“La decisión política no debe limitarse a brindar las herramientas para combatir el delito (…) Debe procurar la inclusión social, la cultura del trabajo y respeto por el prójimo”. Es una de las frases políticas de un discurso muy político de un funcionario que en teoría debería hablar por sus fallos y no por la política. El que no habló por sus fallos, sino en este discurso fue el presidente de la Corte Suprema –autovotado– y presidente del Consejo de la Magistratura –ídem–, Horacio Rosatti, el jueves en Rosario, acompañado por los otros tres miembros de la Corte y ante unos cien jueces federales de todo el país.
En medio de un circo mediático que inflaba declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre una presunta candidatura para el 2023 y la interna por las candidaturas en Juntos por el Cambio, si éramos muchos, parió la partera y apareció otro candidato en el horizonte. Desde que aceptó llegar a la Corte por la ventana de un decreto, Rosatti ha sumado presidencias, lo que mostró su vena esencialmente política, más que judicial.
La puesta en escena en Rosario con un discurso crítico del poder político fue una forma de ratificar su liderazgo en el ámbito del que la sociedad tiene la peor imagen. Pero resulta llamativo el acento social de sus palabras, cuando ha sido el Poder Judicial, aliado a los intereses corporativos del capital concentrado, el que frenó todas las medidas que apuntaron a la desigualdad.
Como dijo Cristina Kirchner al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad del Chaco Austral, cada vez que el Poder Ejecutivo o el Legislativo afectan intereses corporativos, aparecen las famosas cautelares y los tribunales que les dan curso para proteger a esos intereses. Pasó en la misma provincia de Santa Fe cuando un juez impidió que el Estado, como acreedor principal, interviniera en la quiebra fraudulenta de Vicentín. O el tribunal que congeló la declaración de internet y las telecomunicaciones como servicios de interés público. Pero también fue la Corte que desmanteló la ley antimonopólica en el ámbito de la información.
Ni la Corte ni este sistema judicial han salido de un repollo y no tienen un solo antecedente, ni destacado ni mediano, en la lucha contra el narcotráfico. Es una Corte que no tiene autoridad moral para juzgar al poder político.
El ministro de Justicia, Martín Soria, les soltó que “es una caradurez mostrar ahora preocupación por lo que pasa en Santa Fe cuando en todos estos años no hicieron nada”. “¿Dónde estaban estos jueces de la Corte y el procurador Eduardo Casal cuando el gobierno de Mauricio Macri suspendió la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal?”, cuestionó. Esta norma les daba poder a los fiscales de todo el país para poder combatir la droga y el narcotráfico, que fue el motivo de la convocatoria en la que habló Rosatti.
Resulta bochornoso y hasta insultante que el presidente de la Corte hable de un tema sobre el cual no ha hecho nada y critique a los demás porque, según su opinión, tampoco lo hicieron. Soria recordó también que el procurador Eduardo Casal –que escuchó atentamente el discurso de Rosatti– era el que debía nombrar a los fiscales para afrontar el combate al narcotráfico y nunca los nombró. Y que la Corte no hizo nada tampoco en 2017 y 2018 cuando se denunció que cada 25 horas había un muerto en la provincia de Santa Fe por las peleas entre narcos. “Se los veía muy cómodos durante la gestión de Cambiemos”, remató Soria.
Rosatti se equivocó: ante la sociedad, no habla desde el estrado de su Señoría, sino desde el banquillo de los acusados. Su discurso hace ruido por esa confusión de lugar. Y no podría haber elegido una forma peor para darle protagonismo a un Poder Judicial criticado por su complicidad con el lawfare durante el macrismo y por sus facetas corporativas. Que el presidente de la Corte critique al gobierno nacional ante un público de jueces es usar la corporación para hacer política, en tono con las acusaciones de complicidad con el lawfare macrista.
El discurso de Rosatti en Rosario fue una puesta en escena que buscó consolidar su abordaje a la Magistratura y sostener al procurador interino Casal, un hombre de confianza del macrismo. Pero también fue una forma de ubicarse en el foco de la política en el comienzo de un año electoral. De todas maneras, el sector más corporativo del Poder Judicial ve con preocupación las iniciativas para democratizarlo que se empiezan a discutir en el Congreso.
En el Frente de Todos, el debate que no termina de perfilarse como debate o como pelea o disputa, provocó algunas desinteligencias cuando Alberto Fernández confirmó én España que se presentará en una interna para repetir en el 2023 y dos días después, en Francia, lo negó. Dijo que estaba más abocado a gobernar que a pensar en candidaturas.
La corporación de medios, que tiene un alineamiento ya probado, vio primero el anuncio de la candidatura de Alberto Fernández como un desafío contra Cristina Kirchner. Después, cuando el Presidente se retractó, la explicación fue que como su declaración no había suscitado apoyos en el peronismo, había preferido dar marcha atrás. No está claro que esa pelea, disputa o debate se resuelva ya por esa vía, aunque es una de las posibles. Todavía hay camino que recorrer, gestos y contactos.
El Senado dio media sanción al proyecto de multar a los capitales que fugaron al exterior sin declarar, y juntar lo recaudado en un fondo para el pago de la deuda con el FMI. El proyecto era impulsado por Cristina Kirchner. Al mismo tiempo, el Gobierno adelantó la vigencia del nuevo salario mínimo, que será de 45.240 pesos y se cobrará en junio. Esta era una propuesta de Máximo Kirchner.
En realidad, todos los debates tienen un poco de pelea o de disputa. En todo caso, lo que Cristina Kirchner quiso decir fue que no se trataba de romper el Frente de Todos, sino de dar un debate de contenidos y propuestas.
Pero los debates tienen su propia deriva y a veces toman la forma de disputa y de pelea, y la corporación mediática siempre lo presenta así, lo que genera mucho desgaste. En ese transcurso quedó claro que dentro del Frente de Todos hay diferentes ideas, a veces son matices y otras tienen que ver con políticas distributivas y el manejo del poder político. Pero, en un país que sobrelleva altos niveles de inflación, se corre el riesgo de que las disputas empiecen a percibirse como algo muy ajeno y cansador.
Juntos por el Cambio no tiene el sobrepeso que implica la gestión y se metió de cabeza en una interna con gran cantidad de aspirantes. Patricia Bullrich, Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Miguel Angel Picheto juegan por la misma candidatura. Según las encuestas, la que tiene más posibilidades en la interna es Patricia Bullrich, y Larreta sale tercero, pero es el que tiene más chances en la nacional. El que más respaldo tiene en la corporación de medios es Macri, que sale segundo en la interna y es el que tiene menos posibilidades en la nacional. El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, se retiró de la dirección de la alianza y advirtió que perderán si no suman aliados. Elisa Carrió salió furiosa contra Macri por sus reuniones con Ricardo Lorenzetti. Y cuando Larreta le ofreció a Macri su teléfono para que viera que no tiene contactos con el Gobierno, alguien le dijo que no se preocupe, que Macri ya sabía todo lo que tenía el celular. Pero al que Macri acusa de estar armando con Alberto Fernández es a Gerardo Morales, que también lo niega. Y Javier Milei les muerde los flancos mientras discuten.
