De un lado y del otro

Cuando tuvo que pasar la audiencia pública en el Senado antes de recibir acuerdo para ser juez de la Corte Suprema,  Carlos Rosenkrantz, presentó una declaración jurada que incluía una lista que ocupaba siete páginas con los nombres de las empresas y personas de las cuales era no sólo abogado sino apoderado al momento de ser postulado por Mauricio Macri, que antes había intentado designarlo por decreto. Otras dos páginas más mencionaban los clientes del estudio. Un entrecruzamiento al azar entre algunos de los nombres de esas cerca de 300 firmas y las causas que tramitan en el máximo tribunal, revelan que quien es hoy presidente supremo intervino e incluso firmó fallos en al menos en 10 casos, algunos de los cuales incluyen varias resoluciones, de modo que son más de 20. Entre los más comprometedores detectados en un primer paneo por PáginaI12 figuran Petroquímica Cuyo, Panamerican Energy, Esso, YPF, Claro, Día y la Clínica Estrada. 

La nómina entregada en su momento por Rosenkrantz está plagada de nombres de grandes y conocidas compañías. El Código procesal Civil y Comercial dice que los jueces y las juezas no deberían intervenir en casos donde fueron defensores de algunos de los litigantes o emitieron algún tipo de opinión, recomendación o dictamen. Tampoco si tienen amistad con alguna de las partes, que se advierta en la familiaridad o la frecuencia en el trato; o si recibieron beneficios de importancia de alguna de ellas. 

Crisis  

El día que hizo su primer discurso de apertura del año judicial como presidente de la Corte, el 19 de marzo último, Rosenkrantz sorprendió a propios y ajenos al decir que el Poder Judicial atraviesa una “crisis de legitimidad” y de “confianza” y que si no la recupera pierde su razón de ser. “Hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de la democracia republicana”; “se empieza a generalizar la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho”; “debemos demostrar que somos refractarios a todo interés personal, ideológico, político y de cualquier otra naturaleza que no sea realizar el imperio del derecho”. Cuando habló el año pasado en “Justicia 20” o “J20”, la reunión de jueces de los países que integran el G20, también se despachó con frases sobre la independencia de todos los poderes, incluso los fácticos. Todo este repertorio expuesto públicamente, y como mensaje a jueces de las instancias inferiores, hace todavía más sorprendente la conducta  de Rosenkrantz a la hora de encarar expedientes concretos. 

El caso de Petroquímica Cuyo tiene la particularidad de que tramita como “juicio originario” porque se trata de un litigio contra una provincia. Eso quiere decir que la propia Corte funciona como jueza de instrucción del expediente. No hay instancias previas. La empresa demandó a la de Córdoba, que le reclamaba una supuesta deuda impositiva, en este caso diferencias en concepto de ingresos brutos. El fallo salió el 3 de octubre de 2018, dos días después de que Rosenkrantz asumiera la presidencia del tribunal. Tiene la firma de los cinco supremos, lo que incluye al ex abogado/apoderado de Petroquímica Cuyo, que fue beneficiada con la decisión. “El Estado provincial deberá abstenerse de reclamar a Petroquímica Cuyo SAIC las diferencias pretendidas en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos que se desprenden de la intimación emitida el 30 de agosto de 2017 por la Dirección General de Rentas de la provincia de Córdoba y durante la vigencia de la ley impositiva anual 10.412, así como aplicar y ejecutar multas o trabar cualquier medida cautelar administrativa o judicial sobre el patrimonio de la sociedad y de sus directores…”. 

En diciembre de 2016, apenas unos meses después de entrar a la Corte, y cuando todavía no intervenía activamente en expedientes ya que se tomaba su tiempo en analizarlos, el presidente supremo firmó un fallo a favor de la Clínica Estrada, su ex clienta, en una causa que tenía como base un hecho de mala praxis donde Gerardo Alberto Erkis había iniciado una demanda por daños y perjuicios. Se había presentado en favor del establecimiento también la Asociación de Médica de Almirante Brown. 

