El Congreso entró en receso hasta enero

Tras las urgentes y maratónicas sesiones en el Congreso que convirtieron en ley el megaproyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, el Parlamento entrará en receso en lo que queda de este año y retomará su funcionamiento a mediados de enero. Allí tendrá tratamiento, como uno de los temas prioritarios del Gobierno, la eliminación de los regímenes jubilatorios de privilegio de jueces y diplomáticos. Esto será tratado durante las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo extendió hasta el 29 de febrero de 2020. Se trata de un compromiso que asumió el presidente Alberto Fernández en medio del debate de la ley de emergencia económica y previsional, que suspende por 180 días la actualización automática de jubilaciones y pensiones. El nuevo método de cálculo también deberá ser aprobado por el Congreso a mediados de año.

Con la mega ley que declara las “emergencias en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”, el gobierno tendrá las facultades para que  Alberto Fernández impulse las prioridades que le imprimirá a los primeros meses de su gestión.

Ayer, el Gobierno promulgó la ley de Solidaridad con un veto parcial del Presidente al artículo 52 del texto de la ley sobre los derechos de exportación (retenciones) para los hidrocarburos, donde precisa el cálculo del valor en boca de pozo por el cual las empresas pagan regalías a las provincias productoras (ver aparte).

Tal vez por eso motivo, la única acción que llevaría adelante el Congreso en lo que queda del año sería la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que analiza los DNU, decretos del Ejecutivo, de delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes. La única Bicameral conformada tras el recambio legislativo del diez de diciembre, que presidirá el diputado oficialista Marcos Cleri y el senador radical Luis Naidenoff ocupará la vicepresidencia.

La bicameral se constituyó jueves pasado, antes que Diputados comenzara a tratar la Ley de Solidaridad y donde el Frente de Todos tendrá mayoría: 9 legisladores propios entre los 16 integrantes de ambas Cámaras del Congreso. 

El reparto proporcional, en base a la representación legislativa, es de paridad entre los diputados: cuatro para Frente de Todos (Cleri, Lucía Corpacci, Pablo González y Pablo Yedlin) y cuatro por Juntos para el Cambio (Omar de Marchi, Gustavo Menna, Luis Petri y Pablo Tonelli). 

Mientras que entre los senadores, el oficialismo consigue más asientos en la comisión bicameral: cinco para el FdT (Anabel Fernández Sagasti, Teresa González, Daniel Lovera, Guillermo Snopek y Mariano Recalde); y tres para JpC (Pedro Braillard Poccard, Pamela Verasay y Naidenoff).

El resto de la actividad parlamentaria entrará en receso hasta la segunda quincena de enero. Las dos semanas cortas que quedan de 2019, con Navidad y fin de año en el medio, sumada a la habitual parálisis del Congreso durante enero, donde la mayoría de personal está de vacaciones, conspiraron contra la posibilidad de su funcionamiento. Incluso, la sesión que en principio Diputados tenía prevista realizar en los últimos días de esta semana también se suspendió.

Allí se quería convertir en ley la suspensión del Pacto Fiscal que la administración macrista había sellado con las provincias, y por la cual se veían obligadas a bajar sus impuestos territoriales. La suspensión se acordó en una reunión que el presidente Fernández tuvo con todos los gobernadores. El Senado aprobó rápidamente su media sanción en la sesión del viernes pasado, pero ahora deberá esperar hasta enero para convertirse en ley.

Cuando se retome la actividad parlamentaria a mediados de enero, el otro eje será “el tratamiento del proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático”, como lo especificó el propio Presidente en el tuit, con el que destrabó el debate en el Senado. 

El oficialismo –según describió el diputado neuquino Darío Martínez, que participó de todas las negociaciones— excluyó al régimen judicial de la suspensión de la actualización automática de las jubilaciones. “Lo acordamos con Alberto”, aseguró, para evitar que el lobby del sector o la judicialización paralice la mega ley que necesitaba el Gobierno. Ahora, el Congreso deberá decidir la continuidad o no del privilegiado régimen jubilatorio del Poder Judicial.