Con todos los cañones apuntados al tema de “la Educación“, varios diputados de Juntos por el Cambio –de procedencias diversas dentro de la coalición– presentaron en estos días proyectos de ley con este gran título. Tienen puntos que ya existen o se superponen con lo previsto en la Ley Nacional y en la (siempre compleja) organización interna de un sistema educativo “transferido” desde el menemismo para acá. La creación de un Instituto Nacional de Evaluación, las Pruebas Aprender, la rimbombante “emergencia educativa”, con los 190 días de clase como meta. Con cambios de nombre para decir más o menos lo mismo, según se advierte en el repaso, hay, sin embargo, una novedad meritocrática: premiar con más recursos a aquellas jurisdicciones que muestren “mejoras significativas en sus indicadores
educativos”. Lo que también aparece es un caballito de batalla que la oposición se muestra decidida a lustrar de acá al 2023, porque si algo ha evaluado, es cuánto le rindió en la pandemia.
El proyecto de “Ley de Evaluación Integral y creación del Instituto Nacional de Evaluación, Investigación e Información del Sistema Educativo Nacional” es de autoría de Maximiliano Ferraro, y lleva muchas otras firmas, entre otras las de Sabrina Ajmechet, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Mario Negri, Paula Oliveto, Facundo Manes, Alejandro Finocchiaro, Mariana Zuvic, Rogelio Frigerio (en ese orden de aparición). Fue presentado sobre el fin del año legislativo, la semana pasada, con el comienzo de clases entre los temas de agenda y previa nota de anuncio en Clarín.
Su punto más polémico es la creación de un “Fondo Educativo para la Mejora Permanente”, que tendría como objetivo “generar estímulos“. ¿Cómo? Asignando recursos a aquellas jurisdicciones “que lograron cumplir los objetivos o alcanzaron mejoras significativas en sus indicadores educativos definidos previamente en el plan anual de evaluación”.
¿Mejor para quién?
“Nuestra idea es que además de proveer datos e investigación sobre la educación argentina, que ya es mucho, la ley también tenga incidencia positiva en la calidad educativa. Preguntamos a economistas cómo podíamos lograrlo y nos dijeron que podría ser a través de un estímulo de fondos extra para las provincias”, explicó la flamante diputada Ajmechet.
No desde el campo de la economía sino de la educación, diversos especialistas plantearon la pregunta: ¿Por qué premiar algo que, se supone, los gobiernos y funcionarios de turno tienen por tarea asumida hacer bien? ¿Y a quiénes beneficiarían o perjuciarían estos “premios y castigos”? ¿A esos funcionarios que hacen las cosas mejor o peor, o impactaría en el sistema educativo, ergo, en los niños y niñas que necesitan aprender, más allá de las falencias o adversidades estructurales?
Quien esto escribe objeta el “periodismo de Twitter”, pero en este caso las aristas del debate se desplegaron en las últimas horas allí de manera interesante: “Frente al deterioro, aparecen los incentivos. A escuelas, a docentes, ahora a provincias… Es el fin de la política pública como tal: dado que no se sabe qué hacer, se espera que el premio ejerza su magia. Suena a renuncia a la acción“, escribió el especialista en educación Alejandro Morduchowicz. Fue en un muy interesante hilo sobre el modo en que economistas y educadores suelen tener “una diferencia (casi) irreconciliable, los primeros aman los resultados y los segundos los procesos”.
Se sumó otro especialista, el exministro del macrismo en la Ciudad Mariano Narodowski: “La provincia cuyos alumnos tienen mejores resultados, reciben más. Las provincias cuyos alumnos tienen peores resultados y por ende necesitan mejores recursos: no hay más plata. Para castigar al mal gobierno perjudican a los chicos más pobres. Un planteo rústico, ¿o me equivoco?”.