Petroleras 

El rubro petrolero parece uno de los predilectos de Rosenkrantz. Uno de los temas donde quedó en evidencia cómo se mueve, que fue revelado por el periodista Horacio Verbitksy en El Cohete a la Luna, es el expediente iniciado por la ex Esso (hoy Axion Energy), integrada a Panamerican Energy (del Grupo Bulgheroni), contra la municipalidad de Quilmes, donde le discute el pago de una tasa de seguridad e higiene en base a un porcentaje de los ingresos brutos de la provincia.  Un nutrido grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires se queja porque alega que ese impuesto representa un 35 por ciento de la recaudación sobre tasas  y aseguran que el impacto para sus arcas sería gravísimo. A pesar de su relación con la empresa, cuando la demanda de Esso llegó a la Corte en 2017, Rosenkrantz tuvo el expediente en su vocalía desde el 2 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Como era un recurso de queja el tribunal no tenía el expediente completo, pero decidió pedirlo. Eso implica ampliar el margen de tiempo en el trámite. El pedido de “autos principales”, tal como se llama en Derecho, lo avalaron Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Rosenkrantz en marzo de 2018. También se le pidió un dictamen a la Procuración General de la Nación. La procuradora Laura Monti, en nombre del organismo, dictaminó a favor de la empresa. 

En el ínterin algunos intendentes empezaron a inquietarse y hacer algo de show, y pidieron reuniones en la Corte para hacer saber su postura. Rosenkrantz los recibió y en la audiencia estuvo un grupo variopinto de jefes municipales: Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Juan Zabaleta (Hurlingham), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Andrés Watson (Florencio Varela), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Hernán Bertellys (Azul) y Mariano Cascallares (Almirante Brown) por el lado del peronismo; del radicalismo estuvieron Gustavo Posse (San Isidro), Jorge Etcheverry (Lobos), Esteban Reino (Balcarce), Raúl Sala (Carlos Tejedor), Claudio Rossi (Rojas); del PRO estuvieron Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Néstor Grindetti (Lanús) y Darío Kubar (General Rodríguez). En esa reunión estuvieron el abogado Antonio María Hernández y el abogado Germán Krivocapich, experto en derecho tributario, que llegó de la mano de intendente Macri. De las explicaciones de Krivocapich ante el supremo ex abogado de Esso, se podía leer la estrategia. 

Estos y otros jefes municipales, también pidieron audiencias con los otros supremos. La diferencia es que ninguno de ellos tenía alguna vinculación con las partes.  

El asunto tomó tal magnitud, por el evidente impacto que podría acarrear, que los supremos empezaron a debatir la posibilidad de convocar a una audiencia pública. Y lo hicieron: será el 29 de mayo y el 5 de junio próximos.  Así fue que 40 intendentes es presentaron como “amicus curiae”, una figura que se traduce como “amigos del tribunal”, ya que quieren opinar sobre la cuestión, que los afecta a todos, representados por La Tuta Hernández, como le dicen al letrado cordobés. 

Después de todo este periplo del  expediente, y cuando ya el llamado a audiencia era un hecho que lo dejaría expuesto, Rosenkrantz presentó su excusación y fue aceptada el 9 de abril de este año, en virtud de los artículos 17 y 30 del Código civil y comercial, que entre las diez razones que prevén de recusación y excusación, incluye las del comienzo de esta nota. Fue una suerte de sincericidio después de tamaña intervención en la causa durante más de un año.  

Otra petrolera que fue su clienta y sobre la que no se privó de opinar Rosenktrantz es YPF. Lo hizo en varios expedientes. En uno de ellos, la compañía se presentó contra la Dirección General de Aduanas (DGA), por una multa que se niega a pagar, que en un comienzo era de 308.855 pesos en los términos del Código Aduanero y con los intereses más el índice CER, llegaba a 377.564 pesos. El recurso extraordinario fue concedido por la instancia anterior. El alto tribunal, a favor de YPF, rechazó el recurso de la DGA por unanimidad el 10 de octubre de 2017, pero el ahora presidente supremo se tomó el trabajo de hacer un voto separado, y en lugar de decir que era no cumplía con los requisitos de fundamentación -como el resto de sus colegas–  utilizó la fórmula conocida como “280” del código procesal, que permite tomar una decisión sin dar explicaciones. También firmó, junto con Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, el rechazo a un planteo de Aldo Martinengo que había sido despedido de YPF y reclamaba daños y perjuicios. El argumento que ya llegaba desde la Cámara laboral, era que el caso prescripto y la petrolera no debía pagarle nada, aunque en primera instancia la sentencia había sido favorable al trabajador. En otro planteo laboral, de Diego Martín Melchiorre contra YPF, donde reclamaba una indemnización por despido, la Cámara laboral también le dio la razón a la empresa. El hombre fue a la Corte con un recurso de queja porque su presentación no cumplía requisitos formales. En esta ocasión firmaron, el 12 de junio de 2018, Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y también Rosenkrantz. Sobre YPF hay más de una decena de casos.  

