Condenas máximas para la patota de la Triple A de Bahía Blanca

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a cuatro ex miembros de la Triple A por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1975. Juan Carlos Curzio, Héctor Angel Forcelli y Osvaldo Pallero fueron sentenciados a cumplir una pena de 10 años de cárcel por haber sido hallados culpables del delito de asociación ilícita. Para Raúl Roberto Aceituno, la condena fue a prisión perpetua: además de confirmar que integró la Triple A, el TOF lo halló responsable del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.

La decisión de los jueces Roberto Daniel Amábile, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido fue unánime y “absolutamente histórica”, evaluaron desde la regional local de Hijos, organismo cabeza de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en esa ciudad bonaerense y también querellante en el debate. Luego de considerar los crímenes evaluados durante el debate como delitos de lesa humanidad, los jueces informaron las condenas para Curzio, Forcelli, Pallero y Aceituno, quienes fueron parte de la patota paraestatal que, desde el área de “Seguridad y Vigilancia” de la Universidad Nacional del Sur, donde estaban contratados, amedrentaron, persiguieron y asesinaron militantes entre 1974 y 1975: la versión bahiense de la Triple A.

Esa época fue “una etapa de absoluto silenciamiento y terror que quedaba por fuera” del proceso de juzgamiento a los crímenes de la última dictadura cívico eclesiástica militar, apuntó la referente de Hijos, Alejandra Santucho. Por el hecho de la dificultad para investigar los crímenes de la patota, por “la trama de complicidades” que protegía y protegió hasta no hace mucho a sus integrantes y sobre todo por que los acusados, hoy condenados, “seguían hasta hoy dando vuelta por la ciudad, caminando como cualquier vecino libre, con sus trabajos, completamente insertados en la vida social”, a la militancia por los derechos humanos se les “hacía muy difícil imaginar que alguna vez llegaría el juicio, y mucho menos la sentencia que hubo hoy”, remarcó.

En marzo de 2020 el TOF de Bahía Blanca comenzó a juzgar a Curzio, Forcelli, Pallero y Aceituno, las únicas cuatro personas que, hasta entonces y hasta ahora, fueron identificadas como integrantes de la Triple A local que en Bahía Blanca respondía al diputado peronista Rodolfo Ponce, al interventor de la UNS, Remus Tetu y a su secretario técnico, César Lemos, y a los servicios de inteligencia.

Tras años de investigación, fueron los únicos cuatro que llegaron a juicio acusados de asociación ilícita, por su implicancia en el grupo paramilitar que en esa ciudad asesinó a 24 personas. En el marco del alegato de la Fiscalía –encabezada por la Unidad fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca–, el auxiliar Pablo Fermento denunció que esas muertes no se investigaron durante la instrucción. De ahí que no se haya logrado recabar prueba suficiente para identificar responsables, juzgarlos y condenarlos.

“No acusamos a ninguno directamente por esas muertes en la medida en que no podemos conocer quiénes intervinieron. Esos hechos siguen en instrucción, la investigación continúa”, señaló Fermento. Lo que deja este fallo condenatorio, en ese sentido, es “una gran base sobre la cual seguir trabajando”, mencionó. “Es un hecho que la Triple A en Bahía Blanca estuvo integrada por más personas que las que fueron reconocidas, identificadas y recordadas en este debate. Y el fallo ayuda a establecer  presupuestos básicos como es la existencia de la organziación y su funcionamiento como parte de una política estatal de lesa humanidad”. Esperarán a los fundamentos del fallo, que estarán en un plazo máximo de 40 días hábiles, para conocer más de las conclusiones a las que llegó el Tribunal. 

El otro imputado que tiene la causa Triple A bahiense es el ex camarista federal y ex agente de inteligencia Néstor Luis Montezanti, quien fue indagado en 2018 y procesado el año pasado como autor del delito de asociación ilícita por su vinculación con integrantes de la organización paraestatal Triple A e intimidación pública en el marco de su intervención en una toma de la facultad de Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional. El juez Walter López Da Silva entendió que el ex camarista mantenía relación, cuanto menos, con Tetu, Ponce y otros miembros jerárquicos del grupo. 

La Fiscalía, al igual que la querella de Hijos, solicitó las penas máximas previstas para los delitos por los que los acusados llegaron imputados: 10 años para Curzio, Forcelli, Pallero, en calidad de miembros de la asociación ilícita conocida como Triple A, y prisión perpetua para Aceituno: fue el único identificado como coautor del homicidio de “Watu” Cilleruelo, estudiante de la UNS y militante. El 3 de abril de 1975, en un pasillo de la UNS, la patota de “seguridad y vigilancia” contratados por Tetu asesinaron frente a decenas de estudiantes a David Cilleruelo, secretario de la Federación Universidad del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista. Aceituno fue el único integrante de esa patota que quedó vivo. Jorge Oscar Argibay, el autor directo, ya falleció.

El veredicto fue coincidente con los pedidos de las acusaciones. “Es que la prueba fue contundente en el juicio: tanto la documentación como los testimonios que no solo involucraron a los acusados sino que describieron la opresión, la represión, la persecución de aquella época. No cabía otra sentencia”, indicó Santucho.

El TOF de Bahía Blanca ordenó el envío del veredicto condenatorio a la UNS y a la UTN para que evalúen una serie de medidas reparatorias solicitadas por la Fiscalía en su alegato. Una es la anulación de las resoluciones con las que Tetu declaró cesantes a docentes, no docentes y estudiantes en esa casa de altos estudios. Otra es el otorgamiento del título Doctor Honoris Causa a Cilleruelo —homenaje que ya está en camino–. Y la tercera apunta a señalizar el predio universitario con indicaciones “instaladas en espacios de circulación” de gente que informen sobre “la puesta a disposición de instalaciones y recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados”, planteó el fallo.

En cuanto al pedido de las partes acusadoras para que los condenados cumplan encierro en cárcel común, el TOF fue ambiguo. Curzio, Forcelli y Pallero llegaron en libertad al debate oral y así lo transitaron: permanecieron tres años en prisión preventiva durante la instrucción de la causa, encierro que no fue renovado. Ahora, se volverá a determinar en dónde y por cuánto tiempo de manera efectiva cumplirán con su condena, que seguramente apelarán. Para Aceituno, el único que purga prisión domiciliaria, el TOF ordenó estudios médicos: transita un cáncer que muy probablemente le evite su traslado a un penal.