En sus tiempos de ministra de Seguridad, Patricia Bullrich mandó a comprar una gran cantidad de material con el argumento de que era necesario para la Cumbre del G-20, que se celebraría en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018. El súper combo incluía: 4 ambulancias, 20 furgones, 475 chalecos antibalas, equipos antiexplosivos, 900 uniformes ignífugos, 2 scanner de vehículos, 5 camiones hidrantes, sistemas de comunicación y 120 pistolas tácticas. Se gastaron 9 de millones de dólares, pero nada de todo ese gigantesco encargo llegó para el gran evento internacional sino cinco meses más tarde y a casi ninguna empresa se le cobraron multas. No sólo eso, según los cálculos que hizo la Oficina Anticorrupción (OA), en base a un informe previo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), se pagaron sobreprecios de hasta 315 por ciento y en el caso de los chalecos –por ejemplo– la empresa beneficiaria, que también se sospecha que cobró un 30 por ciento de más, tenía como socio a un aliado de Graciela Ocaña en la Fundación Confianza Pública.
El G-20, todo indica, fue utilizado como excusa para gran cantidad maniobras durante el gobierno de Mauricio Macri, entre ellas, la inteligencia ilegal sobre los periodistas y organizaciones sociales que asistían al foro, además del espionaje extendido sobre dirigentes políticos, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, bajo el supuesto de potenciales amenazas terroristas. Parece que fueron más las tropelías.
Bullrich fue denunciada junto con otros tres exfuncionarios de su equipo en una presentación que hizo la OA, al mando de Félix Crous, que le tocó por sorteo al juzgado de Luis Rodríguez y la fiscalía de Paloma Ochoa. Los delitos que se les atribuyen son incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Las primeras irregularidades fueron detectadas por una auditoría de la Sigen, que observó algo extraño: en los llamados a licitación decía que el objetivo de la compra era adquirir “bienes necesarios para apoyar las operaciones de desarrollo de las Fuerzas en virtud de los encuentros programados” para el G-20, y aclaraba que el plazo de entrega desde la emisión de órdenes de compra era de 90 días corridos, en algunos casos un poco menos. Pero resulta que ese límite excedía siempre el final de la cumbre y nada fue entregado para la ocasión ni usado con el fin establecido. Es más, algunas empresas pidieron prórrogas y les fueron concedidas a sabiendas de esta anomalía.
“La entrega de los productos luego de la realización del evento que generó la necesidad de sus adquisiciones traen como lógica conclusión, o bien que esas necesidades no fueron satisfechas, o que fueron satisfechas con la realización de gastos adicionales, o bien que los productos adquiridos no eran necesarios para el desarrollo del evento en cuestión, lo que implicaría que la motivación del acto administrativo resultó falsa. En cualquiera de estos casos nos encontraríamos ante el posible incumplimiento de los funcionarios que tramitaron estos expedientes y aprobaron las licitaciones en esas condiciones, del deber de proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados”, dice la denuncia, a la que accedió Página/12.
En cualquiera de las hipótesis, señala la OA, “los funcionarios que
intervinieron en estos procesos y aprobaron las licitaciones habrían actuado en
forma parcial, en defensa de los intereses económicos de las empresas involucradas,
y en contraposición de los intereses estatales”. Tampoco se descarta que las licitaciones hayan sido “un medio para utilizar indebidamente las partidas presupuestarias destinadas a los eventos del G-20”. Además, de Bullrich, los otros exfuncionarios denunciados son el exsecretario de Coordinación, Formación y Carrera, Alberto Fernando Fohrig; el exsubsecretario de Gestión Administrativa, Martín Siracusa; y el exsecretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad, Daniel Fihman.
Compras raras
*Las 4 ambulancias fueron compradas a la firma Colcar Merbus por 15.747.108,89 pesos. La orden de compra salió el 25 de septiembre de 2018: el plazo de entrega era el 24 de diciembre, cuando ya había terminado el foro hace rato. Aun así, los vehículos y los equipos de comunicación que usan, fueron recibidos el 13 de junio de 2019.
