“La pobreza y la falta de oportunidades de progreso económico y social puede empujar a los jóvenes a involucrarse en la cadena de abastecimiento de drogas”. Frase que escandalizaría a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la gobernadora bonaerense saliente, María Eugenia Vidal, y a todo aquél que esté dispuesto a hacer campaña demagógica con el tema “droga” para ensuciar a su contrincante político y sensibilizar con ello a algún votante adormecido de opiáceos televisivos.
La frase corresponde a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en su Informe Mundial sobre Drogas de 2018, y se asemeja a lo dicho en estos días por el candidato a la gobernación Axel Kicillof, al afirmar que un cura de Morón le dijo que “hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”.
El desempleo, la precariedad laboral, la ausencia de expectativas futuras, la discriminación en el acceso al empleo por lugar de residencia, la pobreza estructural, la ausencia de movilidad social, la desesperación alimentaria, la fragilidad de los vínculos sociales de soporte, la presencia estatal monopolizada exclusivamente por las agencias represivas, y la renuencia del Gobierno a desarrollar políticas sensatas que se aparten del mero maquillaje publicitario, claramente son circunstancias que entre otros factores pueden incentivar el acercamiento a los mercados ilegales como economías de subsistencia.
Las voces indignadas tal vez supongan que una mujer que se encuentra prácticamente esclavizada en una casa de chapa, a la que el marketing punitivo denomina “bunker”, victimizada y pasible de toda clase de violencia proveniente de las redes ilegales, de las fuerzas policiales, del poder punitivo y del poder político adepto a las topadoras, se somete a dichas amenazas, extorsiones y riesgos por mera vocación laboral ante un universo idílico de posibilidades. Lo mismo sospechará de otra mujer ingestada de cápsulas de cocaína que cruza una frontera poniendo en riesgo su vida o su libertad, o de un niño que oficia de “soldadito narco”.
No sólo la pobreza es uno de los posibles inductores de la inserción en el mercado ilegal, sino también, como afirma la antropóloga María Epele, el acelerado crecimiento del consumo de drogas en poblaciones vulnerables se relaciona con las transformaciones económicas, políticas y sociales vinculadas al neoliberalismo. La relación entre consumos problemáticos, contextos y fragmentación social, viene siendo estudiada de forma interdisciplinaria cuanto menos desde los 70. El psicólogo Bruce Alexander afirma que la adicción surge en sociedades fragmentadas porque las personas la usan como una forma de adaptarse a la dislocación social extrema. Trasladando sus estudios a la relación droga/contexto, observa por ejemplo que en circunstancias en las cuales los pueblos nativos de EE.UU. fueron privados de sus tierras y cultura, se produjo un fuerte aumento en los índices de alcoholismo. En el Siglo XVIII, las clases humildes de Inglaterra tuvieron que abandonar sus campos y migrar a las grandes ciudades durante la Revolución Industrial, sometiéndose a contextos indignos de hacinamiento y precariedad habitacional, y extendiéndose la epidemia de Gin Craze (locura de la ginebra). Los centros urbanos de EE.UU. sufrieron una gran pérdida de empleo en las décadas de 1970 y 1980 por la irrupción de la cadena de montaje, lo cual hace aumentar los índices de consumo de crack. En las décadas de 1980 y 1990, economías de las zonas rurales de EE.UU. padecen de una profunda depresión, lo que produce una crisis en el consumo de metanfetaminas.
Las políticas económicas y los contextos sociales son determinantes en la relación subjetiva de las personas con las sustancias. No resulta extraño que según los indicadores de la misma Sedronar o el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, los índices de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales en el último tiempo hayan aumentado de forma sincrónica con la fragmentación social, pérdida del poder adquisitivo, desmantelamiento de la industria, desempleo, inflación y ausencia de perspectiva futura de los sectores sociales más desaventajados. Ello no significa que los sectores más empobrecidos por las políticas del Gobierno tengan el monopolio del uso de sustancias, sino más bien que los consumos son transversales en nuestra sociedad. Lo que varía es el abordaje propuesto por el Estado sobre las personas empobrecidas y sobre aquellas que tienen posibilidad de subsistir a sus políticas sin verse seleccionadas por las agencias punitivas como clientela carcelaria o por el mercado ilegal como mano de obra descartable.
La óptica bélica, criminalizante y punitiva de abordar el fenómeno de consumo de drogas, en desmedro de abordajes sensatos para afrontar tratamientos y prevención de las adicciones, es el resultado que se desprende de una gestión de gobierno que irónicamente propugnó acabar con el narcotráfico y se retira con un récord de consumo de sustancias. Siempre que haya una demanda creciente de drogas prohibidas habrá un mercado ilegal que esté dispuesto a ofertarlas utilizando mano de obra desesperada a tal fin. Es la única generación de empleo de la cual se puede jactar el gobierno nacional.
* Presidente de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/224178-droga-pobreza-y-adiccion-electoralista
