Cristina Caamaño: "En la AFI logramos romper la promiscuidad con la Justicia"

“En estos 120 días que estamos en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) rompimos la promiscuidad. Ya no existe que cada agente de inteligencia tenía un juez amigo y cada juez tenía un agente de inteligencia amigo. Tengo varias denuncias preparadas y estamos esperando que reabra la actividad judicial: vamos a denunciar seguimientos ilegales, espionaje ilegal, maniobras en la Justicia contra opositores, todo realizado durante el gobierno anterior. Y en este marco, el de limpiar la AFI, dimos un paso blanqueando por primera vez el presupuesto
. Piense que el año pasado se usaron 1.121 millones de pesos en gastos reservados, gastos sin liquidar, sin decir a qué corresponden, sin que se sepa adónde fueron. Compare: nosotros llevamos gastados sólo 83 millones en gastos reservados, dedicados a operaciones de inteligencia, principalmente antiterrorista e incluso vinculadas a la covid-19. Eso le da a usted una idea de lo que anteriormente se llevaron a no sé dónde o usaron en no sabemos qué”. Por primera vez desde que asumió como titular de la AFI, la fiscal Cristina Caamaño, habla sobre lo que pasaba y sobre lo que ahora pasa en la central de inteligencia.

Como ocurre en estos tiempos de coronavirus, Página/12 tuvo que concretar telefónicamente la entrevista con la interventora de la AFI, a cuatro meses y medio de su asunción al frente de la inteligencia argentina. El encuentro virtual se acordó a raíz de un hecho inédito e histórico: en el Boletín Oficial ayer se publicó el presupuesto de la AFI, con lo previsto y lo gastado, ítem por ítem. Debe recordarse que como no se votó un presupuesto para 2020 en el Congreso, lo que se hizo fue prorrogar el presupuesto 2019, con los mismos valores. Por eso, figura en el Boletín Oficial el dato de presupuesto inicial, 2.597 millones de pesos, y lo gastado hasta ahora 955 millones. Y luego viene el detalle de los gastos de personal, los servicios no personales, como los costos del mantenimiento de edificios, el pago de servicios y otras erogaciones de esa naturaleza.

“El año pasado, la gran parte del presupuestos de la AFI fue secreto -señaló Caamaño- e incluso se pasaron como gastos reservados cuentas de luz o de nafta. Eso fue blanqueado ahora por nosotros y suma, en total, 211 millones de pesos. Pero, además, tenían gastos reservados para operaciones secretas por 1.121 millones de pesos: nosotros apenas gastamos 83 millones. Eso muestra lo que se llevaron no sé adónde o usaron en no sé qué”.

–¿Cuál es la actividad de la AFI en estos tiempos?

–Por supuesto que analizamos las alertas terroristas, los peligros para nuestros puntos esenciales, como la hidrovía o la actividad petrolera, las amenazas en la actividad pesquera y seguimos mirando en detalle lo que ocurre en la Triple Frontera. Desde ya que al no haber vuelos, ese tipo de alertas terroristas, la de ingresos de personas con antecedentes en esa materia, se redujeron muchísimo.

–¿La AFI se ocupa, por ejemplo, del coronavirus?

–Obviamente le entregamos al Presidente y al jefe de Gabinete informes, incluyendo las polémicas sobre el origen del virus. Pero no sólo eso, tenemos analistas en lo nacional y en el extranjero sobre la evolución en distintos países y en distintas provincias.

–Da la impresión que en esa materia tenemos algo parecido a una tensión con Brasil. No diría un conflicto, pero está el hecho objetivo de que tenemos al lado un país con miles de muertos.

–Entregamos informes, a veces diarios, incluso sobre las convulsiones políticas y militares. Le hacemos llegar informes a nuestros organismos que están en las fronteras cuando vemos alguna situación que pueda derivar en ingresos a la Argentina. Nosotros avisamos, hacemos el diagnóstico. También estamos atentos a alguna organización de narcotraficantes que quiera crear una desestabilización. De hecho le advertimos en un caso a nuestras fuerzas de seguridad e hicieron las detenciones.

–¿Organización de qué origen? ¿México, Brasil, otro país?

