El “fideicomiso ciego” que Mauricio Macri puso en marcha para intentar transparentar su fortuna luego del escándalo de los Panama Papers está repleto de irregularidades. La Inspección General de Justicia (IGJ) emitió una resolución en la que solicita que la Justicia declare su nulidad bajo el argumento de que el funcionamiento del fideicomiso implicó numerosas infracciones y falsedades desde el momento de su conformación en 2016. Primero, los bienes traspasados al fideicomiso representaban solo un 40 por ciento del patrimonio de Macri. Segundo, la sociedad señalada para administrar los bienes, Seguridad Fiduciaria S.A, no solo estaba presidida por escribanos (quienes tienen prohibido por ley ejercer actividades comerciales), sino que uno de ellos era Carlos D’Alessio, su escribano de gobierno (y tío del falso abogado, Marcelo D’Alessio). Tercero, ninguna de las cuatro sociedades que Macri incluyó en el fideicomiso generaba dividendos, excepto una, la empresa Agro G, la cual le transfirió a Mauricio Macri unos 54 millones de pesos en una maniobra que la IGJ calificó de ilegítima.
“He decidido hacer un fideicomiso ciego y destinar a un conjunto de personas independientes que van a disponer todos mis bienes y se van a encargar de administrarlo mientras dure mi tarea pública, sin tener contacto conmigo”, anunció Mauricio Macri el 7 de abril del 2016, unos días después de que explotara el escándalo por los Panama Papers. El ex presidente había sido señalado como uno de los líderes mundiales que tenía sociedades en paraísos fiscales y, para lavar su imagen, anunció con bombos y platillos que transferiría todo su patrimonio a un fideicomiso ciego para que sus bienes pudieran ser administrados por alguien supuestamente independiente. La Inspección General de Justicia, conducida por Ricardo Nissen, concluyó ahora que todo eso fue una puesta en escena: ni Macri había transferido todos sus bienes, ni el administrador había sido independiente, ni el fideicomiso había sido “ciego”.
“La constitución del ‘Fideicomiso Ciego de Administración’ entre Mauricio Macri como fiduciante y la sociedad Seguridad Fiduciaria como fiduciaria, celebrado el 12 de abril del 2016, muy lejos estuvo de constituir un ejemplo de transparencia, prometida largamente durante la campaña electoral del 2015, sino una forma de intentar rebatir, ante la comunidad, la opacidad de su actuación mercantil off shore”, comienza la resolución 226 de la ICJ a la que PáginaI12 tuvo acceso.
La resolución denuncia que las “enormes irregularidades” que habían exhibido quienes participaron de la operación –así como la “falsedad de la causa fin” de la constitución del fideicomiso, es decir, la supuesta transparencia– volvían absolutamente nulo el contrato. La primera de estas irregularidades refería justamente a que lo bienes fideicometidos por Macri no representaban “ni por asomo” la totalidad de su patrimonio. Y es que en el 2015, Macri declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio que ascendía a más de 110 millones de pesos. Sin embargo, según la IGJ, el monto que terminó derivando al fideicomiso sumaba poco más de 44 millones: un 40 por ciento del patrimonio total declarado. Además, como si esto fuera poco, al terminar su mandato presidencial, Macri terminó declarando un patrimonio total que ascendía a más de 273 millones de pesos, lo cual superaba en un 518 por ciento el valor inicial.
Por otro lado, la empresa elegida para administrar sus bienes, Seguridad Fiduciaria, era una sociedad que estaba dirigida por un grupo de escribanos que, de acuerdo a la Ley Orgánica Notarial de la Ciudad de Buenos Aires, tienen incompatibilidad absoluta con actividades comerciales propias o de terceros. Uno de estos escribanos, además, era Carlos D’Alessio, quien había sido nombrado Escribano General de la Nación por el mismo Macri unos meses antes. D’Alessio, que es tío del falso abogado Marcelo, presentó su renuncia antes de constituirse el fideicomiso, sin embargo, no es casual que Macri haya elegido esa empresa para administrar parte de su patrimonio. Por estos motivos, la IGJ solicitó también la nulidad de la sociedad Seguridad Fiduciaria.
La transferencia de 54 millones
En total, Macri traspasó a su fideicomiso cuatro sociedades –Agro G S.A, Cuatro Leguas S.A, Molino Arrocero Guayquiraro S.A y María Amina S.A– y la participación en el Fideicomiso Inmobiliario Caminito. Para la IGJ estas cuatros sociedades no eran “verdaderas sociedades”, ya que las mismas no daban dividendos, los estados contables “no tenían memoria”, las actas de directorio no llevaban firma, y las asambleas eran siempre unánimes (ningún accionista disentía nunca).
La única empresa que se destacaba era Agro G, una sociedad agropecuaria que, a pesar de no registrar haber pagado nunca honorarios ni haber repartido nunca ni un dividendo, transfirió 54 millones de pesos de manera directa a Mauricio Macri. Esta transferencia se hizo a través de acciones preferidas (es decir, las que tienen prioridad a la hora de cobrar) y jamás fue anotada en el libro de registro de acciones. Como si fuera poco, esos 54 millones provenían también de una empresa llamada “Latin Bio”, firma en la que Juliana Awada, la esposa de Macri, es accionista. Todo profundamente irregular. Por este motivo, la IGJ transmitió toda esta información a la Oficina Anticorrupción y solicitó a la Justicia que declare la nulidad del fideicomiso, lo que pondría a Macri en una “delicada situación económica y jurídica”, según indicaron desde la IGJ.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/338438-el-fideicomiso-de-mauricio-macri-no-tenia-nada-de-ciego
