Contra las políticas represivas y antiinmigrantes en Chile

Medio millar de inmigrantes se movilizaron este domingo por las calles de Santiago, en rechazo a las políticas antimigratorias del gobierno chileno. La protesta surge tras el fracaso del proceso de regularización de migrantes, presentado como una solución por las autoridades oficiales.

En la Plaza de Armas, pleno centro de Santiago, los manifestantes se reunieron para reclamar contra las duras condiciones que deben enfrentar los migrantes. Marcharon pacíficamente con banderas de Venezuela, Cuba y República Dominicana, además de sostener pancartas con leyendas tales como “Denunciamos políticas represivas y antimigrantes”, “No al cierre de fronteras” y “Aborta el racismo”.

“Protestamos contra las formas en que se están implementando las políticas migratorias, en particular a lo que se refiere a la regularización que se está llevando a cabo en el país”, aseguró el uruguayo Eduardo Cardoza, vocero del Movimiento Acción Migrante, una de las agrupaciones que convocaron al acto.

La masiva llegada de inmigrantes a Chile, que hasta 2018 superó el millón de personas, llevó al gobierno de Sebastián Piñera a implementar un proceso de regularización migratoria al cual se estimaba se debían inscribir unos 300 mil extranjeros. Cumplir con dicho proceso les permitiría trabajar y residir en territorio chileno.

Los manifestantes argumentan que las inscripciones llegaron apenas al 50 por ciento de lo esperado, debido a que la información sobre este proceso no fue masiva, que algunos de los documentos que se solicitan son prácticamente imposibles de obtener, y que el sistema informático que se usa para este fin colapsó en más de una ocasión.

La marcha tiene lugar en vísperas del cierre de dicho proceso de regulación, que en su segunda etapa incluirá sólo a los extranjeros que se registraron y deberán presentar antecedentes penales para aspirar a recibir la visa temporaria. Frente a este panorama, el gobierno chileno intentó poner paños fríos a la situación al anunciar la ampliación del plazo por 90 días más, hasta el 22 de octubre. Pero esto abarcaría a apenas 10 mil migrantes que aún esperan ser atendidos para regularizar sus visas.

Si bien la medida fue bien recibida por distintas organizaciones sociales, no resulta suficiente ya que los reclamos continúan frente a la expulsión de migrantes con familiares chilenos, así como la demora en la resolución de las solicitudes de refugio, el racismo institucional y la persecución a trabajadores migrantes.

“Demandamos políticas migratorias enfocadas en derechos humanos. No somos animales, no estamos aquí para hacerle mal a nadie, vinimos al país a ser una fuerza laboral”, afirmó la colombiana Claudia Álvarez. “Queremos dejar el mensaje de que hemos venido a residir a este país, pero queremos hacerlo de forma regular. Se establecieron restricciones y limitaciones para poder residir, por trámites burocráticos y requisitos que no se pueden cumplir. Todo esto es insuficiente. Se tiene que ampliar la cobertura”, expresó por su parte el dirigente de la Coordinadora Nacional de Migrantes, Rodolfo Noriega.

Para Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior de Chile, la prórroga del proceso de regulación es un hecho altamente positivo. “Es una ayuda fundamentalmente para las comunidades de Haití y de República Dominicana, que cuentan con un mayor número de migrantes residiendo en la nación de manera irregular”, sostuvo el funcionario.

En la vereda opuesta, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes calificó al proceso como un fracaso debido a que la cifra de quienes han regularizado su situación no alcanza ni a la mitad de lo previsto. Principalmente, afirman, por la alta cantidad de rechazados sin razones claras, a pesar de cumplir con los requisitos exigidos.