Desapariciones con el sello de la patronal

Albino Gall compartió durante muchos meses la celda de la cárcel de Coronda con su hermano Aníbal. Estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sin causa judicial. Aníbal había sido secuestrado el 30 de enero de 1976, a la madrugada, en su casa de Avellaneda. Sin militancia política, el único motivo de su detención ilegal fue haber formado parte de la comisión gremial interna de la empresa Vicentin. Era referente de los obreros que llevaron adelante una larga lucha contra la patronal y el sindicato Aceitero al mismo tiempo y que en septiembre de 1975 pudieron ganar la seccional del gremio. Aníbal entró en Vicentin con 13 años. Era supervisor, tenía a su cargo el sector de calderas y turbinas. “Anibal
junto a (Oscar “Cacho”) Zarza, (Estanislao) Zunini, (Eldo) Zorat, y otros muchachos formaron la comisión
interna que recuperó el sindicato (ver aparte). Todos eran muy hostigados, porque antes
el sindicato a nivel de Avellaneda estaba en manos de personas
totalmente cooptadas por Vicentin”, recuerda Albino, que fue detenido en Santa Fe, en septiembre de 1976, por su militancia política. Albino está dispuesto a contar la historia de su hermano en la Fiscalía Federal de Reconquista, para impulsar la investigación sobre la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad en el norte de la provincia.

Apenas leyó en Página/12 que existe la posibilidad de impulsar la causa, Albino se comunicó con Raúl “Lolo” Borsatti, referente de Norte Amplio por los Derechos Humanos, de Reconquista. “En el artículo en cuestión dice acerca de familiares que conozcan los hechos y estén dispuestos a declarar. Yo lo estoy, si es útil. No se cómo se hace”, le escribió por whatsapp. Aníbal era el segundo y Albino el anteúltimo de siete hermanos. Su padre llegó en 1923 a Avellaneda, desde Córmons, en Friuli, Italia. Como sabía de motores, trabajó en la desmotadora de los hermanos Francisco y Pedro Vicentin desde sus inicios. Cuando Anibal cumplió 13 años, tenía que elegir entre trabajar y estudiar. Y así fue que ingresó a la fábrica. Era jerárquico, pero se unió rápidamente a la lucha obrera. Desde la empresa lo convocaron para ofrecerle beneficios y Aníbal los rechazó. “A Anibal lo van a buscar a nuestra casa paterna, yo vivía en Santa Fe, donde estudié y luego trabajé. Anibal estaba solo en la casa de Avellaneda porque nuestros hermanos habían ido a visitarme”, relata Albino. Luego supo por su hermano que “fue un operativo, había gente de civil y alguno vestido de policía. Fue hecho por personal de la Base Aérea de Reconquista y los que estaban con uniforme habrán sido policías de Avellaneda que los habrán reclutado para hacer un operativo conjunto. Lo buscaban porque era dirigente gremial y ese mismo día lo van a detener a Zarza, adentro de la fábrica
“.

Anibal Gall fue llevado a la Base Aérea de Reconquista, junto a más de 30 detenidos ilegalmente. “Estuvieron un par de días, y después lo llevaron a la comisaría 4° de Santa Fe, que estaba en bulevar Zavalla y Tucumán. Cuando me enteré de que lo habían llevado a la cuarta, yo iba a visitarlo, a llevarle algunas cosas, y él tenía mucho temor de que lo sacaran de noche para torturarlo. Él veía que a otros presos los sacaban, volvían muy lastimados, y otros no volvían”, sigue el relato de Albino.

Anibal salió en libertad en septiembre de 1976, puso su propio taller y unos años después, se trasladó a Ferreyra, Córdoba, donde murió en 2007, a los 68 años, de un infarto. “A él no se le dio la oportunidad de declarar. Evidentemente si lo hubieran llamado, iba a ir. A mí no me cabe la menor duda, aunque posiblemente no habrá estado muy enterado del avance de las causas en ese momento”, considera su hermano Albino, que vive en Lomas de Zamora desde 1980.  

¿Por qué no avanza la investigación sobre la responsabilidad de Vicentin en delitos de lesa humanidad? La pregunta no la hacían solo los testigos de la causa 050, conocida como Base Aérea de Reconquista, que juzgó los crímenes cometidos en el norte de la provincia de Santa Fe durante la última dictadura cívico militar. El 23 de julio de 2013, entre sus consabidas chicanas, el abogado defensor (privado) del policía Carlos Nickisch formuló esa pregunta en su alegato. Gonzalo Miño dijo: “Oscar Zarza denunció a empresa Vicentin, y también Adelqui Gavirondo. Entre los civiles comprometidos está el poder económico, Vicentin. ¿Por qué no se investiga? Nunca lo sabremos”. La estrategia del profesional era deslindar la responsabilidad de su defendido y “apuntar para arriba” y para eso retomó palabras de al menos tres testigos en esa causa, la primera por violaciones de lesa humanidad en la zona. Nickisch fue condenado a 18 años de prisión
. 

