Crónica de una infamia

“Esto pasó en la República Argentina durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri mientras hablaban de la independencia del Poder Judicial”. En poco más de una hora Cristina Kirchner expuso el sistema de percución judicial montado por los operadores del expresidente, un fenómeno que también se aplicó en Brasil, Bolivia y Ecuador para desestabilizar gobiernos populares y perseguir a sus dirigentes. El blanco principal de esa emboscada judicial fue la expresidenta que más de una vez mencionó en su exposición a los jueces Julián Ercolini y Claudio Bonadio, a los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky –visitantes asiduos de Macri– y a Carlos Stornelli, un fiscal que sigue en funciones pese a estar implicado en presuntos delitos cometidos como fiscal.

Entre los doce jueces que conforman el fuero federal, casi todas las causas contra la expresidenta cayeron en los juzgados Ercolini y el fallecido Bonadio, sobre todo este último quien había asumido estas causas con el ensañamiento de un cruzado. Es famoso que Cristina Kirchner fue citada para ocho indagatorias el mismo día.

El esquema, respaldado por la corporación hegemónica de medios, buscaba desprestigiar, humillar y demoler a los perseguidos y en la exposición de la expresidenta quedó claro que el titiritero principal eran los fondos buitre que no habían conseguido doblegar la resistencia de su gobierno a pagar la cifra usuraria que ellos reclamaban.

Otros nombres fueron pronunciados en su alegato. El principal de ellos fue el de su canciller Héctor Timerman que murió luego de que le impidieran viajar a Estados Unidos para someterse al tratamiento de un cáncer de hígado. Timerman murió con el dolor de no haber podido limpiar su nombre, injustamente mancillado por la manipulación de una causa inventada e inflada por los medios, como la del memorándum con Irán por la causa AMIA.

Pero también fue mencionado el juez Martín Irurzun por su famosa doctrina que permitía la prisión de un ciudadano mientras era investigado y sin que hubiera condena. El adefesio legal de Irurzun fue derogado después de la derrota electoral de Macri y antes que asumiera Alberto Fernández. El macrismo se aseguraba así garantías procesales que gracias a Irurzun no tuvieron los perseguidos del kirchnerismo.

Otros jueces de la Cámara Federal que integra Irurzun fueron mencionados en la lista del lawfare, como Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron designados a dedo, de manera irregular para completar un tribunal adicto.

Todas estas situaciones están corroboradas por los hechos y por la existencia pública de una mesa judicial que operaba desde la Casa Rosada, dirigida por el prófugo Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín. Sin excepción, todos los exfuncionarios kirchneristas asumieron su defensa ante la Justicia, ninguno eligió el camino de la fuga. Es la diferencia con el macrismo. Y lo hicieron aún sabiendo que eran víctimas de falsas acusaciones. Fue una manera de ganar autoridad moral para juzgar a los funcionarios judiciales que se prestaron a la persecución organizada desde el gobierno de Macri.

Además del daño sobre las víctimas de esa persecución hay un daño institucional que se genera con la manipulación de la justicia para convertirla en una herramienta de persecución política. Desde el radicalismo han explicado la persecución contra Milagro Sala, porque, según ellos, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no hubiera podido gobernar con ella en libertad a la cabeza de la Túpac Amaru. Es una lógica que trata de ser de sentido común, pero está hablando de corromper la justicia.

Es la misma lógica que utilizó el macrismo desde la Casa Rosada y que lo llevó a convertirse en el único gobierno argentino desde la salida de la dictadura que fue amonestado por el relator de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Magistrados, Diego García Sayán. El reconocido jurista hizo una lista de las irregularidades cometidas por el macrismo, muchas de las cuales fueron señaladas por Cristina Kirchner.

Es un punto de quiebre. La mayoría denuncia la corrupción de una parte del Poder Judicial, y la primera minoría dice que esa denuncia busca la impunidad de los corruptos. No existe mayor figura de corrupción que cuando el jefe del Estado es también jefe de una corporación que realiza negocios con el Estado. Y sin embargo (o quizás para tapar eso) es el gran denunciador de otras corrupciones.

La causa que motivó el alegato de la expresidenta, a raíz del memorándum de acuerdo con Irán, es un correlato de la causa que investigó el atentado terrorista contra la sede de la mutual judía en 1994.

En el comienzo de su exposición, Cristina Kirchner hizo referencia a esta causa y recordó que, como senadora formó parte de la comisión investigadora que había esclarecido la trama de encubrimiento que se había tejido alrededor del atentado.

El fallecido expresidente Carlos Menem, cuyo viceministro del Interior, el exfiscal Germán Moldes, otorgó la nacionalidad en tiempo récord a Monzer Al Kassar, el mayor traficante de armas del planeta, expulsado de España y reclamado por varios países europeos, seguramente se llevó a la tumba muchas respuestas.

El exfiscal Moldes fue después uno de los mayores operadores de la causa por el memorándum y de la manipulación mediático-judicial del suicidio de Alberto Nisman. Junto con el excapitán de navío Za-Za Martínez había sido responsabilizado durante el menemismo por el otorgamiento inusitado de la nacionalidad al traficante de armas sirio.

El encubrimiento del atentado obstaculizó las primeras pistas de investigación que son las más importantes. En un gobierno como el menemista, que se destacó por el tráfico de armas a Ecuador y a la exYugoeslavia, asesorado por Israel; en un gobierno que acogió al principal conocedor de operaciones de este tipo, resultó siempre llamativo el interés en desviar la investigación del atentado. Ni antes ni después de la década menemista se produjeron atentados en Argentina ni en otros países latinoamericanos, relacionados con el conflicto en Medio Oriente. A lo que se suma la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero.

En la causa por encubrimiento quedó involucrado el entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja afin al menemismo, quien había facilitado parte del dinero con el que se compró el testimonio falso que desvió toda la investigación, pero finalmente fue sobreseído.

Colaboradores de Beraja como Claudio Avruj y la pareja de Patricia Bullrich, Guillermo Yanco, así como el diputado Waldo Wolff, se enrolaron en el PRO. La conducción de la DAIA durante el macrismo tenía esta misma orientación y se sumó a la campaña de distracción con el suicidio de Nisman y la causa del memorándum que oscurecían aún más la investigación sobre el atentado a la AMIA.

Cristina Kirchner indicó que cuando tuvo concimiento de la causa por el atentado se dio cuenta que la habían convertido en instrumento de intereses de geopolítica internacional y de política local. La intervención pública, no oculta, de los servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos, más la intervención del fiscal Nisman, cercano a Jaime Stiuso, el mandamás de los espías locales, dejaron a un lado el esclarecimiento del atentado y lo usaron como ariete de la política nacional e internacional. La causa AMIA es un ejemplo de cómo afecta la manipulación de la justicia. Por esta modalidad perversa de manipular causas con fines políticos, como denunció Cristina Kirchner, hay 86 víctimas de la explosión en la AMIA a las que después de 27 años todavía se les debe justicia.