El fideicomiso creado por Mauricio Macri para sus negocios resultó más trucho que ciego

Una red de empresas con nombres que se repiten alrededor de la figura de Mauricio Macri fue detectada y sancionada por la Inspección de Justicia (IGJ) a partir de la investigación sobre el llamado “fideicomiso ciego” del expresidente. Una característica que une a las firmas estudiadas es que durante los años de gobierno de Cambiemos pudieron moverse en la ilegalidad, sin controles casi de ningún tipo ni rendir cuentas. Algunas fueron contratistas favoritas del Estado, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Entre una y otra coinciden mecanismos y nombres. Uno que se repite como hilo conductor es el de Alejandro Braun Peña, primo segundo del exjefe de Gabinete, Marcos Peña. También aparecen una y otra vez el exsecretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, el Ceo de Socma, Leonardo Maffioli, y el empresario amigo de Macri, Nicolás Caputo. Aparece incluso la esposa del exmandatario, Juliana Awada.

Se supone que Macri había armado su famoso “fideicomiso ciego” (una figura legalmente inexistente) para transparentar su patrimonio mientras fuera Presidente, y que quedara bajo custodia de terceros. Cuando la IGJ, que dirige Ricardo Nissen, comenzó a analizar qué había allí, se topó con algunas sorpresas y pistas, bajo la lógica de las “mamushkas” o cajas chinas: estructuras societarias encadenadas que no se sabe dónde terminan, algo que se suele utilizar para ocultar a los verdaderos dueños o beneficiarios de un negocio. El resguardo, a personas en teoría ajenas a los negocios de Macri, fue delegado a una firma llamada “Seguridad Fiduciaria”, denunciada por la incompatibilidad de sus miembros, escribanos, con esa actividad, de índole comercial. Uno de los socios originales había sido el propio escribano de gobierno de Macri, Carlos D’Alessio, tío del falso abogado clave una organización paraestatal de espionaje, Marcelo D’Alessio. La Inspección General pidió este año a la justicia que anule el fideicomiso.

Uno de los grandes hallazgos fue que el expresidente tenía acciones en una empresa llamada Agro G que nunca había declarado y que gracias a esa sociedad se llevó 54.286.824 de pesos que fueron transferidos al fideicomiso durante su mandato, entre 2017 y 2020, desde otra firma llamada Latin Bio SA. Esta le pagó a Agro G con cheques. El primero, que fue de 10 millones, fue cobrado por la empresa y el dinero fue entregado en efectivo al fideicomiso. Todo esto fue denunciado penalmente por la Oficina Anticorrupción en función de lo que había detectado la IGJ. La clave para reconstruir parte de los mecanismos utilizados fue analizar qué son Agro G y Latin Bio, sus socios y cómo hizo Macri para llevarse semejante monto.

El mapa de Agro G y Latin Bio

Agro G (Agropecuaria Guayquiraró), dedicada a la siembra de arroz y la cría de ganado, formaba parte de un conjunto de sociedades del Grupo Uriburu (María Amina SA, Molino Arrocero Río Guayquiraró SA, y 4 Leguas Sociedad Anónima) que tenían en común a Mauricio Macri como accionista minoritario. También al empresario José Alberto Andrés Uriburu. Un rasgo curioso de esas sociedades es que prácticamente no daban dividendos y sus directores renunciaban a los honorarios. El único que se llevó algo, según la IGJ y la denuncia de la OA, fue el expresidente. Hubo dos cuestiones sospechosas: Macri no declaró las acciones que realmente tenía en Agro G y que saltaron vista con la transferencia de su valor, 5.064.938 pesos, al fideicomiso. Eran de las llamadas “acciones preferidas”, que sólo él tenía entre los socios.

Esa modalidad de acciones a través de la participación de Agro G en otras sociedades le permitió al exmandatario obtener un beneficio económico. Agro G tenía un 29,25 por ciento de empresa Latin Bio SA, un 20,25 por ciento era de la esposa de Macri, Juliana Awada, el resto era de Alejandro Braun Peña o de sociedades vinculadas a él.

Latin Bio SA fue creada en 2007 para dedicarse a la explotación del negocio del biodiesel. En 2010 quedó en manos de Braun Peña y su empresa “Cremer y Asociados SA”. Pero en 2014 entró en escena, como director, otro nombre clave del entorno macrista: Pablo Clusellas, por entonces secretario Legal y Técnico del gobierno porteño, hoy auditor general en la Ciudad de Buenos Aires. En 2015 tuvo la precaución de dejar ese lugar, ya que sería nombrado en ese mismo cargo pero en la Presidencia de la Nación. Clusellas volvió en febrero de 2020 como director y como vice fue designada la hija de Braun Peña, Luz Braun Peña. Awada figura como beneficiaria final de esa firma. De la caja de Latin Bio salieron hacia Agro G los más de 54 millones que llegarían a Macri.

La IGJ le ordenó a esa firma que entregue copia del contrato de compra de acciones de Awada, pero eso no sucedió. Es clave la descripción que hizo la OA al hacer la denuncia penal, que le tocó a María Servini: “No puede descartarse que al igual que lo que ocurre en Agro G S.A, el único hombre detrás de dicha firma (Latin Bio) resulte el propio Macri”.

