Denuncia contra Brasil ante la CIDH por amparar a un genocida

Un grupo de sobrevivientes de la ESMA presentó una denuncia contra la República Federativa de Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su negativa a extraditar al represor Roberto Oscar González, imputado por secuestros, torturas y asesinatos en ese centro clandestino y también por su participación en la apropiación de un bebé nacido en cautiverio. El expolicía que integró el grupo de tareas 3.3 de la Armada con los alias “Federico” o “Gonzalito”, y que en los Juicios por la Verdad reconoció haber integrado la patota que hirió de muerte y desapareció a Rodolfo Walsh tiene pedido de captura internacional desde 2008, se mantuvo oculto hasta que Interpol dio con su paradero en 2013 y se benefició el pasado 11 de mayo con un fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil que rechazó el pedido de extradición.

La presentación ante la CIDH fue realizada en el Día Universal de los Derechos Humanos por los sobrevivientes Lisandro Raúl Cubas, Carlos Alberto García y Ana María Cacabelos con el patrocinio de los abogados Flavia Fernández Brozzi, Rodolfo Yanzón y Anabella Montaner. La denuncia incluye, además de sus casos, los de José Antonio y Cecilia Inés Cacabelos, ambos desaparecidos, y los de Edgardo de Jesús Salcedo y Esperanza María Cacabelos, asesinados.

González integraba la Policía Federal cuando fue comisionado a la ESMA y su participación en los grupos de tareas se conoce desde 1978 por la denuncia de Horacio Maggio, quien se fugó del centro clandestino luego de estar más de un año cautivo y luego sería recapturado y asesinado. Esa presentación fue ratificada por sobrevivientes en innumerables testimonios, tanto en el país como en el exterior. En 2001, mientras regían las leyes de impunidad, el juez español Baltasar Garzón pidió su extradición para juzgarlo por genocidio junto otros 98 represores. El entonces juez federal Gabriel Cavallo lo citó, le concedió la excarcelación bajo caución juratoria y ante la incipiente reapertura de causas González se ocultó.

En octubre de 2005 el entonces juez federal Sergio Torres ordenó su citación a indagatoria por los crímenes en la ESMA, pero ya era inhallable, por lo que lo declaró en rebeldía. Tres años después pidió su captura internacional y el gobierno de Cristina Kirchner ofreció una recompensa para quien aportara información sobre su paradero. En 2013 Interpol informó que estaba en Viamão, una zona rural cerca de Porto Alegre, y Torres pidió su extradición. En paralelo la juez María Servini lo procesó por su rol en la apropiación de José Castro Rubel, nacido durante el cautiverio de su madre en la ESMA en 1977, quien recuperó su historia en 2014. El represor está identificado como quien trasladó al bebé nacido en cautiverio al Hospital Pedro Elizalde, donde fue entregado a quienes lo retuvieron y ocultaron de su familia biológica.

González fue detenido a mediados de 2015 y estuvo preso menos de un año, cuando logró que lo pusieran bajo vigilancia electrónica. Durante el largo proceso por su extradición apeló a infinidad de maniobras para eludir la acción de la justicia, negó los hechos y habló de parcialidad del poder judicial argentino. Finalmente, el 11 de mayo pasado, el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó el pedido de extradición al aplicar la ley de amnistía de ese país a crímenes cometidos en la Argentina. Consideró prescriptos los delitos de lesa humanidad y omitió analizar los hechos de que fue víctima Castro Rubel. 

“Esto resulta inexplicable e inadmisible puesto que tres ministros del tribunal modificaron, sin argumentos, sus votos que en procesos anteriores permitieron la extradición de imputados por hechos idénticos, como la de ‘Chispa’ Sánchez, otro de los secuestradores de Rodolfo Walsh”, destacaron Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, H.I.J.O.S. y Castro Rubel al reclamar la intervención de la Cancillería argentina.

La decisión de
recurrir al sistema interamericano, que cumplió un rol clave para impulsar
primero los Juicios por la Verdad y lograr luego la inconstitucionalidad de las
leyes de impunidad, se fundamenta en la violación de una serie de derechos
(acceso a la justicia, tutela judicial efectiva en relación con víctimas de
torturas y desapariciones forzadas) que Brasil se comprometió a respetar al
suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos. Son los que este Estado viola al
garantizarle la impunidad al represor de la ESMA.