–No, no, yo tengo obligación de secreto. Es más, tengo la obligación de denunciar a cualquier ex integrante de la AFI que hable públicamente rompiendo su deber de secreto. De hecho, tuve que hacer una denuncia penal el viernes (ver aparte). Nosotros le damos la información sobre esas organizaciones delictivas que podrían tener una intención desestabilizadora y son las fuerzas de seguridad las que actúan. Lo mejor para la AFI es no aparecer, ese es nuestro trabajo.

–En estos días salieron a la luz varias denuncias de jueces que revelan que sufrieron presiones y aprietes durante el gobierno anterior. Ya conocíamos el caso del juez Luis Carzoglio, visitado por dos altos cargos de la AFI para presionarlo exigiéndole la detención de Hugo y Pablo Moyano. Supongo que ustedes están revisando los archivos y que tiene que haber información sobre operaciones de esa naturaleza.

–Primero, tengo que decirle que el doctor Carzoglio es un funcionario público y por lo tanto es quien tiene que denunciar la existencia de un apriete o un delito. Está obligado. Pero si después un juez cita a esos directores de la AFI, ellos están obligados a pedir el levantamiento del secreto que deben guardar. No pueden ir a declarar así como así. Y yo también estoy obligada.

–¿En qué sentido?

–En que si encuentro documentación sobre un delito, tengo la obligación de hacer la denuncia. De manera que, efectivamente, tengo varias denuncias preparadas por actividades como las que usted me refiere. Estoy esperando que vuelva la actividad judicial para presentarlas.

–¿Me puede contar algo de esas denuncias?

–No puedo revelar mucho. Pero es cierto que hemos encontrado documentación que acredita actividades ilegales, como seguimientos ilegales, espionaje ilegal, presiones indebidas que constituirían delitos. Pongamos, por ejemplo, que a usted como periodista lo hayan estado siguiendo y espiando y que hay pruebas de eso acá, en la AFI. Yo tengo la obligación de hacer la denuncia y las voy a hacer. Tengo varias denuncias preparadas, se lo reitero.

–¿No me puede adelantar nada?

–No.

–Supongo que en la inteligencia de hoy no está el modelo del hombre parado en la esquina, con antejos y simulando leer el diario. Me imagino que todo pasa más por la cuestión informática.

–Desde ya que tenemos nuestra división de Ciberinteligencia. Claro que hay agencias que tratan de infiltrarse, aunque los ataques informáticos se ven más en Estados Unidos que en estas latitudes. Pero estamos todo el tiempo analizando nuestras vulnerabilidades, no sólo en la AFI, sino en varios ministerios. Trabajamos en evitar los hackeos a nuestros sistemas y también hacemos un rastreo de micrófonos. Hemos recibido bastantes pedidos de distintas áreas del Poder Ejecutivo para que hagamos “limpiezas” en las oficinas.

–Ya van 120 días de la intervención de la AFI ¿cuál es el saldo?

–Yo creo que hicimos cosas que nunca antes se hicieron. Por ejemplo, bancarizamos los sueldos de los agentes. Blanqueamos los fondos reservados y los números están a la vista. De 1.200 millones bajamos a 83. No hay más Señor 5 y Señora 8 ni doble comando, hay una estructura que trabaja bien dentro y fuera del país. Y, desde ya, hemos logrado terminar con la promiscuidad de mezclar a la AFI con la Justicia y con las operaciones judiciales. Se terminó eso de que cada juez tenía su agente de inteligencia amigo y cada agente de inteligencia tenía su juez amigo. Ese aparato orientado a perseguir opositores, se terminó, lo prohibimos.  

Hoy, la UFI AMIA, casi desactivada por el macrismo, está a cargo de un fiscal, Sebastián Basso, puesto en ese puesto por el gobierno de Cambiemos de la mano del procurador Eduardo Casal. La UFI-AMIA venía con avances importantes con un grupo de fiscales que trabajaron, por primera vez, con técnicas genéticas y microscopios de última generación. Se logró, por ejemplo, identificar a la víctima 85 del atentado; hacer un análisis de los restos metálicos encontrados en los cuerpos de las víctimas, determinar la existencia de un suicida y establecer que el supuesto suicida no era Ibrahim Berro como sostenía el fallecido fiscal Alberto Nisman. 

La denuncia de Caamaño en primer lugar constituye una admisión de que Melo era un agente orgánico de la AFI y eso seguramente obligará a un fiscal y a un juez a investigar esta notoria operación de persecución a la oposición durante el gobierno de Macri.