General Lighting, el negocio de las luces led

Alejandro Braun Peña, aparece otra vez en una empresa llamada General Lighting Systems (GLS), que es la continuadora de GE Consumer & Industrial Argentina, una división de la multinacional General Electric. Esta tuvo una inesperada caída en sus negocios en 2016 y ahí fue comprada por el primo del exjefe de gabinete, justo en los comienzos del gobierno de Cabmiemos. Lo hizo asociado con la alemana Peter Cremer Holding GmbH & Co, el 27 de marzo de 2017, que él mismo manejaba. Ya con el nombre General Lighting Systems SA, la empresa fue contratada, por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin cumplir con exigencias de la licitación, para la provisión de más de 5 millones de lámparas led para repartir entre los vecinos y las vecinas, por más de 238 millones de pesos. Lo reveló en 2018 el periodista Alejandro Bercovich, quien señalaba el incumplimiento, además, de requisitos técnicos del Plan de Alumbrado Eficiente. También fue contratada la firma por el municipio de Pilar comandada por el macrista Nicolás Ducoté y en Lanús por la gestión de Néstor Grindetti, que también habría contado con mejores opciones.

La venta de acciones de la empresa original no fue documentada en actas de directorio o asamblea. Lo que sí quedó sentado es que en una asamblea el 8 de marzo de 2017 se decidió un aumento repentino y exorbitante del capital social (de 42 millones a 286 millones de pesos), la mayor parte aportado en efectivo por General Electric, pero veinte días después se concretó la venta. En septiembre del mismo año, se decidió de golpe reducir el capital social, que fue devuelto a los nuevos dueños. A partir de 2017, ninguna de las dos socias presentó sus estados contables ante la IGJ. La alemana por ser extranjera estuvo librada de esa carga durante el macrismo. Todo esto violaría la ley 19.550, de sociedades comerciales. La IGJ declaró la irregularidad e ineficacia de todos los actos administrativos y ordenó iniciar acciones judiciales.

Cuchuy SA, de finca a financista

La finca “Cuchuy SA”, en Salta, tuvo como fundadores a Braun Peña (primo), otra vez, y a Clusellas. Está ubicada en el departamento de San Martín y abarcaba algo más de 9.000 hectáreas de bosques nativos. Los empresarios pidieron al gobierno provincial desmontar 8962 hectáreas, de las cuales se les otorgó permiso para 5316. Quien anunciaba allá por el 2005 que concretaría un negocio agropecuario en esa zona era Franco Macri. El era dueño de 20.000 hectáreas de “El Yuto”, al sur de Cuchuy, adquiridas allí en 1997, en las que su hijo Mauricio tenía participación. Años más tarde, Franco cedería todo el predio a sus hijos. En definitiva, los Macri-Clusellas-Braun Peña, convergían en aquel “emprendimiento” reñido con la ley.

Greenpeace denunció a ambas fincas por desmontes ilegales de bosques nativos, en perjuicio de los pobladores de General Balliván, en el departamento de San Martín, y de las comunidades indígenas de la zona. Es más, los terrenos se habían vendido originalmente con las comunidades adentro. Señalaban a Braun Peña y a los Macri en el centro de la escena en connivencia con el poder político provincial. Como dueños de El Yuto, al sur de Cuchuy, Greenpeace mencionaba también el empresario y excónsul en Singapur, Nicolás Caputo, a Pablo Torello y otros empresarios aliados. Clusellas, vale recordar, estuvo ligado a otras empresas claves del grupo Mari, como Sideco Americana.

Más allá del entramado de nombres, la IGJ considera que el funcionamiento de la sociedad “Finca Cuchuy SA” es ilegítimo. Nunca presentó actas o escrituras completas, lo que es considerado un intento de ocultamiento de información. Quien siempre aparece como nombre visible es Braun Peña. En 2105 estaba en proceso de disolución por pérdidas sufridas, lo que aparece en sus estados contables de 2016. Sin embargo, nunca terminó de disolverse ni comenzó su liquidación y en una asamblea el 3 de agosto de 2017 que nunca fue inscripta en la IGJ, de pronto modificó su objeto social y se convirtió en una especie de sociedad dedicada a las inversiones que ponía dinero en sociedades de garantía recíproca (facilitadoras de crédito), algo que no podría haber sido aprobado por el organismo. El 30 de junio de este año la IGJ le promovió una acción de nulidad por “actividad ilícita” y dio intervención a la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa.

Salta Cotton SA

Salta Cotto SA, sociedad dedicada a la industrialización comercialización de algodón, agrega al recorrido de nombres que se repiten el de Leonardo Maffioli –CEO del grupo SOCMA– en su fundación, en 1997. Años más tarde entra en escena otra denominación ya mencionada en este nota: “Yuto Ginning SA”, de la que él mismo formaba parte y, otra vez, el empresario Alejandro Jaime Braun Peña se convierte en titular de las acciones restantes. En 2004 aparecen nuevos accionistas, aunque de nuevo no tienen tanto: figura “Cremer y Asociados”, la sociedad “disfraz” y comodín del propio Braun Peña. En ese entonces reformó su objeto social para extenderlo, por ejemplo, a la explotación y administración de inmuebles rurales, y convocó a otro conocido Pablo Clusellas, que asumió como presidente, aunque ya había actuado en nombre de “Cremer”. En marzo de 2012 fue nombrado otra vez director y presidente.

En la IGJ notaron que la empresa entregaba sus estados contables con regularidad pero omitía el acta que daba aprobación. Y esto, al parecer, ocurrió con la asamblea de febrero de 2015 y en la del 29 de febrero de 2016, donde Clusellas renovó su mandato, cuando ya había asumido como secretario Legal y Técnico de la presidencia, algo que representaría una incompatibilidad, que ese cargo solo admite el ejercicio de la docencia. Después de eso, Salta Cotton SA no presentó más estados contables. El 28 de marzo de este año la IGJ dispuso su fiscalización permanente y la intimó a entregar la documentación adeudada, algo que no ocurrió. Algunos de los elementos de sospecha que se repiten: la omisión de la presentación de actas, la nula distribución de dividendos entre los accionistas (lo que hace suponer un desvío de dinero, como en Agro G), las irregularidades en la designación de autoridades y, entre otras, las participaciones societarias efímeras.