El federalismo que nunca existió

El “federalismo cooperativo, horizontal y democrático” –con una descentralización de la administración pública– anunciado por Alberto Fernández como una posible primera medida de su gobierno en caso de llegar a la Casa Rosada contrasta con el unitarismo fiscal, económico y político de la Alianza Cambiemos. El presidente Mauricio Macri se jactó en los últimos años de que su gestión había sido la más federal de la historia. Sin embargo, los números lo desmienten: del total de la suba de la coparticipación de los últimos años, el 73 por ciento fue direccionado hacia la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires en detrimento del conjunto de las provincias del país. En comparación con 2015, hubo 18 jurisdicciones que recibieron menores transferencias automáticas medidas en pesos constantes por habitante. Los dos proyectos de Cambiemos anunciados como los hitos del federalismo, el Plan Belgrano y el Plan Patagonia, quedaron casi en la nada.

Entre 2015 y 2018 los recursos distribuidos a las provincias vía coparticipación tuvieron un incremento de 96.757 millones de pesos pero su distribución no redundó en el federalismo declamado por la Alianza Cambiemos. De este total, según determinó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el 72,6 por ciento se concentró en Buenos Aires (32,7 por ciento) y CABA (39,9 por ciento).

Dentro de las primeras decisiones de Mauricio Macri como Presidente, además de devaluar el peso, aplicar un megatarifazo en los servicios públicos y eliminar retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo que hizo fue modificar la coparticipación hacia CABA con la excusa de la policía local. El resultado fue abismal. En 2016, la Ciudad tuvo un incremento del 243 por ciento en sus Recursos de Origen Nacional, según la información publicada por la Secretaría de Hacienda. Durante ese primer año, los recursos para el resto de las provincias aumentaron, en promedio, un 28 por ciento.

Entre 2015 y 2018, los recursos para CABA se multiplicaron por siete al pasar de los 8349,5 millones a los 57.853,4 millones de pesos, una suba del 593 por ciento; es decir, más de 450 puntos porcentuales que la suba para el resto de las provincias.

El discurso del “cambio” había llegado con la promesa de desterrar la supuesta práctica del “látigo de la billetera” con la que se acusaba a las administraciones kirchneristas. Hábiles en trastocar sentidos, la discriminación en la distribución de recursos fue práctica consolidada durante el macrismo. Esto puede apreciarse al comparar los presupuestos nacionales en relación con las transferencias de capital, inversión real directa e inversión financiera.

Entre 2012 y 2015, las transferencias hacia las provincias de la Patagonia tuvieron un incremento –promedio– del 199 por ciento, mientras que para Buenos Aires crecieron un 96 por ciento. En cambio, para el período 2016-2019, el promedio de las transferencias para Río Negro, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz registró un exiguo incremento del 21,6 por ciento, frente al 91 por ciento de suba para Buenos Aires. El “látigo de la billetera” estuvo disfrazado de globo amarillo. Con un dato extra: entre 2016 y 2019, las transferencias presupuestadas para Santa Cruz marcaron una caída del 44 por ciento.

A su vez, el llamado Pacto Fiscal fue el mecanismo para trasladarles el “ajuste” a las provincias a favor de Buenos Aires luego de la eliminación del Fondo del Conurbano. El Gobierno también le puso final al Fondo Federal Solidario: las provincias perdieron 35 mil millones de pesos según cálculos del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que dirige el economista Claudio Lozano.

La falacia discursiva sobre el federalismo siguió con el Plan Belgrano y su homónimo patagónico. El primero llegó a tener, por lo menos, una unidad ejecutora dependiente de Jefatura de Gabinete, aunque con un presupuesto exiguo: en 2020 se le destinarán 115 millones de pesos, apenas un 18 por ciento superior a las partidas vigentes.

El Plan Patagonia corrió peor suerte: nunca tuvo presupuesto ni estructura dentro del Estado, salvo por el nombramiento de un coordinador (Sebastián Lew). “Fue una reunión muy fructífera, la primera luego de 20 años”, lanzó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, durante una conferencia de prensa que representaba el puntapié incial del proyecto. “Esta es una prioridad política del Presidente y de los gobernadores. Este encuentro deberá continuar con otros y hacer partícipe a la sociedad civil”, agregaba el funcionario.

El anuncio del tan mentado Plan Patagonia ocurrió el 9 de febrero de 2017. Macri llevaba en el Gobierno poco más de un año y la mayoría de les mandataries de la región le rendían pleitesías. “La verdad es que no quería poner obstáculos en esa participación, quizás había buenas intenciones pero en el corazón sentía que era una puesta en escena, aunque no lo podía decir porque era adelantarme a los hechos. Los gobernadores creyeron que el Plan Patagonia iba a ser un hecho; se habló de articulación y coordinación pero no sentí que tuviera fuerza. El Plan Patagonia terminó en una simple conferencia de prensa”, sostuvo la gobernadora Alicia Kirchner en diálogo con Agencia Cadena del Sur.

En realidad, el Plan Patagonia terminó siendo una planilla de Excel –con un cúmulo de iniciativas sin priorizar– y una página web que el Poder Ejecutivo Nacional utilizó para cuestionar las políticas sectoriales, las promociones industriales, la distribución de subsidios e incluso el rol del Estado nacional como promotor del desarrollo.