Crímenes del franquismo: la España de la Transición se resiste a revisar su pasado

Desde España

El pacto político que permitió la transición de la dictadura a la democracia tras la muerte de Franco en 1975 mantiene toda su vigencia. En aquel momento los herederos de la dictadura aceptaron el tránsito a un estado de derecho sin exclusiones con dos condiciones fundamentales: continuidad del rey Juan Carlos I, nombrado sucesor por el dictador, e impunidad para los crímenes cometidos durante las cuatro décadas de represión.

No hay cambios después de 42 años de democracia y así lo han dejado claro los cuatro expresidentes que han gobernado España entre 1982 y 2018.

Hace unos días, tras la huida de Juan Carlos de Borbón acosado por fundadas sospechas de corrupción, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, desalentó cualquier expectativa de que el descrédito de la Corona se tradujera en la apertura de un debate para el cambio de modelo en la estructura del Estado. “La Constitución no se trocea”, dijo.

Ahora le ha tocado el turno a la impunidad y la respuesta ha sido todavía más contundente. Los cuatro expresidentes vivos –Felipe González (PSOE), José María Aznar (PP), José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP)- han firmado sendas cartas de apoyo a Rodolfo Martín Villa, ex ministro del Interior en los estertores de la dictadura y también alto cargo de los primeros gobiernos democráticos.

Durante su etapa como ministro de Relaciones Sindicales, al inicio de la Transición, se produjeron los llamados sucesos de Vitoria, en el País Vasco, donde la represión tras una protesta obrera se saldó con la muerte de cinco trabajadores y más de un centenar de heridos.

La impunidad pactada durante la Transición hizo que familiares de las víctimas buscaran reparación en la justicia universal y la encontraran en la jueza argentina Servini de Cubría, que en 2014 pidió la extradición de Martín Villa para interrogarlo como responsable de supuestos delitos contra la humanidad. El entonces presidente Mariano Rajoy rechazó el pedido y el pasado marzo, las restricciones obligadas por la pandemia frustraron la intención de la jueza de volar a España para realizar el interrogatorio en Madrid. Finalmente, y Martín Villa, que ahora 85 años, declarará este jueves vía telemática. Lo hará a las cuatro de la tarde hora española (11:00 en Argentina) en el Consulado argentino en la capital de España. A horas de esta comparecencia se han conocido las cartas de apoyo.

Las misivas de los ex presidentes demuestran que no hay diferencias entre los dos grandes partidos que han gobernado España desde 1982 en cuanto a la defensa de todo lo pactado durante la Transición.

Pero no son sólo los expresidentes. También mostraron su apoyo una veintena de ex altos cargos de diversos gobiernos de los últimos 40 años y hasta el expresidente chileno Patricio Aylwin se ha sumado a la legión de avalistas de Martín Villa.

Sin embargo, la defensa más significativa del exministro franquista y la que mejor describe la solidez de la trama construida durante la Transición es la de cuatro ex líderes sindicales, Nicolás Redondo y Cándido Méndez, de la Unión General de Trabajadores (UGT), y Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo, de Comisiones Obreras (CCOO).

Todos ellos defienden el papel jugado por el exministro durante la Transición. Nicolás Redondo, máximo dirigente del sindicato desde 1976 a 1994, asegura que los que combatieron la dictadura franquista encontraron “compañeros de aventura en personas como Rodolfo Martín Villa”. Agrega que quienes protagonizaron la Transición “pretendieron hacer de las dos Españas una, amplia, acogedora y respetuosa con los diferentes modos de sentir, de pensar, de ver la vida y el mundo”.

Gutiérrez, secretario general de CCOO entre 1987 y 2000, llega a afirmar en su carta que querellas como la tramitada por la jueza argentina arruinan la memoria democrática española. “Una forma de arruinar la memoria democrática es sustentar querellas como la que culpa de delitos tan atroces como falsos a Rodolfo Martín Villa asociados al proceso de Transición a la democracia. Convertir aquel logro colectivo en una frustración histórica solo beneficiaría a quienes alientan el resentimiento”, asegura.

Por su parte Cándido Méndez, secretario general de UGT entre 1994 y 2016, reconoce que los hechos de Vitoria en marzo de 1976 exigen una reparación en relación con los responsables materiales o políticos, aunque añade que esa reparación “no puede extraerse imputando un delito de genocidio, o crímenes contra la humanidad, a responsables políticos que, en aquellas fechas, y en otras posteriores, estaban esforzándose precisamente para generar las condiciones de asentar cuanto antes una sociedad pacífica, libre y democrática, con respeto a los cauces democráticos de la libertad de expresión”. La UGT se ha desmarcado de esta misiva. En un comunicado, el sindicato recuerda que la justicia tiene que ser universal y señala que Martín Villa “tiene la oportunidad de defenderse, algo que no tuvieron muchos sindicalistas de UGT”.

Desde Podemos, socios de gobierno del PSOE, también han mostrado su indignación por esta defensa cerrada de Martín Villa por parte del establishment. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, escribió “Vergüenza” en su cuenta de Twitter y el portavoz parlamentario de la formación, Pablo Echenique, se preguntó: “¿Qué están pidiendo los firmantes de estos escritos vergonzantes? ¿Que los que hayan participado de los acuerdos de la transición tengan impunidad absoluta incluso aunque pudieran haber cometido delitos de lesa humanidad?”

Para los querellantes en la causa, las cartas aportadas por la defensa de Martín Villa suponen una injerencia y un ” intento burdo y grotesco de ejercitar una presión política sobre la Jueza Servini, inaceptable desde el punto de vista jurídico-procesal y también democrático”.

Desde la organización Ceaqua, que representa al colectivo de víctimas que ejerce la acusación en este procedimiento, se señala que los testimonios constituyen una injerencia más en una causa que según denuncian ha sido en todo momento obstaculizada por las autoridades españolas, pese a que en ella se acumulan ya más de mil denunciantes.