Ecuador: ballottage entre Arauz y Lasso y nuevas amenazas  

Desde Quito

El proceso electoral ecuatoriano está marcado por incertidumbres, disputas y amenazas. Este domingo a las 3 de la madrugada, dos semanas después de la votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) finalmente proclamó los resultados de la primera vuelta. Como se sabía, Andrés Arauz ganó, con 32.70%, y Guillermo Lasso quedó segundo, con 19.74%.

En esa misma sesión, se volvió a ratificar la negativa a la solicitud presentada por el tercero, Yaku Pérez, de recontar los votos en 17 provincias. El poder electoral aceptó únicamente la revisión de 26 actas en Guayas y Los Ríos, “cuyas inconsistencias se presentaron físicamente en la Audiencia Pública de Escrutinios”.

La proclamación, que debía traer claridad sobre los resultados cuestionados únicamente por Pérez, se dio, sin embargo, en medio de dos nuevas situaciones. En primer lugar, la Contraloría pidió el día sábado que sea realizada una auditoría informática antes de que ocurra la segunda vuelta. Y, esa misma tarde, la Fiscalía solicitó que el contenido digital de la base de datos del CNE para realizar una verificación de la misma.

La Fiscalía explicó en un comunicado, el domingo, que la acción se llevaba adelante “dentro de una investigación previa por presunto fraude electoral”, en base a las denuncias de Pérez, a partir de las cuales solicitaron a la Corte Nacional de Justicia autorizar “el registro y retención de información”. Esa autorización del juez de la Corte llegó el sábado, casi en simultáneo con el pedido de la Contraloría y horas antes de la proclamación de resultados del CNE.

Si bien la Fiscalía afirmó que “las diligencias fueron coordinadas con la presidencia del CNE”, la presidenta del poder electoral, Diana Atamaint, grabó horas antes un mensaje en el cual afirmó: “esperamos que los esfuerzos de la Contraloría se enfoquen en el combate a la corrupción y que no se hagan eco de las fuerzas políticas que quieren tomarse por asalto al CNE. Pedimos que las instituciones y sus autoridades no caigan en el juego y se conviertan en actores políticos que promueven sus intereses en el actual proceso electoral”.

Ante los hechos ocurridos, la fuerza política Unión por la Esperanza, que lleva la candidatura de Arauz, presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral contra la Fiscal General, Diana Salazar, y el Contralor, Pablo Celi, por una “intromisión al proceso electoral”. El candidato, por su parte, dio una conferencia para denunciar los hechos: “hay una única autoridad electoral y rechazamos la interferencia y grosera intromisión de otras instituciones del Estado en la función electoral contraloría”.

Arauz denunció que tras los pedidos de auditorías existen las amenazas e intenciones de que sea modificado el calendario electoral, que fija el inicio de la campaña para el 16 de marzo y la segunda vuelta para el 11 de abril: “exigimos que los derechos al recuento se hagan en el marco de la ley y no impliquen excusa alguna para modificar el calendario electoral”.

Las denuncias acerca de posibles intentos de modificación de las fechas electorales fueron también expresadas por Atamaint, quien afirmó que “el calendario electoral que conduce a la segunda vuelta no se cambia”, y dentro del informe preliminar entregado por la Organización de Estados Americanos (OEA) el domingo, el organismo llamó a “las autoridades electorales” a “dar cumplimiento al calendario electoral”. La OEA, que reconoció los resultados electorales, también señaló su “preocupación” por el hecho que “otras entidades públicas o autoridades pretendan asumir funciones que puedan afectar las atribuciones de organismos electorales y la propia elección”.

Así, en lugar de un escenario electoral despejado con los resultados luego de dos semanas de la votación, los últimos acontecimientos agregaron mayores preocupaciones acerca de los diferentes intentos de interferir en la realización de la contienda según lo establecido. Las instituciones ecuatorianas, marcadas por los años de lawfare contra la revolución ciudadana, volvieron a evidenciar su falta de transparencia y, en consecuencia, de confianza.

A su vez, en ese contexto, Pérez, junto a un sector del movimiento indígena, se dirige en una movilización hacia el CNE, en Quito, donde volverá a presionar ante lo que denuncia como fraude. La llegada a la capital será, según los anuncios, el día martes. Pérez, quien en una primera instancia había logrado un acuerdo con Lasso para el recuento de votos, se encuentra ahora en lo que aparece como una soledad política y pocas posibilidades de lograr avances en sus intentos de impugnación del resultado que dio a Arauz como ganador de la primera vuelta.

Las elecciones en Ecuador, como se previó desde su inicio, se encuentran marcadas por una sucesión de irregularidades, maniobras, intentos de última hora centrados principalmente en perjudicar la candidatura de Arauz. Los próximos días podrían ser determinantes de cara a saber si el país se encaminará hacia una segunda vuelta sin contratiempos o sí, por el contrario, habrá nuevos giros que agreguen mayores sospechas sobre las instituciones y el proceso electoral.