Dictan falta de mérito al exsecretario de Energía de Cambiemos Javier Iguacel

El exsecretario de Energía, hoy intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, fue beneficiado con falta de mérito por la jueza María Servini, en una causa en la que se investiga el dictado de una resolución que disponía compensar a las empresas distribuidoras de gas por la devaluación. La fiscal Paloma Ochoa, que tiene delegada la investigación, había evaluado que esa disposición, del 4 de octubre de 2018, pretendía favorecer con un “ingreso económico extraordinario y fraudulento” a las compañías en perjuicio de los “usuarios-consumidores, a quienes obligó a pagar un aumento tarifado indebido y también, subsidiariamente, perjudicaba al Estado argentino que como garante de la prestación de servicio público también resultó abusiva e indebidamente obligado”.

Iguacel fue indagado en marzo por zoom y, como era esperable, pidió su sobreseimiento. Servini no accedió a ese pedido pero tomó una decisión intermedia, que no lo desvincula del todo de la causa. La jueza, de hecho, indicó a la fiscalía que continúe con algunas medidas, incluso testimonios pedidos por la defensa del exfuncionario. Uno de ellos es el del ex titular del del Enargas en aquel entonces, Mauricio Roitman, ante una “discordancia –dice Servini– en el alcance e interpretación que cada parte pretende darle” a su actuar en el tema.

La resolución 20/2018 establecía “en forma transitoria y extraordinaria, que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1 de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en 24 cuotas a partir del 1 de enero de 2019”.

La disposición fue dejada sin efecto después que Iguacel la firmó, pero para la fiscalía de Ochoa su finalidad era “garantizar márgenes de ganancia indebidos y exorbitantes para las empresas distribuidoras y productoras de gas -en el contexto de la devaluación de la moneda dispuesta por el gobierno que integraba-, trasladando el presunto costo de la devaluación al público consumidor”.

Según la posición de Iguacel la responsabilidad por el cuadro tarifario era del Enargas y, de todos modos, negó que se haya trasladado mayores costos a los usuarios. La realidad es que la resolución trajo aumentos en el gas en simultáneo, porque se dispuso un pago extra, en 24 cuotas, y de hecho hubo amparos y planteos de inconstitucionalidad de usuarios y consumidores así como de Gabriel Katopodis, que entonces era intendente de San Martín, y que ponían el énfasis en que además del perjuicio para la gente de a pie todo apuntaba a garantizar ganancias privadas.

El pago extra estaba destinado a compensar a las empresas por la devaluación del tipo de cambio, una política deliberada del gobierno de Mauricio Macri. La fiscalía de Ochoa había dictaminado que “en el plano normativo no correspondía que dichas diferencias fueran trasladadas automáticamente al usuario, mientras que en el plano fáctico se acreditó que las empresas distribuidoras de gas lejos de haber sufrido un quebranto con motivo de la devaluación monetaria habían destinado sus ingresos a la conformación de inversiones en el mercado de futuros que maximizaron sus beneficios”.

La resolución de Servini dice que “sin perjuicio de la prueba producida hasta el momento, a efectos lograr una visión integral de lo sucedido” se debe “proceder a la pertinente evacuación de citas, y que la representante del Ministerio Fiscal, en el marco de la delegación realizada autos, pueda completar las diligencias probatorias auspiciada por la defensa y todo otra que estime pertinente”. La jueza se refiere, en esencia, a pruebas pedidas por la defensa.