Cuáles son las barreras del sistema electoral argentino para evitar el fraude | Cómo es el escrutinio

Hasta el último momento previo a las elecciones presidenciales de este domingo, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y los integrantes de su fuerza política han intentado sembrar dudas acerca del sistema electoral argentino, preparándose para desconocer el resultado electoral en el caso de una posible derrota ajustada, al igual que han hecho algunas de sus figuras internacionales predilectas, Jair Bolsonaro y Donald Trump. Lo que los militantes de ultraderecha no tienen en cuenta -o evitan decirle a sus seguidores- es que el diseño del conteo de votos tiene los suficientes mecanismos para evitar un fraude.

La Justicia Electoral Nacional emitió comunicados y resoluciones desmintiendo las denuncias, sin prueba alguna, de la ultraderecha. ¿Cómo es el mecanismo escalonado del escrutinio? ¿Quiénes intervienen? ¿Cuáles son los canales formales de posibles denuncias? 

Los organismos institucionales que participan del proceso electoral son dos: la Dirección Nacional Electoral (DINE) y la Cámara Nacional Electoral (CNE). La DINE es el organismo técnico del Poder Ejecutivo especializado en materia de administración electoral, encargado de programar y ejecutar la política nacional electoral, que implica la logística de distribución –junto al Correo Argentino– de las urnas, sobres, materiales de información y capacitación. El día de la elección, se suma al proceso el Comando General Electoral, integrado por fuerzas de seguridad nacionales, provinciales o municipales y encabezado por el Ejército. 

Las tareas de coordinación del operativo electoral no se realizan de forma unilateral sino que existe un espacio de consulta denominado Consejo de Seguimiento, allí tienen participación los apoderados de todos los partidos participantes. En este año, según la DINE, se realizaron trece encuentros en total, el último ocurrió el 9 de noviembre con participación de los apoderados de La Libertad Avanza y Unión por la Patria. Allí se pueden realizar aportes y recibir definiciones administrativas, técnicas y operativas sobre el proceso electoral. 

Los apoderados de ambas fuerzas políticas también se vieron las caras este sábado para bajar las tensiones, luego de que LLA presentara una no denuncia de fraude, del que no pudieron aportar pruebas. En el encuentro estuvieron Santiago Caputo, por el sector libertario, y Juan Manuel Olmos en representación de Unión por la Patria.

Por su parte, la CNE –dependiente del Poder Judicial– es la autoridad superior de aplicación de la legislación político-electoral y trabaja en coordinación con la Junta Electoral Nacional y las juntas electorales provinciales, integradas por jueces, fiscales y delegados. Los funcionarios judiciales son los encargados de recepcionar las denuncias por irregularidades, abrir investigaciones preliminares y emitir resoluciones que velen por la integridad legal del proceso.  

En la previa de la elección, la CNE tiene tareas como la realización del padrón electoral; el registro y control de los partidos políticos, la recepción y aprobación de listas de candidatos, el rendimiento de financiamiento. Como reaseguro del proceso electoral y para el control ciudadano del proceso, la CNE cuenta con un portal de delitos y faltas electorales, abierto para cualquier ciudadano, con una previa registración, y en el que se pueden presentar hechos u omisiones susceptibles de constituir delitos o faltas electorales. Con la posibilidad de adjuntar fotos o videos. 

Estas tareas son poco difundidas y quedan en segundo plano al momento de la elección, cuando todo se concentra en la etapa final del proceso: el escrutinio electoral. El recuento de los votos tiene tres escrutinios. 

Escrutinio de mesa

Este escrutinio está a cargo de las autoridades de mesa –cuya citación y registro también lleva adelante la CNE– con la presencia de los fiscales partidarios. Después del cierre de la elección, a partir de las 18, la autoridad de mesa, con la sola asistencia de un auxiliar de mesa, debe verificar cuántas personas del padrón emitieron su voto y, luego, abrir la urna para contar que el número de electores coincida con los sobres depositados. 

Una vez hecho este primer paso, la autoridad de mesa –siempre con la presencia de los fiscales partidarios– pasa a abrir los sobres para contar los votos emitidos para cada agrupación política; y distingue los válidos de los nulos. En cuanto a las suspicacias que pueden aparecer respecto de las boletas habilitadas por la Justicia Electoral para este balotaje, la Junta Electoral habilitó que se tomarán como válidas tanto las boletas oficializadas con fecha 19 de noviembre, como las oficializadas con fecha de los comicios del 22 de octubre para la categoria presidencial.  

Una vez contabilizados los votos válidos y nulos, los correspondientes a cada candidato y los votos en blanco, la información se vuelca en tres planillas firmadas por la autoridad de mesa y los fiscales: 

• Acta de escrutinio, que se utiliza para el escrutinio definitivo a cargo de la Justicia Electoral, el único válido legalmente.  
• Certificado, que se le entrega a los fiscales partidarios. 
• Telegrama, que se lleva a los centros de computos para el escrutinio provisorio.   

