¿Cómo impactará el cambio de gobierno de EE.UU. en Centroamérica?

Desde Tegucigalpa

Mientras se celebraban las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un huracán de categoría 4 impactaba de lleno en Nicaragua, Honduras y Guatemala, dejando millones de afectados, miles de desplazados y un número de muertos aún imposible de establecer.

Quienes no tenían el agua literalmente al cuello por las crecidas de los ríos o ya habían sido sepultados por el deslave de alguna montaña, miraban con un ojo los desastres que iba causando Eta a su paso, y con el otro, el desenlace de los comicios en el país del norte. Centroamérica es históricamente el patio trasero del imperio y la influencia se remonta desde la instalación de las bananeras, pasando por las bases militares y el actual flujo de migrantes y remesas.

Tanto demócratas como republicanos han tratado a la región con desprecio, pero nadie había llegado a los extremos de Donald Trump. Al día de hoy, todavía hay 545 niños inmigrantes cuyos padres fueron deportados sin los menores y no se están pudiendo localizar en su lugar de origen. La administración Barack Obama / Joe Biden podía jactarse de haberlos encarcelado en jaulas, pero no había llegado al extremo de separarlos y perderlos. De todas formas, todavía ostentan el récord de haber deportado más de 3 millones de personas en sus ocho años de gestión, dato del cual el nuevo presidente electo se distanció argumentando que en ese entonces solo era el vice.

Solo era vice, pero también durante ese período se dio el Golpe de Estado en Honduras en 2009, el primero en Latinoamérica durante el Siglo XXI. Cables filtrados demuestran el papel que tuvo Hillary Clinton como Secretaria de Estado para evitar que el expresidente Manuel Zelaya Rosales pudiera recuperar su cargo, a pesar de que el embajador estadounidense en Tegucigalpa hubiera enviado un comunicado diplomático a Washington confirmando que sí había sido golpe.

La embajada volvió a tener un rol preponderante a finales de 2017, esta vez bajo la administración de Trump, al validar la reelección señalada como inconstitucional del actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández (JOH), después de que la propia Organización de Estados Americanos (OEA) pidiera que se realizaran nuevamente los comicios, consecuencia de las graves denuncias de fraude. El día del recuento y cuando la tendencia ya se consideraba irreversible, se cayó sistema, volviendo a funcionar recién dos días más tarde y cambiando la curva a favor de JOH.

Vale recordar que la excusa con la cual los militares quitaron a Mel Zelaya de su puesto, fue que -según los golpistas- él pretendía reformar la Constitución para reelegirse, acción prohibida por la carta magna. Ninguna autoridad blandeó ese argumento ocho años después para evitar un segundo mandato del actual presidente, ni siquiera cuando la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció 22 asesinatos por balas militares durante los disturbios que sucedieron en diciembre de 2017 a causa del evidente fraude.

Menos de un año más tarde, partía desde San Pedro Sula la primera caravana migrante, nueva modalidad para tratar de cruzar el Río Bravo con la seguridad que implica viajar en grupo con gente de tu zona y sin tener que pagarle a un coyote los miles de dólares que cobra por sus servicios. Ya no se irían los padres de familia, sino familias enteras en busca de un mejor futuro, aunque sin ninguna certeza, con niños pequeños siendo cargados en brazos o en cochecitos.

Varias caravanas se vieron frustradas ante la política de cero tolerancia que por presión del norte implementó el gobierno mexicano, sin importar el cambio de gestión entre el ex presidente Enrique Peña Nieto y el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, quien en su campaña había prometido una visa para centroamericanos que nunca lanzó.

Los que sí podían sortear el territorio de Villa y Zapata, eran detenidos y deportados por la policía fronteriza estadounidense o frenados por el muro del que Trump tanto se jactó durante la campaña de 2016, aunque tampoco haya construido todo lo que había prometido, al punto de convertirse en una bandera electoral nuevamente.

Si Biden cumple su compromiso de relajar la política represiva y legalizar a los once millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, se avecina otra temporada de caravanas migrantes. Hace poco más de un mes y solo dos semanas después de que se reabriera la frontera guatemalteca posterior a la crisis por covid-19, tres mil hondureños se lanzaron en una nueva caminata grupal rumbo a Estados Unidos, a pesar de ser el país con más contagios y muertes en el planeta. Aunque esa vez no llegaron ni a México, producto del actuar de las autoridades chapinas, que cumpliendo las órdenes recibidas, disuadieron a los necesitados de avanzar.

Con la nueva tragedia humanitaria causada por el paso destructivo del huracán Eta, cuyos daños reales aún están por cuantificarse, se le agrega un nuevo ingrediente al explosivo cóctel pandémico, gracias al cual un montón de centroamericanos perdieron sus trabajos -sobretodo informales-, en una región llena de violencia e impunidad, y donde los niveles de pobreza superaban el 60% antes de crisis sanitaria mundial. Paradojas del trópico, tierra de abundante sol y agua donde semilla que se siembra, crece.

El faro del sueño americano para escapar de la pesadilla local siempre llama la atención y hasta pareciera que los gobiernos locales fomentaran la salida de migrantes para que en un mediano plazo envíen dólares de regreso. Se calcula que las remesas representan el 20% del Producto Bruto Interno de Honduras y que aproximadamente viven en Estados Unidos unos 3 millones de salvadoreños, un 25% de su población total.

La dependencia económica y militar de los gobiernos del llamado triángulo norte de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Honduras– es tan grande, que en su necesidad de quedar bien, han aceptado las imposiciones más absurdas. Guatemala y Honduras fueron los únicos países de todo el continente junto a Estados Unidos -solo 9 de 193 a nivel mundial-, en votar en contra de la resolución de las Naciones Unidas que criticaba el traslado de las embajadas a Jerusalén fomentado por Trump. Lo surrealista es que la diplomática hondureña que emitió el sufragio, es de descendencia palestina.

“Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, dicen que dijo el militar mexicano Porfirio Díaz, quien se aferró al poder por más de tres décadas. Pero la frase podría expandirse a toda la región, que más allá del péndulo entre republicanos y demócratas, siempre vivió bajo el control norteamericano.

Desde el Golpe organizado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) al presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954 por sus tintes nacionalistas, la operación Irán-Contra con la que se trató de derrotar al sandinismo en Nicaragua, las ayudas a los militares salvadoreños que combatían al Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN), la invasión a Panamá para derrocar a su ex socio Manuel Noriega, o el sostenimiento ilegal en la presidencia de un “narcotraficante a gran escala” como es hondureño Juan Orlando Hernández, según palabras de un fiscal de Nueva York.