En los fundamentos de la sentencia, difundidos el 25 de septiembre de 2013, Vicentin es mencionada por el testigo y víctima Oscar Ortiz. En la página 196 se registra a Ortiz como el “caso 37”. “Fue detenido el 20/10/76, a las 17 horas. El encargado de la fábrica Vicentin le dice que lo estaban buscando, cuando sale lo apuntaban con FAL y otras armas, dos policías lo llevaron a una camioneta y en el camino pasa por la calle de su casa y le piden a su mujer el documento”, es el relato del testigo que recoge el tribunal integrado por María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Otmar Osvaldo Paulucci. “Cuando estuvo detenido le preguntaron por (Raúl) Borsatti, (Rubén) Maullín, (Víctor Sergio) González, todo cuando lo torturaban. A Borsatti no lo conocía en ese momento. Querían saber la conexión entre los montoneros y la fábrica en la que el trabajaba. En la GIR (Guardia de Infantería Reforzada) pudo ver a otras personas que trabajaban en la fábrica, pero no sabe cuándo los detuvieron”, sigue la declaración de Ortíz ante ese tribunal. Oscar “Cacho” Zarza y Adelqui Gavirondo, también obreros de Vicentin perseguidos por su actividad gremial, declararon en esa causa, mientras Efren Venturini lo hizo con posterioridad. Lucila Puyol, de HIJOS Rosario, fue una de las abogadas querellantes. 

Una dificultad legal es imputar a quienes efectivamente los “marcaron” dentro de la fábrica, para avanzar en la responsabilidad empresarial. Eso es lo que podría empezar a moverse ahora, si testimonian otros obreros víctimas. Es el objetivo que se traza la Federación Aceitera, que será querellante: poder llevar testigos y documentación ante el fiscal Roberto Salum y así avanzar en la determinación de responsabilidades.

La Liga Argentina por los Derechos Humanos también será parte de las querellas y apunta a que se investigue la actuación del ex Personal Civil de Inteligencia, Juan José Luis Gil. “Cuando fue detenido y condenado por amenazar a testigos en causas por delitos de lesa humanidad, este hombre dijo que en 1976 había estado infiltrado en Vicentin para hacer tareas de inteligencia. Si eso ocurrió, la empresa tiene que haber tenido alguna responsabilidad”, consideró Alejandro Córdoba, representante de la Liga en aquella zona. 

¿Quién es Gil? El libro “Solo digo compañeros”, de Raúl Borsatti, lo describe en su página 153. “Suboficial Luis Gil – tareas de inteligencia e instructor Guardia Rural Los Pumas. Participó en operativos para detener e interrogar personas durante los años de la dictadura. Pasó luego a depender de la Unidad Regional. Tras esa etapa se dedica a la docencia como profesor de matemáticas. Fueron conocidas entre los alumnos las posturas de sacar una pistola y colocarla sobre el escritorio del aula”. El libro se publicó en 2005, y unos años después se supo que Gil era Personal Civil de Inteligencia. 

En 2009, Gil fue detenido y procesado por enviar mensajes intimidatorios a testigos en causas por delitos de lesa humanidad. En septiembre de 2012, fue condenado a cinco años de prisión por amenazas y coacciones agravadas. En su declaración indagatoria ante el juez Aldo Alurralde, en 2009, dijo haber realizado tareas de inteligencia en la fábrica Vicentín, en 1976. El abogado de Norte Amplio, Ivan Bordón, pidió ese material para iniciar una investigación y el Tribunal recomendó: “Las denuncias de delitos de lesa humanidad se deberán realizar en el fuero federal que corresponde”, como relató el periodista Juan Carlos Tizziani en Rosario/12
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¿Por qué no hay más testigos que se presenten ante los Tribunales Federales para relatar los secuestros sufridos en noviembre de 1976? Los números son inciertos, pero en Avellaneda aseguran que muchas personas nunca se animaron a hablar. El periodista Huber Cracogna considera que en la ciudad de Avellaneda hay una “democracia de baja intensidad”, en la que los directivos de Vicentin tienen una influencia superlativa sobre las instituciones. “Creo que no se investigó la responsabilidad de Vicentin por el peso de la propia empresa, en el contexto de Reconquista y Avellaneda y en un juzgado federal en el que, cuando se inicia la causa de la Base Aérea, hubo jueces subrogantes. Tiene que ver con el propio peso de la empresa y un poco con el temor”, consideró Borsatti.