Escrutinio provisorio 

Este escrutinio está a cargo de la Dirección Nacional Electoral y no tiene validez legal sino solo valor informativo para comunicar el resultado de las elecciones a la ciudadanía la misma noche del domingo. Este recuento se realiza con los telegramas que son transportados por el Correo y los transmite desde las 24 jurisdicciones, a través de locales con kits de transmisión y sucursales electorales digitales, a la Justicia Electoral y a las sedes del Correo Argentino, ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y Monte Grande, donde la DINE realiza el conteo provisorio. 

En esos centros, los telegramas son digitados por dos operadores distintos, que cargan los datos de cada telegrama. Si ambos coinciden, se totaliza y difunde; si hay diferencia entre las dos cargas, el telegrama pasa a un tercer digitador. Si la tercera carga coincide con alguna de los dos anteriores, se totaliza. En caso contrario, el telegrama pasa a la mesa de incidencia de datos.

Este proceso está a cargo de la DINE –dependiente de la Secretaría General de la Presidencia–, pero en todo el proceso participan los apoderados y responsables informáticos de las fuerzas políticas. El sábado pasado, se realizó con la presencia de los equipos de Unión por la Patria y La Libertad Avanza la denominada  prueba de integración y escenarios para evaluar el funcionamiento de los procesos definidos para la transmisión y recuento de resultados. Para la prueba se analizaron 104.520 telegramas, enviados desde sucursales electorales digitales de todo el país. 

El objetivo del escrutinio provisorio –que no es legalmente válido– es el de informar a la población el resultado de la elección horas después del cierre de las urnas. En las PASO, los primeros resultados oficiales fueron publicados minutos antes de las 22, cuando ya había sido escrutada más de la mitad del padrón y la diferencia entre el recuento provisorio, que no tiene valor real pero sí informativo y político, y el definitivo en las PASO fue de 0,04 por ciento.

En las generales de octubre, los resultados estuvieron alrededor de las 21.20 con tendencias que se mantuvieron hasta el cierre del escrutinio provisorio. Estos resultados nunca cubren el total de las mesas porque siempre hay una pequeña proporción de telegramas que no llegan a ser enviados, tienen errores de confección o quedan sin completar.

Sin embargo, cuando se conocieron los resultados del escrutinio definitivo, a principios de noviembre, las modificaciones fueron mínimas y confirmaron los resultados provisorios. Por ejemplo, Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, obtuvo el 36,78% de los votos (frente al 36,68% que había marcado el escrutinio provisorio), mientras que Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, cosechó el 29,99% de los sufragios (frente al 29,98% del provisorio). 

Escrutinio definitivo 

El tercer escalón, el escrutinio definitivo está a cargo de la Justicia Electoral y es el único con validez legal. El recuento comienza 48 horas después de finalizado el proceso electoral y, para el caso de la elección a presidente, debe finalizar en no más de diez días. 

El recuento se realiza con las actas de escrutinio confeccionadas en cada mesa electoral con firma de la autoridad y los fiscales partidarios; y alcanza al 100 por ciento de las mesas. Además, durante el recuento definitivo, como en las dos anteriores instancias, también participan representantes de las fuerzas políticas que disputan la elección.  Tanto Unión por la Patria como La Libertad Avanza podrán designar fiscales con derecho a asistir a todas las operaciones del escrutinio y examinar la documentación.

La diferencia entre el escrutinio provisorio y definitivo han sido mínimas históricamente, sin modificar el resultado conocido el día de la elección. Sin embargo, en una elección ajustada como la que se espera para este domingo; según cifras oficiales la diferencia puede estar en:

• Errores en la confección de la documentación electoral necesaria para el escrutinio provisorio (como, por ejemplo, defectos en el telegrama de escrutinio).
• La resolución de la cuestión de los votos de identidad impugnada y recurridos. Cada uno de estos votos en el escrutinio provisorio no se distribuyen entre las fuerzas políticas, recién en el escrutinio definitivo la Justicia Nacional Electoral define si son o no válidos y entonces, si se los considera válidos se los asignan a la agrupación política que corresponde.
• El conteo de los votos del personal del Comando General Electoral que votaron con un doble sobre.
• El conteo de los votos de los electores privados de su libertad.
• El conteo de los votos de los electores argentinos radicados en el exterior.

En esta instancia, el recuento se realiza en la sede de cada junta electoral provincial y se analiza mesa por mesa de cada distrito y cada una de las actas elaboradas por las autoridades de mesa. Los apoderados o fiscales pueden observar y pedir en caso de irregularidades la aperturas de las urnas. Los que se verifica es: 

• Si el acta fue o no adulterada.
• Si el acta tiene o no defectos sustanciales de forma.
• Si se acompaña por todos los demás actas y documentos correspondientes.
• Si se admiten o rechazan las protestas.
• Si el número de quienes votaron coincide con el número de sobres enviados por la autoridad de mesa.
• Si los votos recurridos e impugnados son finalmente válidos o no. De ser válidos no se los computa por mesa sino en conjunto por sección electoral.

