Eduardo Casal está en la mira del Congreso

La Comisión de Juicio político de la Cámara de Diputados analizará los 12 pedidos de remoción que fueron presentados contra el procurador interino, Eduardo Casal. Así lo decidió la Comisión Bicameral que fiscaliza el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y que recibió las denuncias. También citó para este miércoles a Gabriela Boquin, la fiscala que frenó el acuerdo que en 2016 estuvo a punto de condonar la deuda millonaria del Correo Argentino, del Grupo Macri, y a quien Casal le inició un sumario por supuestos malos tratos a empleadas el mismo día que debía responder un pedido de informes de los diputados y senadores. El procurador interino abrió la investigación interna pero ante el pedido de respuestas sobre cuestiones presupuestarias y de expedientes disciplinarios, dijo que no tenía personal disponible para hacerlo debido a la pandemia. El fin de semana, sin embargo, empezó a mandar fotocopias al Congreso.

La reunión de la Bicameral del Ministerio Público, que preside el senador Martín Doñate (Frente de Todos), se hizo por Zoom y tuvo momentos de alta tensión entre sus miembros, que se superponían casi a los gritos. Algunos opositores se enojaron después que una mayoría votó remitir los pedidos de enjuiciamiento a la Comisión de Juicio Político. Hubo quejas porque no lo habían citado antes a Casal a hacer un descargo. En el encuentro se mezclaron cuestiones que desembocaban en lo mismo: la Bicameral le había pedido informes al jefe interino de los fiscales sobre la ejecución del presupuesto, designaciones excepcionales y sumarios y expedientes administrativos. El mandó una nota cuando se le vencían los diez días de plazo, el miércoles último, explicando que por las medidas de aislamiento no tenía personal suficiente. Pero el mismo día llamó por la noche a Boquin para decirle que se le había abierto el sumario por los maltratos denunciados por dos empleadas, dos años antes, justo cuando se acrecentaba el revuelo por el Correo. El fin de semana empezó a mandar fotocopias.

“Casal no está tomando el pelo”, se quejó el diputado oficialista Rodolfo Tailhade. Cuestionó su argumento sobre la falta de empleados y comparó con el Ministerio Público de la Defensa, que –señaló— respondió todos los requerimientos de la Comisión. Y dijo que, en ese contexto de pedido de explicaciones a Casal, el sumario a la fiscal Boquin respondía a “una clara actitud mafiosa”. “Es un acto intimidatorio que roza la violencia de género”, enfatizó. Aclaró que no era la primera vez que el procurador ignoraba un pedido de informes: recordó que hace un año la Comisión le pidió explicaciones por haber desplazado al fiscal Juan Pedro Zoni de la fiscalía federal que tenía la investigación penal de la causa del Correo. Zoni había llegado a imputar al expresidente Mauricio Macri. Luego el caso quedó en manos del fiscal Gerardo Pollicita. El juez Ariel Lijo nunca resolvió la situación procesal del exministro Oscar Aguad y otros tres imputado. Macri nunca fue citado. Tailadhe pidió que se haga una denuncia penal contra Casal, pero este punto no fue votado.

La diputada Vanesa Siley pidió que se cite a Boquin a la comisión y a representantes de dos gremios judiciales por el sumario en su contra: Juan Cruz Alvarez, de la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN), delegado en el fuero comercial, y María Tránsito Urueña Russo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju). Alvarez había recibido la denuncia de un empleado que decía que le exigían denunciar a la fiscala para conseguir que lo trasladaran a Mar del Plata, donde estaba su pareja embarazada. Según el gremio las denuncias están armadas o guionadas. La declaración de Urueña Russo también tendrá relevancia porque desde la oposición intentan instalar que el Sitraju respaldó las presentaciones contra Boquin, como enfatizó Cristian Ritondo. Sin embargo, si lo hizo un sector sin facultades que luego retiró lo dicho. La fiscala confirmó que asistirá el miércoles y los representantes gremiales aún no tienen fecha.

* El desplazamiento de Zoni de la subrogancia en Comodoro Py a una fiscalía correccional por decisión sorpresiva de Casal integra los pedidos de juicio político en su contra. En el fuero federal había tenido también a cargo la causa sobre los fondos del fiscal fallecido Alberto Nisman en Estados Unidos y había imputado al extitular de Hacienda, Luis Caputo, por la emisión de un bono de deuda a 100 años. El capítulo sobre Zoni va de la mano con el de Boquin, por el Correo.  

* Otro asunto que se le endilga a Casal es lo que hizo con las denuncias contra el fiscal Carlos Stornelli que faltó a 7 citaciones indagatorias del juez Alejo Ramos Padilla por el D’Alessigate. Su relación con el falso abogado Marcelo D’Alessio le valió incluso a Stornelli el procesamiento (por violación a la ley de inteligencia, coacción e incumplimiento de sus deberes) y el pedido de desafuero tanto de Ramos Padilla como de la Cámara de Mar del Plata. Stornelli se presentó a declarar finalmente a fin de noviembre del año pasado, cuando ya sabía que no tendría consecuencias. Solo recibió un apercibimiento. Sobre este tema testificó ante la comisión Natalia Salvo, abogada de Pedro Etchebest, el primero en denunciar a D’Alessio y su relación con Stornelli. Ella enfatizó que el “el doble estándar (que atribuyó a Casal) sí tiene relevancia jurídica” y cuestionó su “omisión deliberada y pasividad” durante meses.

* Otros planteos cuestionan que Casal haya designado a Juan Carlos Pauluchi, que era fiscal de la Cámara de la Seguridad Social, la Cámara del Fuero laboral, cuando su padre, Juan Carlos Pauluchi Mavis, era secretario de seguridad social del Ministerio de Trabajo, que encabezaba Jorge Triaca. A eso se sumó el desplazamiento del fiscal Gabriel De Vedia de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la seguridad social, desde donde había denunciado al extitular de la Anses, Emilio Basabilvaso, entre otros.

* A tres fiscales de Córdoba (Graciela López de Filoñuk, Alberto Lozada y Gustavo Vidal Lascano) Casal les aceptó la renuncia en febrero, cuando se discutía el nuevo régimen previsional (así mantenían su jubilación) y de inmediato los convocó como jubilados subrogantes antes de que su salida fuera aprobada por el PEN. Además la ley estableció que los jubilados pierden estado judicial, y no podrían ser convocados.

* Luego hay lista de mecanismos objetados utilizados durante el interinato de Casal para subrogancias y traslados, y desplazamientos específicos como los de Félix Crous, Hernán Schapiro, Cristina Caamaño, Josefina Minatta y Leonel Gómez Barbella. Este último, que era fiscal en Lomas de Zamora, presentó una denuncia en la comisión. Lo sacaron de ahí justo antes de que se pincharan teléfonos en el penal de Ezeiza para escuchar a ex funcionarios y empresarios, en una causa en la que intervenía su fiscalía.

En la Bicameral estuvo el número dos de la Comisión de Juicio Político, Nicolás Rodríguez Saá. “Llevaremos adelante las actuaciones”, anunció, mientras se quejaban los opositores –entre otros— Diego Mestre, Graciela Ocaña y Silvia Elías de Pérez.