Página/12 en Honduras
Desde Tegucigalpa.
El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien gobernó el país entre 2014 y 2022, fue encontrado culpable en Estados Unidos de conspirar e importar 500 toneladas de cocaína al país que ahora lo juzga. Ya el 15 de febrero de 2022, a 19 días de haber cesado como presidente, Hernández había sido capturado en su residencia y el 21 de abril entregado en extradición a EE.UU..
Aún queda pendiente que la justicia determine cuántos años pasará preso, pero existe el precedente de su hermano, el ex diputado Juan Antonio “Tony” Hernández, condenado hace tres años a cadena perpetua más treinta años, misma pena que recibió Joaquín “El Chapo” Guzmán, el mexicano que lideró el cartel de Sinaloa y quien viajó personalmente a Honduras para aportar un millón de dólares a la campaña electoral que llevaría a Hernández a “ganar” su primera presidencia.
Las culpas de EE.UU.
Queda cada vez más en evidencia cómo, luego del Golpe de Estado que sufriera Manuel Zelaya Rosales en 2009, en Honduras las bandas narco penetraron la administración publica y cooptaron sus altas esferas para realizar todo tipo de actividades ilícitas, no solo la importación, producción y exportación de cocaína, sino un metódico saqueo a las arcas del Estado, llevando los índices de pobreza a casi el 70 por ciento y empujando a la gente a huir en caravanas migrantes hacia el norte. Hernández había obtenido su reelección después de que las autoridades judiciales se la hubiesen habilitado de manera ilegal en 2017 y ganó con fraude.
Uno de los testigos más relevantes en el juicio al ex mandatario fue Fabio Lobo –hijo de Porfirio “Pepe” Lobo, quien presidió Honduras entre 2010 y 2014–, detenido en 2015 por la DEA en Haití y condenado por conspirar para importar y distribuir cocaína en EE.UU. Lobo admitió haber financiado la campaña de 2013 de Hernández con casi medio millón de dólares, a cambio de protección para sus socios narcos. También acusó a su padre de haber recibido aportes, probablemente buscando reducir su condena a cambio de cooperación.
La fachada de justiciero
Resulta paradójico que Hernández haya querido caracterizar a sus ocho años gestión con las banderas del combate a la delincuencia y al narcotráfico, cuando lo que hizo fue atacar a los clanes rivales para terminar monopolizando el negocio, al punto de que Devis Leonel Rivera Maradiaga, ex líder del cartel de “Los Cachiros”, se entregara a la DEA para convertirse en informante, por miedo a ser asesinado por los nuevos capos.
Rivera Maradiaga testificó en contra del ex presidente y aceptó haberlo sobornado a través de su hermana Hilda Hernández –muerta en un supuesto accidente de helicóptero nunca investigado–, pero su participación más estelar fue cuando filmó con una cámara oculta un encuentro suyo con Juan Antonio Hernández, video clave que se usó para condenarlo en su momento.
Unas de las pruebas más contundentes presentadas a lo largo del juicio realizado en Nueva York fueron “las narcolibretas”, unas anotaciones confiscadas en 2018 con detalles de operaciones del narcotráfico y los nombres de “Tony” y Juan Orlando Hernández.
Magdaleno Meza, supuesto dueño de las libretas, fue asesinado mientras estaba detenido en una cárcel de máxima seguridad: le dieron veinte disparos y veintiún puñaladas, pocos días después de que declararan culpable a “Tony” en Nueva York. Oportunamente, se filtró el video de las cámaras de seguridad de la prisión. También mataron a la mujer de Meza, a su abogado y al director del centro penal.
La sombra del Chapo
Otro personaje clave que declaró fue Alexander Ardón Soriano, ex alcalde de El Paraíso, Copán, región fronteriza con Guatemala y por donde cruzaban la mercadería rumbo al norte. Ardón, quien en su juicio aceptó haber planificado 56 asesinatos, explicó que él fue el puente entre “El Chapo” Guzmán y Hernández, y cómo sobornó a congresistas de su departamento para beneficiar desde el Legislativo al entonces candidato.
Hernández pidió testificar en su juicio, en contra de lo que recomiendan los abogados. Y ante las preguntas de la fiscalía, admitió haberle pedido a Ardón que no buscara la reelección en su municipio ante los crecientes rumores de sus actividades. Pero dejó en evidencia que nunca lo hizo investigar, ni a él ni a su hermano, quien tampoco quiso continuar su carrera como diputado, algo extraordinario en estas tierras.
En el juicio faltaron varios testigos que podrían haber ampliado el mapa de cómo funcionó la red de narcotráfico que necesitó de la complicidad de cientos de actores y que se sostuvo con el asesinato de quienes sí investigaban, entorpecían las operaciones o sabían demasiado.
El testimonio más esperado era el de Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, ex Director de la Policía Nacional, proveniente también de Copán y nombrado en el cargo por propio Hernández. Bonilla fue también extraditado y se declaró culpable justo antes del juicio a su antiguo jefe, al que le siguió siendo leal más allá de comprometer su propia negociación con la justicia estadounidense.
En su alegato final, la fiscalía acusó a Hernández de ser “un narcotraficante a gran escala y de abusar de su poder para, como él mismo expresó –según los testigos– meterle la droga por las narices a los gringos”. Además le explicó al jurado que Juan Orlando extraditó a algunos narcos “para salvar su propio pellejo y enviar un mensaje: los que respondieran a él y no llamaran la atención, podrían seguir vendiendo droga”.
Acorralado, apeló a la teoría de la conspiración
El ex mandatario y sus abogados sostuvieron a lo largo del juicio su teoría de que todos los que declararon en su contra, en realidad fueron delincuentes perjudicados por sus efectivas políticas en el combate al narcotráfico y que solo buscaban venganza. Pero para el jurado de civiles estadounidenses pesó más su –como mínimo– poca voluntad de investigar todo lo que sucedía a su alrededor, siendo él presidente. Más bien lo encontraron culpable de conspiración para importar cocaína a EEUU, conspiración para el uso de armas de fuego y portación de dispositivos explosivos con el fin de exportar droga.
Ahora resta aguardar a que el magistrado Kevin Castel –quien también juzgó a “Tony”-– dictamine los años de la pena. Pero en todo el territorio de Honduras ya se celebra el resultado del “juicio del siglo” contra el ex presidente Juan Orlando Hernández, a quien, creyendo que la impunidad duraría para siempre, no le tembló el pulso para reprimir y asesinar a la población que por años se movilizó en las calles reclamando justicia y el regreso de la democracia.
Mientras tanto, el gobierno de la actual presidenta Xiomara Castro –compañera de Manuel Zelaya– llegó a la mitad de su gestión, tratando de rescatar al país de la tragedia heredada de los narcos. Contrarrestar años de corrupción e impunidad no será fácil, pero se ha trasparentado al Poder Judicial con el cambio de la Corte Suprema y con el nuevo Fiscal General, quién ya está desempolvando denuncias que nunca prosperaron.
Quizá en algún futuro, no sea necesario esperar a que EE.UU. extradite narcotraficantes que ellos mismos hayan ayudaron a crecer. Tal vez, puedan ser juzgados en Honduras, no sólo por exportar cocaína, sino por los crímenes cometidos en su propia tierra.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/719203-condenado-por-narco-el-expresidente-de-honduras