* Los 20 furgones comprados también a Colcar Merbus costaron 1,7 millones de dólares. El 28 de noviembre se entregaron 5, sin los equipos de comunicación. Faltaban 15, que llegaron el 24 de abril de 2019. Recién la gestión de Sabina Frederic puso una multa.
* El Ministerio compraron 900 uniformes ignífugos a la firma Geotex SRL por 6.658.200 pesos: 100 fueron entregados cuatro meses después y los 800 restantes no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas.
* Bullrich aprobó la compra de dos scanners a Nuctech Company Ltd por 2,1 millones de dólares. Fue la única oferente y la entrega fue nueve días después de la cumbre.
* La adquisición de cuatro camiones hidrantes fue por 58.032.804 pesos. Bullrich aprobó la licitación, que tuvo como beneficiaria a Techniques Supplies SRL. Los vehículos fueron entregados 25 días después del G-20.
* Los sistemas de comunicación encargados (como interferidores de celulares) costaron 385.807 dólares y se compraron a Allois SRL y Coasin SA, que entregaron los dispositivos hasta tres meses más tarde.
* Las 120 pistolas tácticas fueron compradas a la firma Glock para uso de la la Policía Federal y entregadas cinco meses después del evento.
Sobreprecios y amigues
* Los 475 chalecos antibala y las placas de protección RB4 fueron comprados a una empresa llamada AANTAJ S.R.L, por 28.072.500. Para su entrega el plazo era de 60 días, que vencía el 24 de noviembre. Pasó la cumbre y los chalecos no llegaron. El 12 de diciembre uno de sus socios gerentes, Alejandro Altoé, pidió una prórroga de diez días. Según el decreto que regula estos procedimientos, el pedido era extemporáneo porque debió hacerse antes de que venciera el plazo y explicar las razones de la solicitud. El 4 de enero siguiente pidió más tiempo. Se lo dieron. Dejaron constancia de que lo multarían, y eso nunca ocurrió. Los elementos fueron entregados el 12 de febrero de 2019. Y hay un dato más: la Sigen informó que el precio testigo para los chalecos era de 700.625 dólares, que en pesos equivalía a 19.866.922,50 (con el dólar a 28,356 pesos). Pero la licitación aprobada superó el valor de referencia en 8.205.577,50 pesos y en casi 5 millones el presupuestado por el ministerio. El sobreprecio, aquí, habría sido de 29,23%.
La OA sospecha que habría existido un direccionamiento hacia esta empresa, ya que históricamente los chalecos eran comprados a Fabricaciones Militares con un procedimiento interno, sin que hiciera falta la burocracia de la licitación. Desde 2016 fue la única compra de este tipo a una empresa externa. El organismo advierte también que Altoé habría sido empleado del Ministerio de Salud entre 2008 y 2009 durante la gestión de Graciela Ocaña y que hoy los une la Fundación Confianza Pública, de la que ella es presidenta honoraria y él vocal.
* Los equipos antiexplosivos costaron 93.949.052 pesos. El paquete incluía mantas antibomba, tolvas de protección, detectores portátiles de explosivos, una unidad robotizada para remover y neutralizar, trajes de protección, contenedores y escudos. Una parte fue adjudicada a Everthron Marine Systems SRL y otra a Automation Systems SA. La aprobación, hecha por Bullrich, se concretó diez días antes del G-20, con lo cual parte de la entrega vencía en enero y otra en febrero. La primera firma la concretó el 7 de marzo de 2019 y la segunda el 3 de mayo de ese año. No hubo multas. Además, la Sigen informó que para las tolvas, por ejemplo, el precio testigo era de 26.029,94 dólares, por entonces 736.907,60 pesos, pero el monto en pesos pagado fue 2.325.862.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/400465-denunciaron-a-patricia-bullrich-por-la-compra-de-equipos-de-
