Luego de la “miserable” respuesta de Paolo Rocca a la pandemia, un grupo de empresarios entregaron al presidente Alberto Fernández un documento que resulta muy elocuente respecto del modo en que cierto sector del empresariado que se presenta como dialoguista y racional se imagina la salida de la crisis sanitaria. La iniciativa cuenta con el apoyo de grandes empresas como el Grupo Peñaflor, Banco Macro, Telecom, globant, Havanna y Supervielle, entre otros.
En primer lugar, el documento instala la urgencia del día después y adelanta una serie de alternativas para gestionar el escenario de la post-cuarentena. Algunas de las propuestas pueden ser evaluadas como razonables, sin embargo, leídas en su conjunto, resultan expresivas del modo en que podría cambiar la vida de nuestra sociedad si la gestión de esta amenaza invisible dependiera del actor invisible por excelencia, el “mercado”.
El documento propone la creación de ciudadanías de nuevo cuño: el pasaporte ciudadano Covid 19 para facilitar el tránsito de trabajadores clave que se encuentren sanos e inmunes y “los certificados de inmunidad” para las personas y empresas que puedan solventar los costos del test de 24 horas. Es decir, garantiza el flujo de circulación y la ciudadanía digital para determinadas empresas y sus trabajadores, mientras impone fuertes restricciones al resto de la población.
Para los grupos de riesgo, al igual que lo ha propuesto el gobierno nacional, regiría el aislamiento selectivo. Pero estas medidas de aislamiento estricto también deberían alcanzar a los grupos vulnerables, a las poblaciones con problemas habitacionales (que en este contexto sí deberían ser “refugiados” en algún espacio seguro), y a todos quienes no tengan recursos para enfrentar la pandemia.
En las calles, para el resto de los ciudadanos que no aplican a ninguna de estas tres categorías (no son grupos de riesgo ni vulnerables, y tampoco trabajadores “clave” sanos e inmunes) se aplicarían otro tipo de restricciones: el uso masivo de barbijos o de máscaras, la distancia social, las “filas seguras” y la toma de temperatura en todos los lugares posibles, por ejemplo.
Por otra parte, el documento propone medidas de asistencia para empresas y rebajas impositivas que se pagarían con bonos públicos en poder de las empresas, al mismo tiempo que, en sintonía con los balcones del ajuste, plantea la necesidad de una reducción del gasto público (suspensión de viáticos y gastos de representación que obviamente se reducirán en este nuevo contexto, el no pago del bono de 10000 pesos a los empleados públicos, el no pago de aportes a los sindicatos estatales, baja de gastos en empresas públicas, y la suspensión de obras públicas y de compras con excepción de las vinculadas a la lucha contra el coronavirus). Eso sí: debe restaurarse el servicio de justicia, porque seguramente habrá litigiosidad que resolver en el nuevo contexto de emergencia. Para terminar, el documento plantea que el gran mercado potencial a la salida de la crisis para la Argentina será, “chocolate por la noticia”, el de la agro-industria.
En resumen, la implementación de un estado mínimo sanitario, ocupado únicamente en el rescate de los sectores privados, el aislamiento de los vulnerables, y el combate al coronavirus. El mundo de los empresarios racionales nos saca del encierro pero nos arroja a una desigualdad mayor y más ostensible que aquella en la que vivimos.
Es evidente que el fin del aislamiento y el retorno a una gradual normalidad no será neutro. Nos acercamos a un escenario de crisis superpuestas: la que seguirá produciendo la continuidad de las actuales medidas restrictivas en ciertos sectores, la que ha generado la inactividad económica de estas semanas de cuarentena y la que heredamos de los cuatro años de gobierno neoliberal. La pregunta por quién pagará la crisis permanece abierta. Para algunos empresarios, como Rocca, la respuesta no se discute y quienes deben pagar son los trabajadores. Para los que suscriben el documento que recibió el presidente este fin de semana, la respuesta debe ser dialogada pero el que debe hacerse cargo es el Estado, aunque esté sometido a restricciones estructurales según reconocen. El Congreso debatirá hoy otras propuestas, como el cobro de un impuesto extraordinario a los beneficiarios del blanqueo que realizó Mauricio Macri en 2017. Será interesante ver cómo se resuelve esta puja entre distintas fuerzas y quién asume el pagadiós esta vez: si los que siempre pierden, o los que siempre ganan.
Verónica Torras es Licenciada en Filosofía por la UBA y Daniel Rosso es Sociólogo por la UBA
