El decreto que permite que el plan vacunación llegue hasta los menores

Tras meses de negociaciones confidenciales con los equipos técnicos de los laboratorios estadounidenses y la Casa Blanca, el gobierno nacional anunció la publicación de un DNU que permitirá destrabar la adquisición de vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. En primer lugar, se creará un “Fondo de Reparación Covid-19” que se hará cargo del pago de indemnizaciones en el caso de que una persona sea dañada por la aplicación de la vacuna. En segundo, se eliminará el término “negligencia” como supuesto de responsabilidad en la ley de adquisición de vacunas, que ya había sido identificada como una de las principales trabas para la negociación con Pfizer. Y, por último, establece que todos los bienes del Estado tendrán “inmunidad soberana”, a excepción de las regalías que percibe por la explotación de recursos naturales. “Esto abre tres posibilidades para recibir vacunas: los convenios bilaterales que tenemos con distintos laboratorios, el mecanismo COVAX, y la oportunidad de nuevas donaciones de diferentes estados, especialmente Estados Unidos”, explicó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien fue la encargada, junto a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, de hacer el anuncio. El DNU, que se publicará el sábado en el Boletín Oficial, se girará la semana que viene al Congreso en donde el oficialismo le dará una rápida aprobación.

“El presidente tomó la decisión de firmar un DNU para que la Argentina pueda adquirir vacunas pediátricas y ampliar el espectro de vacunas disponibles para la población en general. Este DNU que se firma hoy es el resultado de un proceso arduo de negociaciones con los laboratorios que habían manifestado la imposibilidad de contratar en el marco de la ley”, comenzó, cansada pero de buen humor, Vilma Ibarra en una conferencia de prensa en Casa Rosada. Luego de varios días de especulaciones y un intento frustrado del bloque de Diputados de Juntos Por el Cambio de modificar la ley 27.573, las dos funcionarias que estuvieron sentadas en la mesa de negociación con los gigantes norteamericanos, junto a Cecilia Nicolini, anunciaron que se había llegado a un acuerdo. “Fue un trabajo de muchos meses, y decidimos anunciarlo cuando entendimos que las partes se habían acercado lo suficiente y se había llegado una solución. Es el timing que se requería”, indicó una de las funcionarias a este medio, intentando zanjar las teorías que sostenían que se había actuado debido a la presión creciente por la falta de un acuerdo con Pfizer (que es una de las pocas vacunas aprobadas para ser aplicadas en niñes y adolescentes).

Cambios en el DNU

“Hemos trabajado arduamente para acercar posiciones entre las demandas de los proveedores y los intereses del Estado, para llegar a un acuerdo en el que se cumplan los deseos de los laboratorios pero se respeten los intereses de la Nación”, explicó la secretaria Legal y Técnica, con un mensaje que giró siempre en torno a la dificultad de conciliar las exigencias de los laboratorios con la necesidad de proteger los bienes e intereses del Estado. La primera novedad de este “marco legal superador”, consiste en la creación de un Fondo de Reparación Covid-19 para responder al pago de indemnizaciones “ante la eventualidad de que una persona pueda ser dañada por la aplicación de una vacuna”. Este fondo se utilizará para todas las vacunas (no solo las norteamericanas) y estará formado por el 1,25 por ciento del valor “free carrier” (es decir, sin los costos de la logística) de las vacunas administradas. “Tenemos la tranquilidad de que hay un fondo que responde y, si no lo hace, es el Estado el que se hace cargo”, explicó Ibarra.

En segundo lugar, el DNU suprime la palabra “negligencia” como supuesto de responsabilidad para los laboratorios en la Ley 27.573, habilitando así la posibilidad de un acuerdo con Pfizer (cuyo gerente, Nicolás Vaquer, había admitido que había sido uno de los impedimentos para cerrar las negociaciones). Este, sin embargo, no fue el único cambio en la ley de adquisición de vacunas. En el artículo 4, en donde refiere al término “negligencia” y a la facultad del Ejecutivo de establecer cláusulas de “indemnidad patrimonial”, se reemplaza la expresión “maniobras fraudulentas, conductas maliciosas” por la de “conductas dolosas”. Un concepto más claro y que se utiliza en el Código Civil.

Por último, en materia de inmunidad de los bienes del Estado, se exime de inmunidad a las regalías que percibe el Estado y los bienes privados del Estado a la hora de responder por eventuales ejecuciones. Mientras tanto, todos los bienes soberanos establecidos en la Ley de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda “permanecerán soberanos”, es decir que no pueden ser sujetos a ejecuciones. Entre estos últimos bienes se encuentran las reservas del Banco Central, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses, las embajadas, buques, etc. “Esta fue una instrucción precisa del presidente”, insistió, en repetidas ocasiones, Vilma Ibarra.

Según indicaron las funcionarias, estas modificaciones permitirán “abrir las puertas” para negociar con varios laboratorios que habían tenido objeciones con el primer marco legal. “No estamos plasmando un acuerdo, estamos anunciando un DNU”, advirtieron, dando a entender que aún falta la firma en los contratos con Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Sin embargo, existen muchas expectativas, luego de largas negociaciones con la Casa Blanca, de que en algunos días más se defina la cantidad de dosis que llegarán a a Argentina como parte de la donación que el presidente norteamericano Joe Biden hará a América Latina. “Cuando cerremos el acuerdo confirmaremos la cantidad de dosis”, indicó una de las figuras que participa de la mesa de negociación. Mientras tanto, tal como indicó Vizzotti en la conferencia, ayer se batió un nuevo récord con 400 mil dosis aplicadas.

Congreso

“No hubo uso político”, insistieron tanto Vizzotti como Ibarra a la hora de explicar por qué se había decidido imponer la vía del DNU por encima de la del trámite parlamentario. “Muchos preguntaron por qué no se había votado la propuesta de la oposición. Menos mal que no se votó porque si se votaba eso, no podríamos contratar. Tenemos que ser responsables porque estamos en una pandemia. Nadie de la oposición estuvo en la mesa de negociación para conocer los requisitos”, disparó Vilma Ibarra, en el único momento en el que la conferencia levantó un poco la temperatura.

Ahora, una vez que el DNU se publique en el Boletín Oficial, el próximo paso para su aprobación será el tratamiento en la Bicameral de Trámite Legislativo, una comisión en la que el Frente de Todos ha avalado todos los decretos presidenciales desde que comenzó la pandemia. Según adelantaron legisladores del oficialismo a este diario, la comisión se reunirá los primeros días de la semana que viene y aprobará el DNU.