Crónica de un golpismo anunciado

El inaudito video “del campo” amenazando al nuevo gobierno un par de semanas antes de asumir, viralizado por propios y extraños, es inadmisible.

Como sugirió Claudio Scaletta en estas páginas
, el absurdo empaña todo, refiere a prejuicios antes que a temores y obedece a una ideologización precautoria de la cuestión agraria, por llamarla de algún modo, que es muy peligrosa para la paz social de esta república.

Cabe reflexionar, entonces, la necesidad de una docencia cívica que desautorice esas amenazas. Para lo cual en primer lugar hay que denunciar falacias como que el campo es “de todos” o que “todos somos el campo”. Eso no es cierto por la sencilla razón de que el territorio nacional es de los dueños de la tierra, que son pocos e insolidarios pero le han hecho creer a la población –medios adictos mediante– que “el campo es de todos”.

De hecho, esta semana la Fundación agropecuaria para el desarrollo argentino (FADA), ONG dirigida por 17 señores y ninguna mujer, postula, entre otras exageraciones, que “el campo” emplea indirectamente a 3,7 millones de argentinos. Y afirman otras cosas temerarias e incomprobables, como que sólo hay 863 establecimientos rurales de más de 20 mil hectáreas, pero no dicen cuánto más grandes, con lo que niegan la nociva existencia de latifundios de entre 50 mil y un millón de hectáreas.

Al respecto, y como señalamos con Pedro Peretti en el libro La Argentina Agropecuaria, que publicó PáginaI12 a comienzos de este año, uno de los más negados problemas de la Argentina, y quizá el principal, es precisamente el latifundio. Es decir la desmesurada concentración de tierras, que se niegan sistemáticamente pero son un hecho.

Asi, la amenaza de un nuevo estropicio rural, que sería tremendamente negativo para el país y sobre todo para las clases trabajadoras, impone el urgente desafio de ser pacientes pero a la vez muy firmes para enfrentar este fundamentalismo rural que rechaza todo y anuncia piquetes y cierre de rutas.

Como si con los errores de la 125 (en 2008) no se hubiera aprendido nada, es indudable que van a impedir publicitariamente todo esclarecimiento, para seguir negando que las retenciones son indispensables y son justas, aunque necesariamente deberán ser diferenciadas o segmentadas por tamaño del productor, como señalan Peretti y otros especialistas, ya que son un derecho de exportación que se cobra independientemente del resultado económico.

Los terratenientes carapintadas que filman y viralizan estos videos parecen no haber aprendido nada, ni admiten que sus privilegios de clase sean limitados. Amenazar a un gobierno que todavía no asumió, y pretender marcarle la cancha, es una actitud soberbia y antidemocrática. Sobre todo en el presente, cuando nadie, seriamente, habla de reforma agraria, sino simplemente de que los terratenientes, y en particular los latifundistas, paguen impuestos como lo hacemos todos, y que los paguen en relación a sus gigantescas ganancias. Esas que hoy les permiten concentrar cientos de miles de hectáreas, y encima talando bosques como hacen día a día, y hora a hora, en Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa por lo menos, devastadas ya Córdoba y Santa Fe.

Una joven diputada provincial santafesina, por cierto, Mercedes Meier, acaba de presentar un proyecto de ley para que los campos más grandes de Santa Fe paguen entre un 30 y un 40 por ciento más de impuestos provinciales, y que la recaudación integre un fondo alimentario para la población más postergada. Junto con el también diputado y viejo luchador social Carlos del Frade, han denunciado la ominosa pasividad de los gobiernos santafesinos que ni siquiera les cobran impuesto a los ingresos brutos a las grandes corporaciones agroexportadoras del mayor polo aceitero del mundo, sobre el río Paraná.

La Argentina necesita que los dueños de la tierra, y los beneficiarios de la actividad agropecuaria, simple y sencillamente paguen impuestos. Se trata de que produzcan los que producen, y no se consideren productores los rentistas que alquilan territorios a pooles de siembra, con lo que además resultan depredadores por un lado, y contaminadores por el otro.

Y para la batalla que se viene, dada la agresividad de ricos y privilegiados, es de esperar que sea sólo conceptual. Por lo que es oportuno recordar que la reforma agraria “es un concepto genérico que puede ir desde expropiaciones a simples modificaciones en las cargas tributarias”, como señala Pedro José Kesselman, distinguido laboralista y convencional constituyente de 1994 citando a Eduardo Zimmermann –ex rector de la Universidad de San Andrés y actual vicepresidente de la Academia Nacional de Historia– quien en su libro Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina 1890-1916, sostiene que esa idea fue propuesta ya en 1906 nada menos que por el diario La Nación.

En un artículo editorial del 10 de septiembre de ese año, titulado “La distribución de la tierra”, el matutino fundado por Bartolomé Mitre reclamaba “una política estatal más firme contra los latifundios y a favor de una mejor distribución de la tierra”. Y que esa no fue una improvisación lo prueban varios artículos de 1906 y 1907 titulados “El Estado y los servicios públicos”; “El latifundio urbano”; “Dependencia económica. Serio peligro” o “Nacionalización de servicios públicos”. Y todo esto una década antes de la revolución bolchevique, cuando La Nación era dirigida por el ingeniero Emilio Mitre y defendía incluso la necesidad de que el Estado ejerciera controles sobre la economía.

Queda claro que ante la ya anunciada posibilidad de enfrentamientos indeseados, el modo de evitarlos pasará por dos ejes: convicción, claridad y firmeza en materia agropecuaria por parte de las nuevas autoridades, por un lado; y por el otro sembrar desde ahora mismo la conciencia de que “el campo” no es “de todos” sino de sus dueños, que bien harán en achicar soberbia y pagar retenciones, moderadas y por segmentos.