Contrabando de cereales, con grandes exportadoras en la mira

Solo en un fin de semana fueron decomisadas 136 toneladas de soja y 62 de maíz que eran transportadas de manera ilegal rumbo a Salvador Mazza, en la zona de frontera salteña. Unos días antes la Gendarmería incautó 400 toneladas de soja en Corrientes al detectar el desfile coordinado de 12 camiones que transportaban cereales a granel, también en forma ilícita. La escena se repite a menudo: gendarmes que controlan las rutas y prefectos que fiscalizan embarcaciones en los ríos se encuentran con grandes cargamentos de cereales, transportados con un impactante despliegue logístico, combinado con la falta o adulteración de documentos para el traslado de estas mercaderías. Son rasgos típicos del tráfico ilegal o el contrabando. 

El Estado puso desde el año pasado el foco en estos movimientos que, se sospecha, tendrían detrás a grandes exportadoras de granos que manejan el mercado y el ingreso de divisas. Mientras bregan por la baja de retenciones u otros beneficios, generarían mecanismos ilegales para sacar sus productos del país y obtener ganancias, con las consecuencias que esto acarrea a la vez en la economía local: desabastecimiento, mercado negro y suba de precios de los productos primarios que afectan directamente al bolsillo de todo el mundo. Los decomisos suelen derivar en la apertura de causas judiciales, lo que ha generado a la vez la intervención activa de otro organismo, la Unidad de Información Financiera (UIF), que puso el foco en el sector agroexportador y las posibles maniobras de lavado de activos.

La Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación tiene un relevamiento que indica que durante 2020 se incautaron 3.691.208 kilos de cereales, en su mayoría maíz y soja. “Los últimos análisis de información dejan en evidencia que se produjo un incremento muy singifictivo de las cantidades de grano que fueron decomisadas durante el año 2020, en especial en la segunda mitad del año. El aumento es mayor al 55 por ciento en relación al año anterior. Es por distintos  tipos de infracciones y por contrabando”, explicó a Página/12 la ministra Sabina Frederic. 

“Los decomisos se producen en ciertos lugares más que en otros. Ahora estamos avanzando en el análisis de los circuitos, los orígenes y redes de transporte. Eso significa articular nuestro trabajo con la Justicia, para lograr impedir este tipo de ilícitos que ocasionan un daño significativo al Estado por evasión de impuestos, de retenciones, y porque sabemos que esto tiene impacto en la mesa de los argentinos”, señaló. Los procedimientos que culminan con incautación de granos pasaron de 57 en 2019 a 139 en 2020, es decir un 144 por ciento más en plena pandemia del coronavirus.  En el análisis de las rutas y la trazabilidad del material la clave será llegar a las organizaciones detrás de este negocio. Por lo general en un comienzo quedan comprometidos los choferes y propietarios de los camiones, pero el nudo de la cuestión es hasta dónde llega la cadena.

Ahí es donde parece resultar crucial el trabajo de la UIF, que dirige Carlos Cruz, que apunta a desnudar las operaciones de retención de granos, subfacturaciones, sobrefacturaciones y contrabando, que suelen funcionar como delitos precedentes del lavado de activos, además de la evasión. La prevención e investigación del lavado son los objetivos centrales del organismo. Una de las preocupaciones medulares está situada en la actividad de las principales cerealeras agroexportadoras, que son una decena, entre ellas Vicentin, AGD, Dreyfus,  Oleaginosa Moreno, Cargill, COFCO, ADM agro, Molinos agro, Nidera, aceitera Deheza. Facturan un promedio de 3.000 millones de dólares al año. 

La UIF ya se presentó como querellante en dos causas donde están identificadas en presuntos delitos dos grandes cerealeras: una es Vicentín y la otra es Bunge. Sobre la primera, desde Comodoro Py el juez Julián Ercolini mandó al juzgado federal de Reconquista la investigación por el vaciamiento de la empresa y por el contrabando de Granos a Paraguay y se quedó con la parte de los créditos que le dio a la empresa el Banco Nación durante le macrismo. Respecto de Bunge, están bajo la lupa presuntas maniobras fraudulentas en la presentación de las declaraciones juradas de exportación. La causa la tuvo la jueza María Eugenia Capuchetti, que se declaró incompetente previo rechazar la querella, lo que fue apelado. La causa fue a parar al juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky.

Pero no son los únicos casos donde el organismo intenta impulsar las investigaciones. También lo hizo ante el juzgado federal de Corrientes, el de Oberá (Salta) y el de Reconquista (Santa Fe), a raíz de todas las incautaciones y secuestros de vehículos que se hicieron a lo largo del año pasado que revelarían contrabando de granos a través de esas provincias. Algo que llama la atención en la UIF es la reticencia de esos juzgados a enviar información por mail o teléfono para facilitar la intervención de esta dependencia. Tampoco le pidieron colaboración.

La gestión actual de la UIF dejó de atender exclusivamente los casos de corrupción –algo característico de la gestión anterior–, partiendo del concepto de que el mayor perjuicio económico-financiero producido por el lavado de dinero se vincula con el contrabando, la evasión y el narcotráfico, pero sólo un 5 % se liga a los delitos de corrupción, como ilícitos precedentes. 

Los delitos que se vinculan a las exportadoras de cereales repercuten, entre otras cosas, en el ingreso de divisas al país (el 60% de las divisas que ingresan provienen del complejo agroindustrial). Si no hay una liquidación y venta de granos dentro de la legalidad, si se sobrefactura o factura por debajo del precio de mercado, o se contrabandea o se instalan otras formas de venta ilegal, se fuerza una devaluación que termina impactando en los precios de productos básicos (pan, aceite, huevo, arroz, harina). Por supuesto que, menos tributos e ingresos, significan menos fondos para educación, salud, créditos y políticas públicas en general.

La gran atención se la lleva el llamado Corredor Litoral, que conecta a los países de la región (Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay). Luego están las vías terrestres y fluviales. Rutas que llegan a pasos fronterizos en especial en el norte del país y la hidrovía, por donde transitan los barcos con exportaciones. 

La UIF trabaja en convenio con el Ministerio de Seguridad y desde hace un tiempo reúne periódicamente a organismos claves en este tema: AFIP, Banco Central, Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).