Su vínculo con la compañía no es únicamente el de haber sido su representante legal, sino que Rosenkrantz tiene una conocida relación de amistad con uno de sus directores, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, designado en la empresa el 22 de diciembre de 2015. Rodríguez Simón, además, es uno de los principales operadores judiciales de Mauricio Macri, y quien impulsó la incorporación de Rosenkrantz a la Corte. En una foto revelada por esta cronista, se ve al presidente supremo en el casamiento de la hija de Pepín. En la mesa de al lado estaba Miguel Gutiérrez, presidente de YPF, con quien el supremo mantiene un relación social. En la foto en cuestión, además, se veía a la “mesa judicial” del Gobierno en pleno. Estaban José Torello (asesor jefe de Macri); Bernardo Saravia Frías (Procurador del Tesoro), Fernando Sánchez (secretario de Fortalecimiento), y entre ellos también la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic. 

Por esos mismos días, además, se conoció que Rosenkrantz participaría en un encuentro destinado a captar inversiones para la Argentina, previsto para el 25 de abril, junto con Gerardo Mato (del HSBC), el senador Miguel Pichetto, Torello y Gastón Remy (CEO de Vista Oil). Sus colegas supremos lo encararon y le preguntaron sobre la cuestión, y respondió que figuraba su nombre en el “flyer” que anunciaba el evento pero no había confirmado. Lo auspiciaban  la Columbia Latin American Business Law Association  y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires -que no es el Colegio Público y es conocido como el de la calle Montevideo-, que ha operado como brazo armado del Gobierno en denuncias contra jueces que no son de su agrado y en la expulsión de la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó. En suma, Rosenkrantz dijo que se limitaría a reunirse con jueces de la Corte estadounidense.    

Y además

La firma AMX SA (que es la de telefonía más conocida como Claro) tuvo un juicio muy grande impulsado por el sindicato de Telecomunicaciones (Foetra), relacionado con el encuadramiento sindical y l atransferencia de aportes. En el caso central, donde la Corte dejó firme la condena  contra Claro para pagar 1700 millones de pesos adeudados, Rosenkrantz no firmó. Eso fue el 5 de diciembre de 2017. Sin embargo, el expediente pasó por su vocalía el 11 de septiembre de 2017. Luego su firma apareció en un recurso  vinculado a esa causa, que lleva la carátula “Fondo compensador para Jubilados y Pensionados Telefónicos c/AMX” como lo hizo en mayo de 2018. Verbitsky menciona otra causa de Claro, contra el Municipio de la Matanza, donde Rosenkrantz pidió el expediente el 3 de diciembre de 2018 y luego se requirieron los autos principales a la Corte bonaerense. 

Hay un conjunto de expedientes vinculados con regulación de honorarios de abogados en causas sobre empresas clientas de Rosenkrantz, donde tampoco se excusó. Dos de ellos se refieren a letrados de Panamerican Energy, uno de un expediente contra Chubut y el Estado nacional, y otro contra la DGI. Cuando se plantean honorarios, los abogados lo hacen por derecho propio, pero la empresa puede estar implicada igual en el pago. De todos modos lo habitual en la Corte es que quien tuvo vínculo con la empresa en cuestión se excuse por razones de decoro y delicadeza. También firmó el supremo un planteo de regulación de honorarios de un abogado de YPF.  Lo mismo sucedió con el pedido del abogado de Dia Argentina SA, en una causa contra la Municipalidad de Esteban Echeverría. 

Según el artículo 32 del Código Procesal Civil y Comercial “incurrirá en la causal de mal desempeño, en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas de que haya dictado en él resolución que  no sea de mero trámite”.