A evaluar, a evaluar
“Recuperar la cultura de la evaluación” es el objetivo planteado por Ferraro, que no pudo hablar ante la consulta de este diario. Entre los puntos de su proyecto ha destacado un “fondo educativo para asignar recursos en base a metas y objetivos“. “Es necesario evaluar para mejorar. Y que no dependa del gobierno de turno. Es una gran iniciativa confluir en un organismo todos los procesos de evaluación, información e investigación educativa. Es urgente una evaluación integral, porque el futuro es la Educación”, expresó.
Hay jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires que ya tienen, sin embargo, una estructura autárquica especialmente dedicada a la evaluación, del tipo de la que propone el proyecto. También existe un área de Evaluación en el Ministerio de Educación, elevada al rango de Secretaría desde la gestión de Esteban Bullrich. Y además está el Plan Nacional de Evaluación Educativa 2021-2022, aprobado por el Consejo Federal de Educación, con las recomendaciones del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, integrado por especialistas del campo, representantes del Ministerio, del CFE, de los gremios docentes, y también del Congreso.
“Hay una intencionalidad política de presentarse como preocupados por la educación. Desinvierten cuando son gobierno y ahora presentan proyectos con cosas que ya se están desarrollando”, critica la diputada por el Frente de Todos Mara Brawer, quien ocupó cargos en los ministerios de Educación de Nación y Ciudad. “Es un muy mal mensaje de la política hacia el sistema educativo, que hoy está haciendo muchísimo esfuerzo: ustedes no están haciendo nada, venimos con una ley salvadora. Cuando en realidad hay mucha inversión en políticas de reinserción y conectividad, después de la gran desinversión del macrismo”, opina, mencionando la inversión actual en programas como Volvé a la Escuela y las becas Progresar.
“Premiar con recursos económicos a aquellos a los que les vaya mejor es la base para la constitución de la injusticia. En Argentina la cultura evaluativa existe, lo que no existe es una cultura de evaluación en base a la meritocracia”, objeta. “Estamos a favor de las evaluaciones integrales, como dice el proyecto de Maximiliano. Y sabemos que la Argentina tiene pendiente discutir la evaluación docente, pero eso debe ser con los gremios adentro. La formación se discute junto con la carrera docente, la política salarial y las condiciones de trabajo, y en eso hay que avanzar”.
Juntos por la Educación
El “tema educativo” mostró su gravitación durante la pandemia. Mientras, como apunta Mario Wainfeld en la edición de ayer, el gobierno erró estrategia, minimizando la importancia de la organización escolar en la vida cotidiana, la oposición avanzó con la bandera de “escuelas abiertas”.
En la reciente mesa nacional de Juntos por el Cambio quedó claro que toda la coalición se alineará discursivamente tras este tema. También en el Congreso: Tras el recambio, y la nueva virtual paridad, la de Educación es una de las comisiones en disputa por su presidencia y por la mayoría en la comisión.
La diputada Blanca Osuna (FdT) fue su última presidenta. Integra además el Consejo de la Calidad de la Educación, que tras ser creado por la Ley Nacional de Educación en 2006, se puso finalmente en funciones el año pasado. “Allí tuvimos la oprtunidad de trabajar sobre el plan nacional de evaluación, fue un proceso de debate muy interesante sobre indicadores, instrumentos, formato. Con énfasis en que la evaluación debe ser integral, participativa, no punitiva. Ni estar sometida a formatos mercantilistas privatizantes”, recuerda.
“Cuando un espacio político hace este tipo de planteos, va de suyo que tiene que dar cuenta de lo que hizo cuando fue gobierno, es el sentido último de la política. Debería darles vergüenza a quienes destruyeron políticas y programas sustantivos para sostener el sistema educativo”, plantea Osuna sobre los proyectos que están en mesa de entradas de Diputados. “De todas formas, si este debate gana espacio, en buena hora. Debatamos sin dejar afuera las voces que hay que escuchar, como las de los docentes”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/403005-educacion-un-proyecto-de-juntos-para-el-cambio-para-que-solo
