A la memoria sobre los crímenes de lesa humanidad el Gobierno de Jujuy elige “pasarle por encima con una topadora”. Sucedió, de manera literal, el lunes pasado, cuando fue demolida la mayor parte del edificio donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio “Comando Radioléctrico” durante la última dictadura cívico militar. El lugar había sido señalizado en marzo de 2019, y aún así fue destruido. Desde la regional provincial de H.I.J.O.S. denunciaron al gobernador Gerardo Morales y a parte de su gabinete, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los hechos fueron repudiados por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.
“Los hechos se encuentran en franca violación a la Ley nacional 26.691, Ley de Sitios de Terrorismo de Estado”, plantea la regional jujeña de H.I.J.O.S. en la denuncia que presentó el martes ante el Juzgado Federal número 2 contra Morales, el ministro de Gobierno, Agustín Perassi; su par de Infraestructura, Carlos Stanic, el director general de Arquitectura, Horacio Calsino, la secretaria de Derechos Humanos de Jujuy, Marcela Infante y su predecesora, Susana Haquin.
Los organismos de derechos humanos de la provincia se enteraron el lunes, cuando el daño ya estaba consumado. Las imágenes de la demolición de la exCentral de Policía “son desoladoras y violentas”, puntualizaron desde H.I.J.O.S a través del comunicado en el que difundieron los hechos y la denuncia. Allí, consideran que el hecho “no tiene posibilidad de ser reparado, un acto que el gobierno provincial decidió llevar adelante de forma unilateral pasando una topadora por encima de lo que para la historia reciente es un símbolo de lo que nunca más debe repetirse en nuestro país”.
El sitio fue inspeccionado por la Dirección Nacional de Sitios de Memoria a fines de 2016, cuando realizó una serie de recomendaciones para preservarlo en los términos que plantea la ley de Sitios, a la que la provincia de Jujuy adhirió en mayo de ese año. Recomendaciones con las que el Gobierno provincial se comprometió, aseguraron desde los organismos. En marzo de 2019, el lugar fue señalizado como Sitio de Memoria.
Para Eva Arroyo, presidenta de la Asociación H.I.J.O.S. de Jujuy, la destrucción del CCD “no fue por desconocimiento”, sino que el Ejecutivo jujeño “se maneja de manera autoritaria y arbitraria, pero no dimensionó que los organismos de derechos humanos, en particular H.I.J.O.S., hace casi 27 años que estamos en esta lucha y no vamos a permitir que las demandas y las conquistas sean pasadas por encima con una topadora”.
Tras presentar la denuncia ante la Justicia, se envió una copia a las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, desde donde calificaron los hechos como “muy graves”. “El lugar había sido señalizado por la Secretaría de Derechos Humanos, es decir que no había posibilidad de confusión. Existen varios testimonios que denuncian que allí se interrogaron y secuestraron compañeros, hay un consenso transversal y que incluye a todo el arco político acerca de que esos lugares sean preservados porque son prueba judicial pero también como memoria de lo que sucedió para que la historia no vuelva a repetirse”, señaló Pietragalla Corti.
La indignación es compartida en el movimiento de derechos humanos provincial y nacional. “Es un atropello terrible, de un nivel de violencia enorme, de parte del Gobierno provincial que además de incumplir leyes nacionales nos provoca mucho dolor”, remarcó Mercedes Salazar, de la Asociación de exPresos Políticos que se sumarán a la demanda en los próximos días. Desde la red nacional de H.I.J.O.S. se ofrecieron a sumar fuerzas.
Punto neurálgico del terrorismo de Estado
El “Comando Radioléctrico”, también conocido como Jefatura de Policía de la Provincia de Jujuy y Departamento Central de Policía, es un “punto neurálgico” de la represión ilegal en la provincia. “Por allí pasaron el 98 por ciento de las personas detenidas, secuestradas, desaparecidas de esta provincia. Todos los juicios de lesa humanidad que se llevaron a cabo aquí –van por el sexto– están relacionados directa o indirectamente, ya sea por los hechos o por sus imputados, con este lugar”, explicó a este diario Eva Arroyo, presidenta de la asociación H.I.J.O.S. local.
A fines de 2016 y tras la insistencia de los organismos para que se cumpla la Ley 26.691, intervino la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Un equipo de Arquitectura y Conservación de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria desarrolló una inspección en el exCCD, de la que participaron sobrevivientes que allí estuvieron secuestrades, con el objetivo de “producir un informe que delimitara lo más claramente posible las áreas del edificio que fueran reconocidas por los sobrevivientes, para garantizar su preservación” en el marco de la norma de protección de los sitios de memoria, “asegurar la continuidad de las causas judiciales en curso o a iniciarse en el futuro” y con el objetivo de “reconstrucción y trasmisión de la memoria”.
Luego, la Dirección elaboró un informe en el que recomendó, entre otras cosas, “la suspensión inmediata y definitiva de toda obra que pudiera implicar el daño total o parcial de los recintos de alto valor testimonial identificados” allí. El documento reconocía que, de hecho, el lugar ya había sido perjudicado por obras de “recuperación y puesta en valor del Cabildo, donde funcionó el ex ccd. Esas obras, reconoció la autoridad, “no contemplaron la protección establecida por la ley” de Sitios.
Un diálogo ficticio
En diálogo con este diario, Arroyo contextualizó el hecho en el marco de un “diálogo” que los organismos habían comenzado a intentar con funcionaries del Ministerio de Infraestructura provincial en relación al concurso que convocaron para obras en otro Sitio de Memoria, establecido en el centro clandestino que funcionó en la Unidad Penal de Barrio Gorriti, en la capital jujeña. “Hicimos un acercamiento con el fin de irnos sentando para dialogar y llegar a un acuerdo sobre la preservación, protección, restauración y puesta en funcionamiento de ese sitio, cuando en el medio de esta conversación hicieron lo que hicieron con el Comando Radioleéctrico y retrocedió todo este avance. Fue como si nos hubiesen escupido en la cara”.
En ese sentido, desde la agrupación insistieron que las obras que tiraron abajo gran parte del exCCD no fueron consensuadas con los organismos. “Queremos aclarar que lo que manifestaron las autoridades provinciales sobre que hubo acuerdo con los organismos para tal hecho es falaz, para los organismos de derechos humanos era de sumo interés que se avance en este tema por lo que insistimos durante casi una década ser escuchados, como lo establecen las leyes, pero fuimos ignorados”, concluyeron.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/377812-denunciaron-a-gerardo-morales-por-demoler-un-ex-centro-cland