El fantasma del fraude que buscó instalar Javier Milei 

Durante una entrevita con el periodista Jaime Bayly, a diez días de las elecciones, el candidato de la ultraderecha cuestionó el resultado de las elecciones del 22 de octubre: sostuvo que “no fueron limpias”, que “hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado” y que “quien cuenta los votos es el que lo controla todo”. Milei no dio precisiones de por qué las elecciones “no fueron limpias” ni sobre qué tipo de irregularidades se registraron y desconoció que “quien cuenta los votos” son tres instancias distintas y, finalmente, la única con validez legal es la Justicia Electoral, mientras que en los tres escalones participan, siempre, fiscales partidarios que pueden seguir la trazabilidad de la votación. 

En la previa de esas declaraciones, la CNE había emitido un comunicado llamando la atención sobre “invocaciones de fraude sin fundamento que en estos días desinforman a la
opinión pública y socavan a la democracia como sistema de creencias compartidas” y le recordó a Milei que “las elecciones no son un servicio público a cargo de una autoridad estatal, sino un acto de
soberanía, de amplia participación y con controles recíprocos, en el que intervienen
ciudadanas y ciudadanos sorteados como autoridades de mesa y fiscales designados por
las agrupaciones políticas”.

Una de las denuncias que hicieron circular los voceros de la Libertad Avanza, siempre por redes sociales y replicadas por medios de comunicación, fue las supuestas irregularidades en telegramas –documento realizado en cada mesa de votación, con presencia de fiscales partidarios, utilizado solo para el escrutinio provisorio y sin validez legal– en los que figuraban “cero votos” para la fuerza de ultraderecha. 

Un informe realizado por Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICad), a partir de la información pública de la DINE, revisó los telegramas y mostró que Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza tuvieron una cantidad similar de telegramas electorales que arrojaban “cero votos” en la jornada del 22 de octubre.

La estrategia de agitar el fraude electoral –como ocurrió en las elecciones perdidas por Donald Trump en 2020 y por Jair Bolsonaro en 2022– continuó el miércoles pasado con una presentación del apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola –recordado por presentar testigos falsos en una causa en la que defendía a Leandro Báez–, y la hermana del candidato y jefe de campaña, Karina Milei, ante la Junta Nacional Electoral, integrada por los jueces María Romilda Servini, Jorge Eduardo Morán, Sebastián Picaso y Martín Seguí. 

En esa presentación, además de las “irregularidades” dichas en medios y redes sociales agregaron un grave cuestionamiento sobre el Comando General Electoral al denunciar –sin pruebas, otra vez– que en las elecciones de octubre habrían existido casos en los que la Gendarmería, al custodiar el transporte de las urnas, “cambia el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante”. 

Con ese argumento, La Libertad Avanza pidió que las fuerzas a cargo de la seguridad del proceso electoral fueran la Aérea y la Armada, a la que calificaron de “fuerzas honorables”. La respuesta de la Justicia Nacional Electoral fue que, de acuerdo a la ley electoral, los fiscales partidarios pueden “participar de la tarea de custodia” solicitada de las urnas, así como también del posterior proceso de documentación.

Además, Servini advirtió nuevamente a La Libertad Avanza sobre la decisión de entregar una reducida cantidad de boletas para el denominado “plan de contigencia”, un servicio que presta la Justicia Electoral para asegurar que existan boletas suficientes en todos las mesas electorales. La autoridad electoral hizo público que la fuerza de derecha denuncia “irregularidades” pero para mesas donde hay 350 votantes, entregó apenas 70 boletas. 

Viola reconoció que la estrategia de la fuerza de Milei fue optar por su derecho de  entregar menos boletas a la Justicia Electoral y dejar a sus fiscales que se encarguen de la reposición en las mesas electorales. Los jueces electorales se encargaron en su respuesta de volver a marcar las consecuencias de esa decisión: “No favorecerá al mejor desarrollo del comicio”. “Si bien esta Junta prevé un sistema de contingencia para el eventual faltante de boletas, esto no exime a la alianza de las responsabilidades de su reposición y distribución ante el faltante de las mismas que se pudieron producir durante toda la jornada electoral”, apuntaron. 

Luego de la respuesta de la Justicia Nacional Electoral, también se pronunció la Junta Electoral bonaerense —que integran los jueces Alejo Ramos Padilla, Roberto Lemos Arias y Sergio Torres— que sacó una nueva disposición frente a la decisión de La Libertad Avanza de no entregar boletas suficientes para el “plan de contingencia”. Los jueces establecieron un “protocolo de acreditación y actuación de fiscales”, en el que advirtieron que “en ningún caso y bajo ningún concepto, el desarrollo de la elección podrá interrumpirse por falta de boletas”. Y le pidieron a la fuerza de ultraderecha que informa sobre los fiscales que tendrán las responsabilidad de reponer las boletas partidarias, de acuerdo a la estrategia decidida por Milei.

En tanto, el viernes, el fiscal con competencia electoral Ramiro González –quien ante de las elecciones de octubre ya había abierto una investigación preliminar por las mismas infundadas denuncias de fraude– tomó declaración testimonial a Viola, quien no pudo aportar ninguna prueba sobre las denuncias.