El Gobierno evalúa como una gran provocación la anunciada intención de la Corte Suprema de firmar antes de fin de año un fallo que declare la inconstitucionalidad de la composición actual de 13 miembros del Consejo de la Magistratura por considerarla carente de equilibrio, y saldrá al cruce con la presentación de un proyecto de ley propio para modificarla y elevarla a 17 integrantes.
La intención es vaciar (políticamente) de contenido o amortiguar los posibles efectos de la sentencia que los supremos tienen en plena elaboración, que podría anular la ley sancionada en 2006 por impulso de Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora y hacer que el Consejo vuelva a la composición original de 20 consejeros/as encabezado por el presidente del máximo tribunal, en este caso Horacio Rosatti. El esquema que planea postular el Poder Ejecutivo amplía la representación del estamento judicial pero no incluye a ningún cortesano en la presidencia.
La cuestión del equilibrio entre los sectores que componen el Consejo de la Magistratura es una discusión que viene de larga data. Es un organismo que genera fuertes intereses a su alrededor ya que es el encargado de elegir las ternas de jueces y juezas federales que se elevan al Poder Ejecutivo y puede promover la apertura de juicios políticos.
El primer formato que tuvo, cuando comenzó a funcionar en el año 1999, fue de 20 integrantes. En 2006 el Congreso aprobó la modificación que redujo la participación de la corporación judicial y quedó el esquema de 13, que es el actual, que fue impugnado judicialmente. En 2015 la Sala II de la Cámara en lo Contencioso administrativo declaró su inconstitucionalidad y el tema llegó a la Corte. La causa fue promovida por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo que apoyó golpes de Estado y que durante el gobierno de Mauricio Macri colaboró con la ofensiva contra jueces, juezas y fiscales que no eran del agrado de la gestión, e incluso contra la exprocuradora Alejandra Gils Carbó. El exjefe de gabinete, Marcos Peña, les pidió a los supremos en una audiencia en 2016 que no resolvieran nada porque el gobierno de Cambiemos propondría una reforma, que nunca se concretó.
Los supremos fueron tolerantes con el gobierno de Macri pero ahora cambiaron de tesitura y dejaron trascender su intención de resolver el expediente que tienen guardado desde hace cinco años. Por los menos tres de los miembros de la Corte –Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz– se disponen a declarar la inconstitucionalidad. Ricardo Lorenzetti podría estar en la misma línea, pero plantearía un desenlace distinto: exhortar al Congreso a que dicte una nueva ley. La mayoría analiza el regreso a la ley anterior con la composición de 20 integrantes, aunque no está claro si se haría de forma automática o se aplicaría a partir de agosto o septiembre del año que viene, cuando comience la renovación habitual de consejeros/as actuales que requiere todo un proceso en cada estamento. Ese período incierto podría generar un problema institucional. No está descartado, de todos modos, que en los próximos días se analicen nuevos caminos. La indicación a diputados y senadores para que modifiquen la ley actual, de hecho, podría ensamblar con la propuesta del Gobierno y evitar un escándalo político. Pero no cuadra con la idea de algunos supremos de que la Corte vuelva a poner un pie en el Consejo, ya sea a través del presidente o su vice.
* En la actualidad el Consejo tiene siete representantes políticos (seis legisladores/as y un delegado del Poder Ejecutivo, es decir, 53 por ciento), tres jueces/zas (23 por ciento), dos abogados/as (15 por ciento) y un académico/a (7 por ciento). Durante el gobierno de Cambiemos, el oficialismo tuvo una mayoría constante que lograba manejar las decisiones y fue parte de las maniobras para colonizar parte del sistema de justicia. Pero en ese período la Corte decidió dejarlo intacto. En la actualidad, el oficialismo no tiene mayoría garantizada y depende de las negociaciones permanentes. De hecho hay miradas puestas en el organismo porque están pendiente designaciones claves en la Cámara Federal y en tres juzgados de Comodoro Py, entre otras.
* El consejo original de 20 integrantes estaba conformado por ocho legisladores/as y un/a representante del Poder Ejecutivo (45 por ciento de la representación), cinco jueces/zas incluyendo al presidente de la Corte como titular del Consejo (25 por ciento), cuatro abogados/as (20 por ciento) y dos académicos/as (10 por ciento).
*El proyecto que planea enviar ahora el Ejecutivo está en sintonía con el análisis que hizo el Consejo Consultivo para la reforma judicial que había convocado Alberto Fernández. La propuesta prevé 17 consejeros/as: se mantienen seis legisladores/as y un/a representante del Poder Ejecutivo (41 por ciento), aumentan los jueces/zas a cuatro (23 por ciento), cuatro abogados/as (23 por ciento) y quedan dos académicos/as (11 por ciento). Sería el modelo con menos representación políica de todos. Está avalado tanto por el Presidente, como por Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Justicia, Martín Soria.
El exministro Germán Garavano había presentado un proyecto similar, de 16 miembros, con un académico menos, pero no tuvo discusión parlamentaria. Una característica de aquella idea era que pretendía relajar la mayoría de dos tercios actual, requerida para aprobar ternas y juicios políticos, y transformarla en mayoría absoluta. En 2013 se aprobó una reforma que llevaba el Consejo a 19 miembros, como parte del proceso de “democratización” de la justicia, pero la Corte la invalidó y no se pudo llevar a la práctica. Cuestionó la elección popular de consejeros que se planteaba.
La fecha tentativa de la sentencia suprema es el 16 diciembre, según confirmaron a este diario en el propio tribunal. Unos días antes, este martes 7 de diciembre, está prevista una reunión de la Corte con Soria, un encuentro institucional que estaba pendiente desde que éste asumió. Sobre el posible fallo el ministro dijo la semana pasada en Bahía Blanca: “No deja de llamar la atención que la Corte esté por sacar un fallo para declarar inconstitucional una ley sancionada en 2006. Se tomaron 16 años años para darse cuenta. Nos debería hacer ruido a todos los argentinos y las argentinas”. En el Consejo mismo, nadie exhibe demasiada preocupación por los posibles cambios. Están acostumbrados a armar y desarmar alianzas, incluso entre los estamentos políticos y judiciales y a pelear con la Corte por el manejo presupuestario.
El encuentro en el tribunal estaba previsto desde antes de que el Ejecutivo definiera el proyecto sobre el Consejo. La idea del gobierno, como es evidente, es anticiparse y poner de algún modo en absurdo el posible fallo, al mostrar que ya trabajaba en un proyecto y que en términos de equilibro, entienden, sería mejor que el regreso a modelo de 20 consejeros/as. Hay quienes, como apuesta de máxima, piensan en la posiblidad de que la Corte no dicte la sentencia en cuestión. Si hubiera una mirada constructiva sobe el tema desde el tribunal, también podría –en caso de sacar el fallo– hacer una alusión a la propuesta del Ejecutivo.
El escenario parlamentario tampoco es sencillo. Hasta ahora los proyectos sobre cuestiones judiciales del actual Gobierno (reforma judicial y del Ministerio Público y la Procuración) no pasaron la Cámara de Diputados. Para colmo esta semana asumen los nuevos diputados/as y senadores/as. En el Senado el oficialismo perderá el quórum propio. En Diputados se achica la brecha entre oficialismo y oposición. Lo interesante, como todos los sectores políticos tienen preocupación por obtener tajada en el Consejo de la Magistratura, tal vez en este caso –con optimismo– se consigan acuerdos políticos que en otros rubros eran impensados.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/387132-consejo-de-la-magistratura-el-proyecto-del-gobierno-versus-e
