Consejo de la Magistratura: Las "perlitas" de la sesión 

Entre las ternas para 23 cargos de jueces y juezas de distintos fueros que votó el Consejo de la Magistratura, además del caso más conocido de la Cámara Federal porteña donde volverá Eduardo Farah y pronto se sumaría Roberto Boico, hay dos “perlitas” menos visibles y un escándalo. El organismo eligió candidatos/as para una vacante en la sala B de la Cámara Comercial, la que tiene el expediente del Correo. También se votaron nombres para tres cargos en la Cámara en lo Penal Económico, que si llega a salir la reforma judicial en el Congreso, pasarán a ser jueces de Comodoro Py. También se aprobó un concurso para la Cámara Civil y Comercial donde hubo serias denuncias por las vinculaciones de la candidata que quedó en el primer puesto con una de las juezas que integró el jurado, y porque hay sospechas de que algunos postulantes pudieron haber accedido al tema del examen con antelación.

El caso de la Cámara Civil y Comercial, el 413, fue denunciado hace tiempo por otras dos concursantes y hasta esta semana hubo presentaciones ante el Consejo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), donde pedía que no se resolviera el concurso sin antes analizar en detalle las impugnaciones. Pero el organismo hizo oídos sordos, porque fue parte del pacto entre oficialismo y oposición para destrabar la votación de ternas pendientes para distintos tribunales claves. 

Es un hecho que revela que el Consejo mantiene los mecanismos históricos de negociación política y corporativa. La última presentación de ACIJ recuerda que la denuncia presentada por Marisa Garsco y Natacha Gedwillo señalaba que una de las aspirantes, Florencia Nallar, trabaja en la misma sala de la Cámara que la jueza Graciela Medina, integrante del jurado. Medina fue recusada para el concurso, pero el organismo la rechazó. También se señaló la vinculación que la jueza tendría con otro concursante, Luis Crovi. A esto se sumó que el tema del examen versaba sobre un caso de otro fuero, el contencioso administrativo, que se correspondía con un fallo casualmente comentado por la jueza Medina en un artículo que los dos candidatos llevaron consigo, con genial puntería, el día del examen. La terna votada por 10 consejeros/as finalmente quedó: Nallar, Crovi y Luciano Cruz Savignano.

El concurso para la Sala B de la Cámara Comercial captaba, sigilosamente, la atención de ambos bloques en el Consejo. Allí tramita la causa del Correo, hace años con decisiones de solo dos juezas. Primero de la terna quedó Sebastián Sánchez Cannabó, pareja de María Caliza, quien trabajaba en la fiscalía de Boquín, la denunciante del acuerdo para licuar la deuda del Correo Argentino con el Estado, de los Macri, precisamente durante el gobierno de Cambiemos. 

La fiscala declaró que Sánchez Cannabó mismo la fue a ver en cierto momento de la causa para que su esposa fuera trasladada otra dependencia, algo que necesitaban en teoría para que no afectara su concurso (durante la época del gobierno macrista). Caliza terminó incluso participando de una denuncia por maltrato laboral contra Boquin en la Procuración, con quien tenía una relación de veinte años de trabajo. Segundo quedó Fernando D’Alessandro, que ahora subroga el juzgado que tiene el caso del Correo, y que viene dando respuestas favorables a la empresa en sus planteos. Tercera está María Guadalupe Vásquez, quien trabaja en Procuración y es respaldada por la fiscala Boquín. La candidata es nieta de Marta Vásquez, quien fuera presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora y falleció en 2017.

Para la Cámara del fuero Penal Económico hay tres ternas donde aparecen nombres conocidos: la primera la lidera Alejandro Catania, que ya es juez del fuero, le siguen Roberto Rocamora y Guillermo Villella. La segunda la encabeza Juan Pedro Galván Greenway, Pablo Turano y Rafael Caputo. La tercera: Javier López Biscayart, Esteban Murano y Patricia Mieres.

La mayor negociación entre oficialismo y oposición estuvo en dos cargos de la Cámara Laboral y el cargo controvertido en la Cámara Civil y Comercial. Sobre este último caso el presidente del Consejo, Alberto Lugones, le dijo a Página/12 que a raíz de la polémica que generaron ese y otros casos donde, por ejemplo, se repetían los jurados en distintos concursos, “reformamos el reglamento en base a una propuesta de Graciela Camaño, con el objeto evitar los sorteos acomodados y garantizar la igualdad y transparencia de los nuevos procesos de selección y terminar con esas malas prácticas”. 

Ahora, con las reglas vigentes desde este año, no puede ser jurado alguien que tenga vinculación laboral con un/a postulante. Los consejeros argumentan que las nuevas normas no se pueden aplicar retroactivamente y admitir ahora las impugnaciones.

El consejo asesor que nombró Alberto Fernádez para la reforma judicial propuso cambios en la composición del organismo y un intento de modificación de su lógica de funcionamiento. Habrá que ver si se convierte en proyecto de ley, o si todo sigue igual.