Crece el repudio a la xenofobia de Trump

Las nuevas medidas planteadas por el presidente estadounidense Donald Trump, en el marco de su cruzada contra migrantes e indocumentados, generaron el inmediato rechazo de activistas de derechos humanos, opositores demócratas y colectivos de abogados. El mandatario anunció la ampliación de manera indefinida del plazo de 20 días durante los cuales un niño indocumentado puede estar detenido (según el plazo establecido por el “Acuerdo Judicial Flores”). La decisión del gobierno de Estados Unidos, sin embargo, puede enfrentar una larga batalla legal, e incluso el veto de un juez antes de su entrada en vigor. El mandatario también volvió a amenazar con eliminar el derecho a la nacionalidad por nacimiento de los hijos de inmigrantes.

Desde la oposición, varias figuras salieron al cruce de los anuncios de Trump, entre ellas el precandidato demócrata a la Casa Blanca y actual congresista por Texas, Beto O’Rourke, quien denunció que la “crueldad no hará más que empeorar si no se frena”. “Miles de niños separados de sus padres. Siete niños muertos durante nuestra guardia. Muchos más duermen en el suelo de nuestros centros de detención. Trump decidió que la solución es encarcelarlos por más tiempo. Esta crueldad empeorará si no llegamos a hacer algo”, dijo en Twitter.

El senador demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez, declaró en la misma red social que “la detención familiar indefinida NO es la respuesta a la separación familiar”. “He visto de primera mano cómo niños y padres están detenidos en condiciones abominables, encerrados en jaulas, sin poder contactarse con los miembros de sus familias”, agregó Menéndez, para quien esta situación es “cruel y antiestadounidense”.

“Los inmigrantes merecen ser tratados con un mínimo de dignidad humana y de decencia, pero una vez más el gobierno de Donald Trump y sus aliados republicanos los están demonizando para dividir al pueblo estadounidense. No hay una justificación moral para la detención indefinida de niños”, sostuvo por su parte el presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, Tom Pérez. 

Distintos organismos de derechos humanos advirtieron por su parte que van a acudir a los tribunales federales para evitar la derogación del Acuerdo Flores. “Este es otro ataque cruel contra los niños, a quienes el gobierno de Trump ha atacado una y otra vez con sus políticas contra los inmigrantes”, denunció la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

“Si el juzgado frena la acción del gobierno de una forma inmediata, la batalla sigue por años”, explicó Clara Long, investigadora de Human Rights Watch (HRW). Long aseguró que tras la publicación de la nueva regulación en el Registro Federal, pautada para el viernes, se abre un plazo de 60 días para su entrada en vigor, durante los cuales puede darse un pronunciamiento de la jueza federal Dolly Gee, quien tiene el acuerdo bajo su tutela, y recibirá en su despacho las diferentes acciones que inicien los abogados contra la nueva reglamentación. 

Derecho a la nacionalidad

Las medidas propuestas por Trump no terminaron en la derogación del Acuerdo Flores. Sobre el derecho a la nacionalidad por nacimiento en territorio estadounidense, que está garantizado por la Constitución, el presidente reiteró que su gobierno analiza revocarlo. “El derecho a la nacionalidad por nacimiento es algo francamente ridículo”, dijo el mandatario ante periodistas reunidos en la Casa Blanca.

Trump, que ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal uno de los ejes de su gobierno, planteó en 2018 una política de “tolerancia cero” que causó que más de 2300 niños fueran separados de sus padres migrantes, y que tuvo que suspender ante el fuerte rechazo de la opinión pública.

“Somos el único país del mundo donde, si una persona llega y tiene un bebé, se convierte en ciudadano de Estados Unidos, gozando de todos los beneficios”, dijo el mandatario en una entrevista con el sitio web de noticias Axios, lo que en principio es una afirmación errónea: el proceso llamado “Ius soli” (“derecho del suelo” en latín) tiene vigencia en la mayoría del continente americano, incluyendo en la lista a países como Argentina, Brasil o México.