Fernández de Kirchner para que Augé no remita la causa a los tribunales de Comodoro Py, como le ordenaron los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo, integrantes de la Sala IV de la Cámara. Augé giró el viernes la causa digital a la Sala I de la Cámara Federal porteña –integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia– para que la remita al juzgado que corresponda. Pero la causa en sí sigue en la fiscalía de Lomas de Zamora. Mandarán los expedientes y la prueba recolectada en cuanto se defina concretamente qué juzgado la recibirá.

Quien pidió la inhibitoria de Augé fue María Eugenia Capuchetti, que el año pasado –cuando se inició la disputa– estaba de turno con Stornelli. Lo cierto es que Capuchetti, la última llegada de los federales, lo hizo siguiendo directivas de la propia Cámara, lo que abre la pregunta sobre si efectivamente querrá quedarse con la causa o pasará a otros de sus colegas. En Comodoro Py, mencionaban a Luis Rodríguez, aunque hay otros jueces que tienen causas contra algunos de los espías involucrados –como Ariel Lijo o Sebastián Ramos– que podrían anotarse en la carrera por la que posiblemente es la causa más explosiva de los últimos años, ya sea por sus víctimas como por sus presuntos responsables.

La posibilidad de que Stornelli sea el fiscal a cargo causa escozor dentro y fuera de los tribunales de Retiro, donde supo encontrar un buen refugio, cuando intentaba evadir los pedidos del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla para comparecer por su articulación con Marcelo D’Alessio en la red paraestatal dedicada al espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri. Se estima que alguno de los más de 40 querellantes lo recusará.

La causa se lleva procesados, nada más y nada menos, que a los directivos de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y a dos pesos pesados de la exSIDE: el último director operacional de Contrainteligencia Martín Coste y Alan Ruiz, un exfuncionario de Patricia Bullrich que pasó a revistar en Operaciones Especiales de la AFI a partir de mediados de 2018. Esos procesamientos por un tramo de la investigación –la del espionaje contra CFK en el Instituto Patria– están confirmados por la Cámara Federal de La Plata y la Casación dijo el viernes que validaba lo actuado por Lomas, por lo que será difícil para Py desandar ese camino.

Otra situación es la de los 38 imputados cuya situación no llegó a resolver Augé, aunque estaba trabajando en una resolución para responder al pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Entre los que el Ministerio Público pedía procesar estaban, entre otros, Arribas, Majdalani, el exdirector del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Emiliano Blanco, el exdirector de Inteligencia del SPF Cristian Suriano, el exjefe de Jurídicos de la AFI Juan Sebastián de Stefano, los Súper Mario Bros, integrantes de un área de Operaciones Técnicas de Contrainteligencia de la AFI, que reconocieron incluso haber ido a cablear una alcaidía provincial y haber mentido para ingresar. Estaba también con pedido de procesamiento la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, que tenía un vínculo estrecho con los Súper Mario Bros, y en una situación mucho más holgada el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, a quien los fiscales no pidieron procesar, pero sí lo hicieron varias querellas.

La causa avanzaba hacia otro tramo, más centrado en el rol de Jurídicos de la AFI, el área que más creció durante la gestión Arribas y que directamente maniobraba en las causas judiciales e incluso iba a sugerir a jueces qué detenciones debían ordenar, como denunció el juez Luis Carzoglio. Estaba previsto que declarara en estos días el diputado pampeano Espartaco Marín, quien habría sido víctima de una operación digitada desde el área de Jurídicos de la AFI. También el viernes debía volver a declarar un agente que ya había contado ante la Bicameral de Inteligencia del Congreso que lo habían presionado desde el área que dirigía de Stefano para mover una causa contra Marín. Todo quedó en stand by tras la decisión de la Casación que se conoció antes del mediodía. El otro asunto que estaba en carpeta de la fiscalía era vinculado con las escuchas a los presos kirchneristas a partir de la causa contra Mario Segovia, más conocido como el Rey de la Efedrina. Esas escuchas terminaron en manos de Elisa Carrió y del propio Stornelli –según dice un dictamen de la fiscalía– y esas transcripciones se usaron para torpedear la causa de espionaje que instruía Ramos Padilla. La intervención de la AFI había mandado memos y partes, que estaban siendo analizados por los investigadores de Lomas.

Por ahora, la única certeza es la que describió la camarista Ángela Ledesma, en su disidencia para plantear que la causa quedara en Lomas: el curso de la investigación se va a alterar. En Comodoro Py, tierra fértil del lawfare, los pronósticos no son buenos.